Reformas constitucionales dotan de nuevas facultades a la CNDH

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, encabezada por Raúl Plascencia Villanueva, a través de un comunicado de prensa asienta que las reformas aprobadas por el Senado de la República, que elevan a nivel constitucional la defensa y promoción de los derechos humanos y la dotan de nuevas facultades, representan un avance histórico en beneficio del país y de la sociedad.

Dichas modificaciones a los artículos 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105 constitucionales permiten ampliar el fortalecimiento y protección de los derechos humanos en nuestro país y hacen manifiesto el deber de protegerlos por parte del Estado.

Con la aprobación unánime de las reformas -que aún deben obtener el aval de la Cámara de Diputados y el de la mayoría de los congresos locales-, se incorpora la reparación de violaciones a los derechos humanos, que comprende las diferentes formas como un Estado puede hacer frente a la responsabilidad en que hubiera incurrido.

Se refuerza la atención a las víctimas del delito y los órganos de procuración de justicia deberán hacer efectivos los derechos de los agraviados para que puedan obtener la reparación del daño.

De acuerdo con las reformas, se transfiere a la CNDH la facultad que tenía la Suprema Corte de Justicia de la Nación para investigar violaciones graves a derechos humanos.

La sociedad se beneficiaría al no quedar en la impunidad hechos violatorios de derechos humanos.

Este Organismo nacional considera que la facultad de investigar violaciones graves a derechos humanos es un reconocimiento al trabajo que ha venido realizando.

Además quedaría incorporada al texto constitucional la obligación que tiene todo servidor público de responder a las recomendaciones que les presenten los organismos públicos de derechos humanos.

Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas, las autoridades o servidores públicos tendrían que explicar su negativa.

La Cámara de Senadores, la Comisión Permanente o las legislaturas estatales los llamarían para que comparezcan y aclaren el motivo de su rechazo.

También con las reformas los derechos laborales entrarían en la competencia de los organismos defensores de los derechos humanos.