Tren parlamentario

La cifra es abrumadora por el lado que se le quiera ver. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha revelado que en sus archivos consta el registro de que, en tan sólo los primeros seis meses de 2010, sucedieron en México más de 10 mil secuestros de personas que iban en tránsito hacia los Estados Unidos, provenientes de distintos países de América Latina.

Fernando Batista, el funcionario de la CNDH responsable de la atención a migrantes, ha afirmado lo anterior. Y también supone que el total de este tipo de secuestros en el año será, evidentemente, de más de 20 mil.

El dato impacta porque justo ahora el Gobierno mexicano se ha trenzado en una feria de reclamos con los gobiernos de El Salvador, Honduras y Guatemala, países a los cuales pertenecen las 41 personas que –de acuerdo a denuncia judicial de por medio-  fueron secuestradas en Oaxaca, el pasado 16 de este mes, por un grupo armado presumiblemente perteneciente a una banda del narcotráfico.

Tal información, que trascendió por medio de la agencia francesa de noticias AFP,  fue apuntalada con un dato más: en 2008, la CNDH “documentó nueve mil 758 secuestros, mayoritariamente de centroamericanos, perpetrados entre septiembre de 2008 y febrero de 2009”.

Y todavía Batista declaraba: “Las cifras son importantes, pero lo que visualizan es que el problema sigue latente. Que lejos de que se hayan tomado acciones para prevenir y procurar justicia, se advierte lo contrario”.

Este jueves 23, un día después del airado reclamo de los tres países aquellos, el Gobierno mexicano respondió con un “rechazo categórico” a la duda de los gobiernos centroamericanos en el sentido de que esté actuando con determinación para evitar los raptos.

Incluso, a través de la Cancillería, México dijo: “El compromiso del Gobierno mexicano para enfrentar al crimen organizado trasnacional es ampliamente conocido y reconocido a nivel internacional. En esta tarea el Estado mexicano ha destinado todos los recursos a su alcance. Y, por ello, el Gobierno de México rechaza categóricamente cualquier aseveración que ponga en duda la determinación con la cual ha asumido esta lucha”.

Este dato de los más de 10 mil extranjeros secuestrados en México, en los primeros seis meses de 2010, es de presumir que se adelantó a la luz unos días, porque, en los primeros días de enero tendría que estar figurando en el informe mensual que al Congreso de la Unión debe rendir el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia.

Desde su creación en 1990, la CNDH ha tenido un gran peso político, por la información que consigue y después maneja. Pero nació con facultades limitadas. Sólo puede hacer recomendaciones. Hace unos días, cuando casi concluía el primer periodo de sesiones, la Cámara de Diputados aprobó reformas legales que elevaron a rango constitucional la defensa de los derechos humanos en México.

Allí, se establecieron, entre varias nuevas modalidades jurídicas, facultades a la CNDH para que ésta investigue en caso de violación grave de las garantías individuales. Una facultad transferida de las que acumula la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En realidad estos cambios jurídicos no cuajan todavía, porque falta que el Senado las refrende; como después la avalen la mayoría de los Congresos locales, para que después el titular del Ejecutivo orden sea publicada en el Diario Oficial de la Federación, y entonces entre en vigor.

Cuando esto ocurra, sin duda la CNDH tendrá ante sí un reto mayúsculo: investigar violaciones gravísimas de los derechos humanos como lo son el rapto de extranjeros que van en tránsito por territorio nacional. Un río de complicidades entonces podría estar barbotando, porque es evidente que un grupo armado de facinerosos no podrían actuar con tanta impunidad si no hubiera, en rededor suyo, autoridades que les ayudan y se benefician de ello.