Tren parlamentario

Una reforma constitucional presentada como histórica, por afirmar que se extenderá la obligatoriedad de la educación pública hasta el bachillerato,  se topó a mitad del debate con la argumentación irrebatible de quienes, afincados en la roca firme del sentido común,  han juzgado que no es más que una reforma “hipócrita”, porque su aplicación se retardará 10 años, como si México no fuera uno de los países con más graves deficiencias educativas de su población.

Fue Porfirio Muñoz Ledo —diputado del PT y secretario de Educación Pública en los tiempos de Luis Echeverría— quien reclamaba airadamente al pleno la lentitud de la aplicación de la  reforma de marras, que ayer apenas ha traspasado su proceso legislativo en San Lázaro.

“En este momento 40% de los que están reclusos en México, en las prisiones, son adolescentes y la gran parte por robos de menos de 500 pesos”, así argumentaba contra la decisión del pleno de aplazar 10 años la aplicación de una ley que, por cierto, todavía falta que la refrende en esos términos el Senado.  

Apostillaba Muñoz Ledo: “Cuando hablamos de la India, cuando hablamos de los países que aspiran a la sociedad del conocimiento, es porque no tienen la monserga, la cobardía y el cochupo de aplazar 10 años y salir con la satisfacción bastante pueril de aprobar algo importante en la letra, pero que no tenemos la voluntad de aplicar”.

Y remachaba el petista: “Creo que esa es una decisión hipócrita de una asamblea constituyente que está reformando la Constitución y con un transitorio lo haría obligatorio para cualquier Gobierno. Decidámonos a hacer las cosas en serio y no aparentarlas”.

Tampoco fue para despreciarla. Todos los diputados entonces presentes en la asamblea, incluidos los que opinaban en sentido crítico, votaron aprobatoriamente, y se ha logrado que las reformas a los artículos tercero y 31 constitucionales hayan pasado por unanimidad.  

El primero que tildó de “histórica” la reforma fue Carlos Canseco Gómez (PRI), quien en nombre de las comisiones que dictaminaron  ya decía que significaba la reforma una “ampliación del derecho social a la educación en nuestro país a través de la obligatoriedad de la educación media superior”.
 
Por el partido de Elba Esther Gordillo, Nueva Alianza, habló el diputado Roberto Pérez: “Felicidades a cientos y miles de jóvenes que hoy verán satisfechas a través de una reforma en corto tiempo, sus aspiraciones de superior”.

Por Convergencia, Laura Arizmendi: “En 2010, de 150 mil estudiantes aspirantes a ingresar a educación media superior en la UNAM, sólo se incorporaron 35 mil jóvenes. El IPN sólo admitió a dos mil 500, de un total de 77 mil 440 aspirantes”.  

Entonces llegaba a tribuna el primer aguafiestas… Jaime Cárdenas Gracia, que al pleno decía: “Con todo lo importante que es esta reforma hay que decir que es una reforma insuficiente”, porque, precisaba el petista, esta reforma establece un criterio presupuestal de un plazo de 10 años para paulatinamente hacer universal este derecho, cuando debiera ser no más de seis años la obligatoriedad de la preparatoria.

Dijo Cárdenas, empero, un razonamiento  que cuajaba en medio de las dos posiciones: “Nos falta un largo trecho por recorrer. Sin embargo, el trecho que estamos recorriendo hoy es importante porque muchos jóvenes de este país, que se conocen como ‘ninis’ (ni estudian ni trabajan) tendrán derecho a la educación preparatoria, de manera coactiva o coercitiva. Será también obligación de los padres exigir que sus hijos vayan a la educación preparatoria”.

El perredista Víctor Castro Cosío asegundaba el mismo argumento, cuando arengó a ir más allá de la “demagogia”, haciendo que la ley se aplicase cuanto antes, porque afuera, en el país, hay siete millones de jóvenes sin escuela preparatoria.  

Entonces el PAN habló a través de José Ramírez Marín, quien decía: “Acción Nacional quiere dejar muy claramente que debemos tener en cuenta que el financiamiento de la reforma requerirá de la concurrencia presupuestal de recursos federales, estatales de forma sustantiva, lo que en un escenario económico como el que atraviesa nuestro país puede ser complicado”.

Ahí venía el PRI, que en voz de Baltazar Manuel Hinojosa —el autor, por cierto, de la iniciativa de reformas constitucionales que se había convertido en dictamen— decía que México ganará mucho, porque se perfilará “como un país de vanguardia”. Y apostillaba: “En otras palabras, la educación media superior se ha convertido en un cuello de botella dentro del cual cientos de miles de jóvenes se ven obligados a dejar sus estudios. En estos momentos hay seis millones de jóvenes que tienen la oportunidad de estudiar la educación media superior y sólo cuatro millones se absorben por la educación pública y educación privada”.

Ya venía cerca el turno de Porfirio Muñoz Ledo, en cuya primera ida a la tribuna urgía a que su aplicación se redujera en tiempos. No más de cinco años; o seis. “Porque el problema, la bomba de tiempo de este país son los llamados ninis”.
 
No faltó la intervención de Gerardo Fernández Noroña. Exigía reducir el tiempo de aplicación también. “No hay dinero”, criticaba el petista, “pero sí hay para darle 800 mil millones de pesos a los banqueros, para permitir que las 50 familias más poderosas del país no paguen impuestos y sigan evadiendo y enriqueciéndose con una monstruosa inequidad”.

Turno de Diva Gastelum,  del PRI,  a quien junto con Baltazar se le consideró la autora de la iniciativa. “Tenemos que celebrar esta oportunidad histórica de un trabajo que tiene bastante tiempo”, ya decía, entre aplausos de quienes le escuchaban. Y exhortaba a su votación aprobatoria: “Ya es momento de llamar a las cosas por su nombre. La doble moral no sirve. Allá afuera están los jóvenes exigiéndonos. Más todavía, aquí hemos venido a decir que si ‘El Ponchis’(conocido como ‘el niño sicario’)… ¿Pero qué le ofreció este Gobierno mexicano  para su formación? en dónde está la tarea preventiva para que podamos reclamarle a los jóvenes que no estén en la calle, que no estén en la escuela o que no estén trabajando, si desde aquí no hemos puesto en claro el sentir principal que es la educación”.

Todo estaba muy bien. Pero nadie de los que tildaban de histórica la reforma de marras, pudo remontar el argumento quienes decían que la aplicación a 10 años de la obligatoriedad del bachillerato  era para ayer y no para dentro de una década.  Ah, y sin contar que falta lo que diga el Senado.