Prioritario combatir el flagelo de la impunidad ante delitos

CIUDAD DE MÉXICO (11/JUL/2013).- La escasa contribución de los gobiernos de 31 entidades y Distrito Federal, no tanto el federal para reducir la violencia en México, permite que la “impunidad siga a la alza’’ en relación a delitos que más afectan como homicidio doloso, robo, extorsión y secuestro, sostuvo el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Penal, que preside José Antonio Ortega Sánchez.

En conferencia, a la que asistió José Luis Carrizales Sepúlveda, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Pública de la Coparmex, se reportó la incidencia con datos estadísticos judiciales del INEGI de 2012, en la que se sostiene que por cada 100 homicidios, sólo se castigó a 16 presuntos responsables, que significa que 84 de cada 100 asesinatos, queden impunes y sus autores en libertad.

Para Ortega Sánchez, 2012 se convirtió en la segunda tasa de castigo más baja desde 1997 y casi tres veces menor a la de 2005. El año pasado, el castigo por homicidio fue ligeramente superior a 2011 y 2012, pero no porque hubiera menos homicidas detenidos, consignados, sentenciados y condenados, sino porque “hubo menos asesinatos’’.

En 2012, sólo a autores de cuatro mil 261 homicidios se condenó, mientras que en 2011 fue a cuatro mil 412 condenas y cuatro mil 341 en 2010, el año pasado fue la más baja desde 2003. Pero los homicidios crecieron en 141% en tan sólo cinco años, al pasar de 11 mil 775 en 2006 a 28 mil 375 en 2011.

“Estos datos demuestran que la mayoría de gobiernos locales, no han hecho casi ninguna contribución a reducir la violencia. Si disminuyó es por dos razones. La primera por acciones del Gobierno federal y la segunda, porque las disputas territoriales un grupo criminal se impuso al otro, como ocurre en Chihuahua, Durango, Sinaloa y Coahuila’’.

En el caso de robo, se explicó que entre 1997 y 2005, la tasa de castigo fue en aumento, pero a partir de 2006 declinó. En 2012 se castigó a seis de cada 100 involucrados, en 2005 la tasa fue de 11 de cada 100 responsables.

El Economista