México tiene prisa

Uno de los mayores frenos al desarrollo, sin duda alguna representa la falta de ética y civismo que nos lleva a la corrupción; este es un mal desafortunadamente arraigado en nuestra sociedad que urge desterrar con la participación integral de la comunidad y sus poderes públicos, por lo que es ampliamente bienvenido y respaldado el paquete de iniciativas de reformas propuesto por el Ejecutivo de la Nación, con miras a crear la Ley Federal de Anticorrupción en Contrataciones Públicas, así como reformas a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Los mexicanos hemos perseguido y sancionado la corrupción desde el punto de vista de la autoridad; hoy es tiempo de ver a la corrupción también como un fenómeno integral en donde no olvidemos que para ese pecado se necesitan dos, el que ofrece y el que recibe.

Se trata de castigar no sólo a quien se deja corromper, sino también a quien corrompe. Ese es el propósito de la iniciativa de Ley Federal de Anticorrupción en Contrataciones Públicas, que se basa en estándares internacionales en la materia y con la que se atiende una demanda muy sentida en nuestra sociedad.

El propósito es volver más sencilla y segura para los ciudadanos, la denuncia de actos de corrupción, así como mejorar sustancialmente la supervisión del patrimonio de los servidores públicos. También se busca impedir que existan incrementos inexplicables en el patrimonio de los mismos, y que, cuando se detecten, el Estado cuente con herramientas eficaces para que no quede impune esa falta, ejercicios en los que se recompensará a los ciudadanos comprometidos que denuncien actos de corrupción.

Por principio de cuentas, se habrá de sancionar severamente no sólo a quien recibe un acto o una dádiva para corromperse, sino a quienes pretenden corromper a las autoridades para obtener beneficios. Quienes den dinero o dádivas para obtener beneficios indebidos, para evadir requisitos, para ganar indebidamente una licitación, o quienes funcionen como prestanombres de otros, que están impedidos para participar en contrataciones públicas, van a ser sancionados con severidad.

Además se establecerán sanciones que representen un verdadero costo para quien corrompa a la autoridad. La corrupción puede presentarse desde un contrato menor hasta una transacción de varios millones de pesos. Por ello, la multa que contempla la ley podrá alcanzar hasta 30% del valor del contrato que se obtuvo de manera irregular. Y no sólo eso: los particulares que violen la ley podrán estar impedidos para volver a participar en contrataciones públicas por un periodo hasta de ocho años.

Ahora la decisión de concretar estas reformas se encuentra en nosotros mismos, enseñando a nuestras familias la ética, moral y el civismo para practicarlos y exigirlos, así como en manos de los legisladores, por lo que les recordamos que México tiene prisa de un mejor y más honesto desarrollo para todos, por lo que atacar integralmente a la corrupción, nos brinda la certidumbre de que lo mejor está por venir.