La PGR actúa sin consignas políticas: Arturo Chávez

CIUDAD DE MÉXICO (06/OCT/2010).- El procurador general de la República, Arturo Chávez, afirmó que esta dependencia aplica la ley de manera imparcial y objetiva y no ha habido ni habrá favoritismo ni consignas políticas.  

Durante su comparecencia ante las comisiones unidas de Justicia y Seguridad Pública de la Cámara de diputados, señaló que la justicia con tintes políticos, simplemente no es justicia; la inacción con tintes políticos también es injusticia y vulnera el Estado de derecho.  

En el marco de la glosa del IV Informe de Gobierno del Presidente Felipe Calderón, aseveró que en todos los casos el Ministerio Público de la Federación ha cumplido su obligación constitucional de investigar y perseguir delitos, ya que como institución de buena fe ejerce la acción penal cuando se cumplen los extremos requisitos que establece la propia constitución.  

"El Ministerio Público no juzga, tampoco sentencia ni sanciona, respeta, aunque no comparta las decisiones y resoluciones de los tribunales, y tiene plenas facultades para impugnar las que, a su juicio, se aparten de lo que disponen las leyes que nos rigen", apuntó.  

El titular de la PGR aseveró que la obligación es consolidar un Estado democrático de Derecho que conjugue plenamente la seguridad con la justicia, con las libertades y con los derechos fundamentales de todo y darle a este objetivo el carácter de política de Estado que su importancia exige.  

"La realidad mexicana ha cambiado, eso es evidente, lo que debe prevalecer es el espíritu de construir juntos, la sociedad y los poderes y órganos que conforman el Estado, una seguridad democrática que sea fuente sólida de legitimidad y de gobernabilidad del México abierto, plural e incluyente", precisó.  

Comentó que en la lucha contra la delincuencia, la Federación ha trabajado en construir grandes soluciones para problemas igualmente grandes, sin embargo no puede soslayase que la complejidad de enfrentar a la delincuencia organizada radica en buena medida en los componentes y basamentos delictivos regionales y locales.  

En este sentido, indicó que en materia de seguridad y justicia la respuesta es evidente, por ello el poder revisor de la Constitución optó por modificar integralmente el sistema de justicia penal, abandonando el procedimiento inquisitivo mixto, adoptando uno nuevo, acusatorio, adversarial y también forjando nuevas instituciones.