Legisladores destraban Ley de Extinción de Dominio

CIUDAD DE MÉXICO.- Las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos primera del Senado aprobaron anoche –en lo general y lo particular- la Ley Federal de Extinción de Dominio, a casi seis meses de enviada por el Presidente Felipe Calderón, ordenamiento que con modificaciones del original, permitirá incautar bienes al crimen organizado.

Se prevé que este jueves, el dictamen suba al pleno con la dispensa de trámites para ser votado y en busca de su aprobación, aunque no se descarta el debate en tribuna y las reservas de artículos en lo particular.

Luego de jaloneos entre el Partido Acción Nacional (PAN) y las bancadas del Revolucionario Institucional (PRI) y del de la Revolución Democrática (PRD), luego de una reunión de más de tres horas, aprobaron el dictamen con cambios al que envió el Ejecutivo, que mantienen el espíritu original, con una serie de candados para proteger derechos y garantías individuales de terceros que no sean parte de la delincuencia.
Con el aval del Senado, la ley pasaría a la Cámara de Diputados para que continúe su trámite legislativo.

Reciben primera demanda

El Juzgado 1 en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), recibió este miércoles la primera demanda en el país para aplicar el proceso de extinción de dominio.

El fiscal de Procesos de lo Civil de la Procuraduría General de Justicia local (PGJDF), Ricardo Ríos, se presentó ante la Oficialía de Partes del TSJDF para oficializar la solicitud.

El Gobierno capitalino pretende confiscar un hotel con razón social “Madrid” ubicado en la zona de La Merced, cuyas instalaciones eran utilizadas por 28 presuntos a tratantes de blancas, detenidos el 12 de marzo en un operativo sorpresa.

“Se trata de la primera demanda de extinción de dominio a nivel nacional; es la primera acción de este tipo, y esperaremos que el juez resuelva a favor”.

La jueza María Elena Galguera González tiene ahora un plazo de 72 horas para resolver si procede conceder la extinción para que el inmueble quede asegurado por el Gobierno local o si, por el contrario, la rechaza (Agencias)