Tren parlamentario

Respiraba por la herida. Ya. Ya. Y, como el toro que ha sido alcanzado con la pica, se revolvía sobre sí mismo, y entonces expresaba su furia con un bramido que no tenía otra intención que hacer retemblar los dinteles del Congreso General.

Era el Partido Revolucionario Institucional que, a dos días de los sucesos de Guerrero, sentencioso, anunciaba que promoverá cambios legislativos para que el Presidente de la República ya no pueda manipular a las instituciones en tiempos electorales para beneficio de su partido político. Y para que ahora sí se cumpla en México la rendición de cuentas.

En voz de la diputada Diva Hadamira Gastélum Bajo, un PRI rotundo y meco se apareció y dijo en la tribuna de San Lázaro: “Nuestras comisiones (ordinarias de la Cámara de Diputados) que han trabajado en los temas político-electorales, requieren un nuevo acercamiento de manera inmediata para que, con sentido práctico, se adopten medidas que eviten el transfuguismo y las intervenciones abusivas del Ejecutivo, que se ha convertido en el dirigente de su partido para mantener el poder a costa de lo que sea”.

Siendo el primer día del periodo ordinario que ha comenzado, hablaban, por supuesto, de sus respectivas agendas legislativas; pero el eco inextinguible de lo que aconteció el domingo en Guerrero taladraba al PRI. Y extendía éste, una y otra vez, el acuse de recibo.

Por la mañana, en el pasillerío, el también diputado federal priista, Humberto Benítez Treviño, hubo dicho, a propósito de la golpiza que, por aquellos caminos del Sur, le acaban de acomodar al PRI: “Lo que puede hacer una persona que es difamada es ir a presentar una denuncia en contra del procurador general de la República y de los agentes del Ministerio Público, por estar violentando la Ley Orgánica de la Procuraduría, que específicamente establece en el Artículo 63 como causa de responsabilidad la violación de secrecía de la averiguación previa”.

Y volvía a restregar Benítez: “El hecho de que un periódico como 'Reforma' diga que tiene copia de la declaración de un testigo protegido, es una clara violación a la Ley Orgánica de la Procuraduría (PGR) y al Código Federal de Procedimientos Penales”.

La filtración que alguien, desde las alcantarillas de la PGR, hizo al diario “Reforma”, el jueves de la semana pasada, a tres días de los comicios de Guerrero, seguía supurando veneno. Y el PRI, muy enojado todavía, no hablaba de otra cosa que legislar para endurecer penas; porque, remachaba Benítez, “aseguramos que están utilizando (a la Procuraduría General de la República) como herramienta política de golpeteo”.

Los siete grupos parlamentarios se posicionaron, leyendo con avidez en la tribuna lo que han juzgado como conveniente para el país legislar en el recién iniciado segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de la LXI Legislatura.

Pero la expectación la provocaba el PRI, por lo que le acaba de suceder en Guerrero; por la fuerza que tiene en San Lázaro: 238 diputados; o, para ser más precisos, 260 si se le agregan los 22 del PVEM, que desde la LVII Legislatura asumió orondo su condición de rémora del priismo. Y por lo que ha estado diciendo todos estos meses, de que lleva tranco de caballo de carreras hacia 2012.

“Evidentemente”, sentenciaba Diva Hadamira cuando el posicionamiento, “tenemos que iniciar con la revisión del gasto público. Es imposible pedirles a los ciudadanos mayores aportaciones impositivas si no hay una absoluta rendición de cuentas transparente y productiva. Hoy el gasto del Gobierno lamentablemente ni es transparente ni es productivo, y el Ejecutivo falla y culpa a otros”.

Los demás, incluyendo el PAN y el PRD, se dedicaron a proponer reformas que han estado en lista de espera desde hace años, como la laboral, como la hacendaria… a sabiendas de que muchas de aquéllas no pasarán si el PRI y el PVEM no quieren.