La batalla de los talibanes

Una estrategia discursiva de la Iglesia Católica en los últimos años ha sido acusar a sus “enemigos” de lo mismo que se les acusa a ellos.

No se trata sólo de pasar de la defensa al ataque, sino de usar los mismos argumentos con los que fuiste “ofendido” para contraatacar al otro. Suena infantil, y en cierto sentido lo es, en tanto que lo importante no es el argumento, sino el insulto mismo.

Lo que suponemos que la el arzobispo  de México quiso decir a través de su vocero, al llamarle talibán a al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, es que habían llevado al Estado laico a una situación en la que los ministros de culto quedaban borrados de la cosa pública, de la res publica. Y sí, efectivamente.

El principio del laicismo del Estado es que las decisiones se tomen sin las presiones de grupos de poder que representan las iglesias, sobre todo donde hay credos mayoritarios, casi monopólicos, como sería el caso de México.

El Estado es laico para defender el derecho de creencia de todo, principalmente de los más vulnerables que son los grupos minoritarios. A Ebrard se le puede acusar, en todo caso, de jacobino, pero eso ya no suena a insulto.

En el fondo la batalla de los talibanes tiene dos elementos en discusión: quién tiene la representación y quién tiene la potestad sobre la moral.

El argumento central de la Iglesia Católica, secundada por los grupos más conservadores del panismo, es que una “minoría” de izquierda en el Distrito Federal impuso el reconocimiento de matrimonio gay a todo el país.

La jerarquía católica, con razón o sin ella, cree representar el sentimiento moral de 80 millones de católicos en México, en tanto que la Asamblea del Distrito Federal de mayoría perredista cree representar a 14 millones de ciudadanos que, como votaron mayoritariamente por ellos, ergo, están de acuerdo con ellos.

Ni uno ni otro representa a quien dice representar. La única diferencia es que mientras los primeros representan la creencia, los segundos representan al Estado.

Es decir, la única representación válida en la res publica es la que emana del pueblo soberano a través de procesos electorales. Nos pueden gustar o no los vituperados diputado y asambleístas, pero son los únicos que pueden decir que nos representan y actuar en consecuencia. Y ahí sí los obispos pueden decir misa, y muy poco más.

El otro tema es quién se abroga el derecho de definir la moral pública, y ése es el campo de batalla natural de los tabilanes.

A pesar de que cada vez menos creyentes le reconocen a la jerarquía católica alguna potestad o influencia en temas de sexualidad y reproducción (en Guadalajara, por ejemplo, la cifra es apenas superior a 50%), para la Iglesia éste sigue siendo el espacio de poder más importante.

Aunque el cardenal Norberto Rivera y el jefe de Gobierno Marcelo Ebrard hayan firmado una especie de armisticio, en este tema en la elección de 2012 se librará la madre de todas las batallas. Y, ojo IFE, podemos apostar que la Iglesia jugará al límite del reglamento.