Tren parlamentario

Las ejecuciones no se detienen ni en 25 de diciembre. En Torreón han matado este sábado a tres; en Guerrero, a un policía, en Nayarit, a tres más, y en Oaxaca se ha sabido del asesinato de un líder, el de Antorcha Campesina, así como del secuestro, otro, de más de 170 migrantes, la mayoría presumiblemente centroamericanos.

Un recuento similar puede hacerse el día 24, como muy probablemente tenga que hacerse hoy, lunes 27, y mañana y pasado. Sí hay, paradójicamente, una certidumbre en el país: la de la impunidad imparable.

En Oaxaca, otra vez los denunciantes del nuevo secuestro son sacerdotes de la Iglesia Católica, luego de que en la hora del secuestro ha podido escapar una de las víctimas, en cuya declaración ante la autoridad ha dicho que en su huída por los matorrales alcanzó a escuchar gritos de dolor y espanto de mujeres y niños. Y, después, la risa burlona de un policía cuando a éste le pedía auxilio.
 
¿Adónde se fue el Gobierno?, es una pregunta reiterada que, desde el sentido común, todo el mundo estará haciéndose. ¿Dónde está la Policía Federal Preventiva, el Ejército, la Marina, los policías estatales, que no van y taponan la herida sangrante en esa esquina del país?

Los tres poderes de la Unión, más los autónomos (en este caso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos), tienen obligaciones que los harían converger en situaciones como ésta de los raptos de los migrantes.

El Ejecutivo tiene la obligación de hacer valer el papel coercitivo de la ley. No lo hace, evidentemente, porque la gente que controla las instituciones encargadas de la seguridad pública está en punto de podredumbre O tienen miedo, o son cómplices o son incapaces. La tríada de posibilidades es como un fuelle que resopla permanentemente sobre la impunidad, como cuando se insufla aire a la hulla hasta que se consume.

El Congreso de la Unión está obligado, a su vez, a revisar siempre las leyes, para acercarlas a la realidad lo más que se pueda. No lo hace, sin embargo, porque el dínamo que mueve los procesos legislativos no son las técnicas legislativas, como tendría que ser, sino las decisiones políticas. Y las decisiones políticas muchas veces están subordinadas al interés de los grupos político-económicos que gobiernan a los partidos políticos.

Verbigracia: en esto de las normas dedicadas a combatir la inseguridad pública desbordada, el partido en el Gobierno quiere, a ultranza, que la oposición piense como el Presidente de la República, en el sentido de que es mediante el endurecimiento de las penas como podría teóricamente frenarse a la delincuencia.

En la oposición hay más de dos modos de mirar soluciones para este problema manifestada en matazones diarias y secuestros: un sector de la oposición juzga que las penas deben endurecerse más allá del respeto de la vida por parte del Estado mexicano: quieren incluso la instauración de la pena de muerte para secuestradores y criminales.

Otro sector de la oposición afirma que mucha de esa delincuencia se detendría si el Estado mexicano modifica paradigmas económicos que actualmente rigen al país, y si las instituciones comienzan a ser coordinadas por gente humanizada, recta, honesta. Y no ha faltado quien jure que si el país caminara hacia el cristianismo entonces sus problemas dejarían de serlo. Hablaban del cristianismo visto éste más allá de las religiones.

Ya veremos qué sucederá en 2011. Este reportero desea a todos un año bueno. Gracias.