Tren parlamentario

Con los números, en este sexenio, ha podido hacerse la radiografía de una República agobiada por el cáncer de la impunidad, la corrupción y la violencia. Treinta mil 400  ejecuciones en lo que va de la actual gestión, de los cuales sólo 15 mil 273 sucedieron en 2010 (50 por ciento).

Y en lo que va de este enero, casi 550 personas (unas 24 por día) más han sido asesinadas en el marco de una confrontación en la que lo mismo caen delincuentes por racimos que policías, soldados, presidentes municipales, candidatos a gobernadores.

Y también niños, niñas, mujeres, hombres y ancianos que han dado en definir las autoridades más altas del país como el factor inevitable en toda guerra: el de los efectos “colaterales”.

Es muy probable que los días de indefinición e incertidumbre actuales del Estado mexicano sólo puedan compararse con los tiempos en que el país sufrió las invasiones estadounidense y francesa, en el siglo 19.

Verbigracia: en los años del Gobierno itinerante de don Benito Juárez, el Estado mexicano se había fragmentado y sus caminos estaban plagados de gente armada: los soldados mexicanos enfrentaban a los soldados franceses, y entonces barbotaron infinidad de gavillas que aprovechaban el vacío de la autoridad para apropiarse de vidas, honras y pueblos enteros.

Entonces  Juárez, mediante un decreto,  arengó a los pueblos y ciudades a organizarse para que se defendieran con el uso de las armas, porque el Ejército mexicano muy ocupado estaba en confrontar a los franceses.

Es un pasaje de la historia de México que, por cierto, retrata con gran claridad el maestro Ignacio Manuel Altamirano en su novela “El Zarco”.

Desde entonces no se había escuchado con tanta insistencia, dentro y fuera del país, la versión de que el Estado mexicano está en aprietos graves, porque sus instituciones fundamentales  han sido socavadas por el crimen organizado –mediante la corrupción y el miedo- y no puede, por lo tanto, enfrentar a éste con solidez y contundencia.

Voces diversas han insistido en tildar al Presidente de la República de torpe y necio, por haber iniciado una confrontación sin antes  definir una estrategia que acometiera primero las raíces, las causas.

Y, con el Ejército en la calle, se dedicó a perseguir a la hidra sin acometer el corazón de ésta. Resultado: le han retoñado cabezas por doquier y parece tener la fortaleza del árbol podado.  

Por estos días también  se le criticó al Ejecutivo Federal que no se haya puesto a insuflar primero la renovación y fortalecimiento del Poder Judicial. Un poder adocenado, como de hecho también lo es el Poder Legislativo, que rara es la ocasión en que puede escapar de su triste condición de comparsa del Ejecutivo federal.

El Congreso mexicano podría  jugar un papel más protagónico, si lo quisiera, en situaciones como la que el país vive actualmente, en materia de seguridad pública y seguridad nacional.  

No hace mucho, por ejemplo, el 17 de julio de 1992, el Parlamento Latinoamericano creó la Comisión de Defensa y Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado.  

Y un propósito fundamental consistió en  inspirar a todos sus congresos y parlamentos miembros (23, entre ellos el Congreso mexicano)  a que constituyeran una Comisión del Narcotráfico, ya sea ordinaria o especial.

Desde entonces, más de 10 congresos y parlamentos latinoamericanos se han sumado a la invitación del Parlatino, y uno de los que han soslayado la sugerencia es el Congreso de la Unión.  

¿Por qué no existe una comisión de este tipo en la Cámara de Diputados ni en la de Senadores?  Es una pregunta que ya la hicieron diputados desde la LVIII Legislatura, pero el silencio ha sido la respuesta.

Han optado los legisladores por mirar de soslayo, muy probablemente porque la institución se pondría en la mira de quienes no han podido ser sacados de su atrincheramiento en la oscuridad.  

Pero también así han contribuido los legisladores con que el Estado se debilite cada día más.