La SCJN admite acción de inconstitucionalidad por exhibición de detenidos

CIUDAD DE MÉXICO (28/MAY/2012).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, contra un acuerdo emitido por la procuraduría capitalina.

El organismo defensor local detalló que dicho acuerdo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) emite el Protocolo para la presentación ante los medios de comunicación de personas puestas a disposición del Ministerio Público.

En un comunicado puntualizó que la decisión del máximo tribunal resulta de especial trascendencia para el organismo, "ya que se recibe como un ejercicio progresista de la protección de los derechos de las personas".

Ello, al ampliar el alcance de las acciones de inconstitucionalidad contra normas generales emitidas por autoridades administrativas, distintas a las legislativas, siempre que dichas normas restrinjan los derechos humanos.

La CDHDF detalló que el principal objetivo de esa acción es alegar la arbitraria restricción de los derechos de presunción de inocencia y del debido proceso, a consecuencia de la exhibición de personas puestas a disposición del Ministerio Público en medios de comunicación.

Derivado del convencimiento que tiene el organismo autónomo de que dicha práctica vulnera múltiples derechos fundamentales, fue que se interpuso la acción de inconstitucionalidad que fue admitida este lunes a trámite.

Añadió que a la mencionada acción se le asignó el número de expediente 34/2012, fue turnada a la ponencia del ministro Luis María Aguilar Morales y una vez admitida, se ordenó dar vista a la PGJDF para que en el plazo de 15 días rinda su informe correspondiente.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) recordó que la procuraduría capitalina no aceptó la recomendación 3/2012, en la que se le requería el cese de la práctica de exhibición de detenidos ante los medios de comunicación.

También se le solicitaba que pusiera en marcha una política de comunicación social que no restrinja los derechos de las personas detenidas.