Tren parlamentario

La autorización de los presupuestos anuales es, al mismo tiempo, la actividad legislativa y política más importante del Congreso de la Unión, suelen decir los legisladores y la gente en las universidades que estudia el derecho parlamentario mexicano.

Confluyen en la revisión, discusión y aprobación del paquete fiscal (conformado por Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y Criterios Generales de Política Económica anualizados) las dos funciones esenciales del Poder Legislativo: la de construir leyes y la de control político.

Hay, sin embargo, serios cuestionamientos sobre la calidad del trabajo de los congresistas mexicanos, que de acuerdo al Artículo 51 Constitucional son considerados también representantes de la nación.

¿Realmente diputados y senadores cumplen con su función legislativa, como los representados por ellos esperan que lo hagan; esto conforme a la altura de las circunstancias y requerimientos de un país que, se acaba de saber, tiene una población superior a los 112 millones de mexicanos?

En la otra función primordial —la que debería ser primigenia, según el derecho parlamentario comparado—, la de servir de contrapeso constitucional al Poder Ejecutivo, ¿de veras el Poder Legislativo mexicano cumple con su encargo y se erige en dique cotidiano de quienes ejercen el poder público en México?

En el terreno de las formalidades, suelen diputados y senadores afirmar que el trabajo legislativo y parlamentario se circunscribe en tales condiciones. Pero en el México real es otra, muy distinta, la percepción de los resultados.

Para la construcción de las leyes, el Congreso mexicano ha echado mano de modelos que no han sido, por desgracia, superados o mejorados, a pesar de que parlamentos y congresos que inspiraron al proceso legislativo mexicano ya los trascendieron.

El proceso legislativo mexicano es la siguiente serie de sucesos:
Presentación de la iniciativa a una de las dos cámaras federales (sólo tienen facultad de presentarlas el Ejecutivo Federal, diputados y senadores y congresos locales); el pleno camaral la da por presentada y la turna a la comisión del área correspondiente; una vez allí, la iniciativa debe ser analizada por todos los integrantes de dicha comisión y ser dictaminada; Ya convertida en dictamen, la ley debe regresar al Pleno camaral para su discusión y votación final.

Cuando una ley ha sido aprobada apenas en una Cámara, se le da condición de “minuta”, y se turna a la otra Cámara, para que su pleno la envíe a comisiones, se analice , dictamine y sea discutida y votada por la asamblea.

Una vez que ha sido aprobada en las dos cámaras, la minuta se convierte en ley, pero no entrará en vigor hasta en tanto el Ejecutivo Federal la publique en el Diario Oficial de la Federación.

Exceptuando el Presupuesto de Egresos de la Federación —que más que ley es considerado un decreto porque sólo una Cámara, la de Diputados, lo aprueba—, todas las leyes tienen una construcción más azarosa que tersa en México. Y, durante sus procesos legislativos, tienen que atravesar un terreno pantanoso, adonde los intereses partidistas y fácticos suelen atorarlas, máxime cuando sus costos son altos para gente con gran poder económico o político.

Verbigracia: las iniciativas —en su paso por comisiones— no son sometidas a un estudio pormenorizado de sus costos y beneficios.

Si la Constitución mexicana dice que un legislador —diputado o senador— es un representante de la nación, es de suponer que entonces éstos a la hora de fabricar leyes tendrían que estar pensando siempre para beneficiar o favorecer a la nación. Pero, ¿sucede?

No siempre. Y es evidente cuando surgen leyes que benefician a grupos económicos poderosos, o políticos.

No es ocioso que en los procesos legislativos de ambas cámaras las técnicas legislativas brillen por su ausencia. O que, de plano, sean soslayadas. Hay una, por ejemplo, que no la miran ni por equivocación: la Técnica del Análisis Económico del Derecho, que desde los años setenta el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos utiliza.

Con herramientas propias de la rama de la economía, pueden observarse con mayor nitidez los costos y los beneficios de una ley. ¿A cuál grupo poblacional le representa una determinada ley más costos, y a cuál otro los mayores beneficios?

Ha sido más fácil para los legisladores aprobar leyes afincándose en intereses partidistas o, de plano, en la subordinación a las cúpulas (degradan su condición de representantes de la nación, sujetándose a disciplinas partidarias, por antonomasia), que en el estudio genuino, auténtico de los costos y beneficios del derecho que en ese momento construyen o remiendan.

En la otra función, la de control político, los legisladores mexicanos tendrían que responder como representantes de la nación. No siempre lo hacen, porque las dirigencias siguen pesando sobre las carreras políticas de cada uno de ellos.

Los legisladores mexicanos tienen un gran reto enfrente: reformarse a sí mismos, y al Congreso de la Unión fortaleciéndole sus funciones primordiales, porque de lo contrario seguirán siendo solamente una suerte de comparsas del Ejecutivo Federal y de los grupos económicos que, en estos años, se han constituido en verdaderos poderes fácticos.