Tren parlamentario

El 16 de diciembre pasado, en la región istmeña de Oaxaca conocida como Chahuites, un grupo de 10 sujetos armados secuestró a más de 40 migrantes centroamericanos, que desde entonces no aparecen.  Un valiente pastor de la Iglesia católica, el sacerdote Alejandro Solalinde, fue quien denunció aquel hecho infame, a pesar de que, a su cabeza, voces criminales ya le pusieron precio.

Ayer, 26 días después de aquel rapto, el Congreso de la Unión  se ha hecho presente y ha llamado a que informen sobre el caso, a los titulares de las subsecretarías de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; del Instituto Nacional de Migración y al secretario general del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El Congreso de la Unión se ha expresado sobre el tema a través de la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente. La misma que, en tiempos de receso legislativo, trata los asuntos de la gobernación, la justicia y la constitucionalidad.  Ante senadores y diputados federales que la conforman deberá comparecer la semana próxima –en día por precisar, aquella tríada de funcionarios.  

Este mismo martes 11, por cierto, el sacerdote Solalinde  echó más lumbre al bracero, cuando, en conferencia desde Oaxaca, culpó de manera directa al secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna,  de saber más de lo que admite en el caso de los secuestros de migrantes extranjeros. Y afirmó el pastor que el incremento en el número de raptos de centroamericanos ha coincidido con la estadía de García Luna en la titularidad de SSP. Y un dato más: Veracruz, dijo, es la Entidad donde más ocurren, “porque de allí son los delincuentes.”

Los senadores y diputados tienen material de sobra para las preguntas. Verbigracia: ¿Por qué en el Gobierno afirman que las cifras de migrantes secuestrados, que dio a conocer desde hace veintitantos días la Comisión Nacional de Derechos Humanos (20 mil secuestrados en 2010), son exageradas? ¿Por qué, como ha dicho el señor Solalinde, no se ve el trabajo de Genaro García Luna en el combate de ese delito que tanto ha afectado a guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y a ciudadanos también de países suramericanos en su tránsito hacia los Estados Unidos?

La comparecencia de los tres funcionarios aquellos tiene como propósito que informen a detalle –ha dicho el presidente de la Primera Comisión, diputado priísta Heliodoro Díaz Escárraga- “sobre las acciones implementadas por el Gobierno federal en la protección de los derechos humanos de los migrantes extranjeros que transitan por territorio nacional y para prevenir la comisión de delitos en contra de éstos”.

La Tercera Comisión de Trabajo de la Permanente, a su vez, ha informado que citó al director general de Petróleos Mexicanos a comparecer este jueves 13, para que explique “sobre los hechos acontecidos en San Martín Texmelucan, Puebla”, la mañana del domingo 19 de diciembre, cuando ductos de la paraestatal estallaron, matando a 30 personas.  

En los dos casos, el de Chahuites  y San Martín Texmelucan,  el común denominador es la impunidad con que se pasea la delincuencia organizada por donde quiere y cuando quiere, en casi todo el país.  

En Chahuites,  Oaxaca,  está abierto un hoyo negro, adonde el Estado mexicano de plano no está.  Y la delincuencia que sentó sus reales allí, así como en toda la franja del Sureste que utilizan los migrantes del centro y sur del continente en su tránsito hacia los Estados Unidos,  no tienen más oposición que  la de algunos hombres y mujeres que, sostenidos en la fe, han hecho del miedo natural a ser asesinados su principal fortaleza.

Lo mismo ha sucedido con los robos a Pemex, en la que es previsible que el contubernio entre criminales y autoridades también esté jugando su papel toral. ¿Adónde se fue el Estado mexicano? O, visto de esta manera también: ¿adónde se quedó el Estado de Derecho? Veremos si los diputados y senadores pueden saberlo durante las comparecencias de aquéllos.