Tren parlamentario

Los 29 muertos que ha provocado  el estallido de un ducto de Petróleos Mexicanos en San Martín Texmelucan, Puebla, no es para el vicecoordinador del PAN en San Lázaro, Carlos Alberto Pérez Cuevas, motivo suficiente para pedir la renuncia al director general de la paraestatal, Juan José Suárez Coppel, porque —ha dicho el legislador— “no resolvería nada ni le devolvería la vida a nadie”. Pero además, insistió, el hecho de que renunciara sería “una propuesta inmediatista”.

Muy a la defensiva, sin argumentos y muy cínico se miraba ayer Acción Nacional ante ese hecho infausto, terrible, que acaeció el domingo en el Estado de Puebla.

Por la mañana, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en voz del diputado Arturo Zamora Jiménez, había exigido la renuncia de Suárez Coppel.

Zamora, en marzo pasado, denunció que había en todo el país más de 550 tomas clandestinas de gasolina. Y él mismo dijo que en Yucatán había 300 tomas ilegales de combustible cuando no había más de 150 gasolineras.

“Esto que ha sucedido en Puebla es muy lamentable”, expresó el diputado federal por Jalisco luego de que evocara aquel punto de acuerdo que desde entonces quedó en los archivos de las comisiones, sin ser dictaminado.

No fue todo lo que dijo Zamora. “También quiero informarles”, denunciaba el jalisciense, “que la explosión no es de un poliducto, es de un ducto, y en los ductos que tiene Petróleos Mexicanos lo que se transporta es crudo; luego entonces, si lo que estaban extrayendo, en la hipótesis de que era una extracción, lo que estaban extrayendo ahí pues se trata de crudo”.

Apostillaba entonces Zamora: “En nuestro país tenemos seis refinerías, que las controla Petróleos Mexicanos, y si estaban extrayendo crudo, pues la única hipótesis es que este crudo lo están llevando al extranjero. Y para llevar este producto al extranjero, seguramente que bastantes autoridades de carácter federal están implicadas en una situación de contrabando de crudo hacia el exterior”.
Y argumentaba Zamora que “hay varias demandas en contra de empresas refinadoras por recibir de particulares crudo en Estados Unidos”.

A propósito de la penalización de la “ordeña” de ductos, en diciembre de 2009 la Cámara de Diputados reformó el Código Penal Federal para que se considerara un delito grave el robo en ductos de Pemex.
Fue una reforma que se originó en el Senado en 2008, cuando tres senadores, entre ellos el zacatecano Tomás Torres Mercado, proponían al Congreso que se endurecieran las penas contra los “malandros chupeteadores” de petróleo y gasolinas, a través de poliductos y ductos.

Los diputados la aprobaron el 10 de diciembre de 2009. La enviaron al Senado, convertida en minuta, y allí estuvo un año en los archivos de la Comisión de Energía, que preside el senador Francisco Labastida Ochoa.

El 9 de diciembre de 2010, los senadores aprobaron una reforma al mismo Código Penal muy parecida a la que los diputados le enviaron casi un año antes. Pero no era la continuación de aquel proceso legislativo transfigurado en minuta el 10 de diciembre de 2009, sino una nueva, que comenzaba en el Senado.

El 10 de diciembre actual, cuando los senadores la aprobaron, fue enviada a San Lázaro para su refrendo. No era más que proceso legislativo repetido exactamente un año después.
Pero, ¿en qué consistió la reforma al Código de marras, si éste ya sanciona la “ordeña” de ductos con 12 años de prisión y además se persigue de oficio?

Los diputados —el 10 de diciembre de 2009— le insertaron la condición jurídica de ser delito grave, para que no hubiera derecho a salir en libertad bajo fianza. Y esto mismo, literalmente, han planteado ahora los senadores, en la minuta sobre lo mismo que el 14 de este mes remitieron a los diputados.
Es evidente que gente poderosa dentro de las instituciones ha retardado que la ley sea robustecida, para combatir mejor este tipo de negocios ilícitos que –según datos de la Cámara de Diputados- representan algo así como 20 mil millones de pesos anuales, por el concepto de robo de gasolinas y crudo en México.

Los senadores tuvieron exactamente un año para dictaminar una minuta literalmente igual que la reforma que ellos fabricaron 12 meses después. Los senadores enviaron su minuta a San Lázaro el 14 de diciembre actual. Se cuidaron muy bien para que San Lázaro no tuviera tiempo de dictaminarla y enviarla al Ejecutivo.