La deuda oculta de Calderón

En enero de 2003 el Gobierno mexicano demandó, por primera vez en la historia, al Gobierno norteamericano en la Corte Internacional de Justicia por la violación de los derechos consulares de Joe Medellín y otros connacionales (Medellín confesó haber participado en la violación y asesinato de dos norteamericanas 10 años antes).

Fue condenado a muerte en Texas, pero la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que las irregularidades del juicio obligaban a suspender la sentencia y reabrir el caso. La respuesta inicial Estados Unidos fue tajante: se trata de “una inaceptable, injustificada e inapropiada intrusión de México en el sistema criminal de justicia”.

Curiosamente es justo lo que ahora el Gobierno mexicano responde al Gobierno francés.

En aquella ocasión, Juan Rebolledo, asesor jurídico de la SRE, justificó esa “intrusión” ante las cortes internacionales porque “la historia del servicio exterior mexicano es, en gran medida, la historia de la defensa de nuestros connacionales que, allende la frontera, enfrentan un mundo de barreras culturales, malos tratos y explotación”.

Las similitudes entre el caso de Joe Medellín y Florence Cassez están a la vista, salvo que ahora el Gobierno mexicano se halla en el lado contrario de la palestra. Aquella vez el Ejecutivo consideraba que tenía el derecho y la obligación de defender a un paisano juzgado bajo condiciones irregulares en el extranjero; ahora acusa de intervencionismo a Francia.

Desde luego también hay diferencias entre Medellín y Cassez. Lo de Medellín empalidece frente a las irregularidades del juicio de Cassez. En el caso de la francesa no sólo se violó el aviso consular; además está documentado el montaje ilegal de la captura, se falseó el lugar y los términos de la misma, los testigos cambiaron de testimonio luego de la intervención de la autoridad, y uno de los cómplices que la acusó reveló que tal declaración se había producido bajo tortura. Hasta la fecha el secuestrador Israel Vallarta asegura que Florence desconocía su actividad delictiva.

Lo anterior no significa que Florence Cassez sea inocente, pero justamente ése es el tema; tampoco hay condiciones para convencernos de su culpabilidad. ¿Por qué no iba a tener derecho Francia a defender a su connacional?

Desde luego que Sarkozy ha explotado el caso para favorecerse políticamente. Y claro que Calderón se ha subido al ring porque se siente, por fin, apoyado por una causa emocional que une a muchos mexicanos. En la práctica ambos, Calderón y Sarkozy, se han enfrascado en un pleito de machos y han olvidado sus responsabilidades de jefes de Estado. No hay nada más fácil que inflamar el “maseosare” popular con la xenofóbica acusación de intervencionismo de una potencia.

Tal indignación abreva en la esquizofrenia. Podemos aplaudir el documental “Presunto Culpable”, que deja en claro las terribles falencias de nuestro sistema de justicia y su inclinación a fabricar culpables, y al mismo tiempo enfurecernos porque los franceses ponen en duda el dictamen de nuestros jueces. Puertas adentro reconocemos la corrupción de nuestros tribunales; puertas afuera los defendemos como si fueran infalibles.

No me extraña que la televisión haya linchado a Cassez, considerando que este medio fue cómplice pillado en la mascarada del montaje inicial. Al igual que García Luna, la televisión asumió que demostrar la maldad de Cassez restaría importancia a aquella fabricación para violar el debido proceso. Pero me resulta desconcertante que líderes de opinión como Isabel Miranda de Wallace o Alejandro Martí, testigos y víctimas de la ineficacia y la corrupción de nuestro sistema de justicia, hayan militado a favor de este discurso patriotero que avala un montaje judicial.

Del otro lado, es gratificante que la llamada “comentocracia” haya evolucionado de un apoyo mayoritario a la estridencia nacionalista, a un análisis de las razones y sinrazones del caso Cassez de manera analítica y madura. En los últimos días la mayoría de los columnistas han cuestionado los despropósitos de Sarkozy, pero han reconocido irregularidades que subyacen en este juicio.

El misterio es la manera en que el Estado mexicano se ha dejado arrastrar a una crisis política con Francia, simplemente para apoyar la obsesión de Genaro García Luna por generar castigos a modo. Se sabe que la debilidad de Calderón por este funcionario le ha llevado a tomar partido en sus querellas en contra de Cisen y del Ejército. No es un secreto la molestia de los mandos castrenses por tal debilidad. Pero resulta inexplicable la pasividad presidencial ante los aprietos en que le han metido las maniobras de García Luna.

Calderón aseguró en una carta a Sarkozy que Cassez podría purgar su condena en Francia, conforme al Convenio de Estrasburgo suscrito por México, lo cual ahora niega. Y el entonces procurador Medina Mora le aseguró al enviado de Sarkozy, el fiscal de París, que no habría sentencia definitiva hasta después de la visita del Mandatario galo a México en marzo de 2009. Pero los jueces sentenciaron mientras el enviado de Sarkozy iba en su vuelo de regreso a Francia. García Luna precipitó esa sentencia, me aseguró una fuente diplomática, para impedirle a Calderón cualquier margen de maniobra durante la visita de Sarkozy. En este enredo jurídico-diplomático urge preguntarse ¿Cuál es la deuda de Calderón con García Luna para asumir tantos costos?

Nos hemos envuelto en la bandera por un caso inconsistente y comprometido nuestra autoridad moral para llevar a una Corte internacional cualquier arbitrariedad que padezca un mexicano ¿Cómo explicar el poder de García Luna ante el Presidente?