Tren parlamentario

La visión anaranjada de San Martín Texmelucan, Puebla, se apareció ayer en San Lázaro  aupada sobre ese carromato de muerte y tragedia, que ha ido y venido por los caminos, llanos, pueblos y ciudades del México del actual sexenio. Y, con sus 30 muertos, 50 heridos, 140 casas destruidas y sus calles todavía derretidas y dolientes,  se puso a preguntar en voz de la Comisión Permanente por qué su población se topó el 19 de diciembre con esa cortina de fuego. Y entonces el vacío de la negada respuesta golpeaba las sienes de priistas, petistas y perredistas.

“Quiero que me conteste para que lo entiendan todos los mexicanos”, saeteaba el priista de Jalisco, Arturo Zamora Jiménez, sobre el lomo encallecido de un director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel,  quien ha optado por responder lo que quiere, como quiere y cuando quiere.  

Y le preguntaba una, dos, tres veces: “¿Cuál fue la causa del incendio?, ¿cuál es el monto de los daños causados a Pemex con motivo de la extracción de combustibles a través de esas tomas clandestinas?”, y “¿por qué la paraestatal no insistió a la Secretaría de Hacienda la partida de los 14 millones de pesos que el Congreso destinó en 2010 para la supervisión de ductos y poliductos, con el propósito de anular las tomas clandestinas?”

Jueves 13. Enero de 2011. Comparecía Suárez Coppel ante diputados y senadores de la Tercera Comisión de Trabajo de la Permanente, para que explicara pormenorizadamente por qué __ayer lo decía a medias__ se incendió un ducto que trasladaba crudo a la altura de San Martín Texmelucan, Puebla.  
A medias, porque sólo corroboró lo que, extraoficialmente, ya se sabía: que había sido un incendio, y no explosión, presumiblemente provocada –la indagatoria judicial continúa- por  gente desconocida que pretendía abrir una toma clandestina, fallida evidentemente.  

Un dato cascabeleaba en la comparecencia, en busca de que lo confirmara Suárez Coppel. Pero Suárez no lo hacía. El dato de los 20 mil millones de pesos que –según diputados del PRI- habrían sido el monto de lo que criminales se robaron en 2010, “mamándole” a los ductos y poliductos (60 mil kilómetros en todo el país) crudo, diesel y gasolinas.

El crudo robado, según Suárez Coppel, iría para ladrilleras y calderas, aunque no han faltado diputados que sugieran que mucho de ese petróleo ha terminado en refinerías de Estados Unidos, lo que ya implicaría la existencia de una poderosa red de contubernios entre bandidos y autoridades municipales, estatales y, fundamentalmente, federales.  

Que por escrito, al final dijo Suárez Coppel que va a contestar las preguntas que ayer no respondió.  Pero, queriendo o no, dejó datos como los siguientes: en 2009 sólo había 436 tomas clandestinas, pero en 2010 el número ascendió a 712, de las cuales sólo en San Martín Texmelucan se detectaron 140.
Suárez Coppel calculó que el robo de hidrocarburos “ha sido de .8% de las ventas de petrolíferos y .4% de la producción de crudo”.  

Los números del tecnócrata sonaban, sin embargo, a mentada de madre.  ¿Por qué no decir el número llano, exacto y sencillo?  “Para que lo entiendan todos los mexicanos”, por eso le restregó el jalisciense Zamora esta frase. Zamora y la perredista Esthela Damián entonces calcularon lo de los 20 mil millones de pesos, que no retomó Suárez.  

El compareciente  de Pemex dijo: 69% de las tomas clandestinas se concentran en seis estados: Veracruz, Sinaloa, México, Nuevo León, Tamaulipas y Puebla.  

Esthela Damián  reiteraba la pregunta aquella que más causó expectación: “Tengo conocimiento de que en el año 2010 el presupuesto de Pemex incluía un fondo para combatir tomas clandestinas y el robo de combustible, pero la Secretaría de Hacienda lo borró a petición de Pemex. Quiero saber si esto es real y a qué se debió la decisión”.

Un funcionario, perito, de Pemex apuntalaba a Suárez Coppel. Y fue aquel quien decía –a manera de hipótesis-  que en San Martín Texmelucan, el 19 de diciembre,  llegaron los delincuentes, por pausas: primero, quienes abrieron la zanja; después, los que hicieron la perforación, pero éstos no supieron cuál era la presión en el ducto, y el ducto se empezó a hinchar.

 Tuvieron entonces tiempo de retirarse y alejar todo instrumento, vehículo y herramienta. Y correr. “Recordemos que son ladrones y que tienen un modo particular de operar. No son una cuadrilla de trabajadores de Pemex que lleven sus señalamientos”.

Esto último lo decía en respuesta a quienes les preguntaban por qué los vecinos no habían visto nada anormal, en los prolegómenos del siniestro.  

Y entonces el director Suárez reforzaba diciendo que los ladrones de crudo y combustibles son gente que “combina tecnologías”.

Una de las preguntas, precisamente, que no respondió y que, en cambio, dijo que  contestará por escrito, fue la de los pormenores sobre el proceso de investigación judicial que se le sigue a más de 60 trabajadores de Pemex.  

Acción Nacional estuvo allí, apuntalando el posicionamiento de Suárez Coppel. Pidió al Congreso, a través de la diputada Minerva Hernández Ramos,  que “le metan más billete a la cultura de la prevención”. Y tildó de “hipócritas” a quienes critican pero no hacen nada por aportar más recursos, económicos y legislativos. Esto, porque también llamó a modificar leyes para –decía- fortalecer el trabajo del Ejecutivo en la persecución de estos delitos.

Zamora Jiménez salió al paso, diciendo que  hay leyes con los que podría combatir el Gobierno a estos delincuentes.  Una de ellas, la que considera el delito de sabotaje, que extrañamente no ha sido utilizada.  

Otro priista, Sebastián Lerdo de Tejada, entonces urgió a “revisar la infraestructura (de Pemex) que hay en todo el país”. Y preguntó qué pasa con la refinería de Hidalgo, cuya construcción no comienza. Y pedía a Suárez “una reunión puntual para conocer respuestas concretas a estas interrogantes”.

Fue cuando Suárez, ya para irse,  decía que la refinería de Tula “está en tiempo”. Y que contestará por escrito las preguntas que no contestó ayer.