Giran orden de aprehensión a ex funcionaria de Reynoso Femat

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES (01/OCT/2013).- La Jueza Primera de lo Penal, Margarita Zapata Vallejo, giró orden de aprehensión contra Beatriz Cañizo Cosío, ex secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) del gobierno del estado durante el sexenio de Luis Armando Reynoso Femat.

La orden de aprehensión es por el delito de peculado y ejercicio indebido de la función pública por el caso de los terrenos, propiedad del gobierno del estado, que fueron vendidos a precios muy por debajo de su valor a la Constructora Urbi.

A pesar de que Cañizo Cosio había solicitado el amparo de la justicia federal para no ser detenida (éste le fue concedido), pero se le obligó a pagar una fianza de 10 millones de pesos y a presentarse a declarar ante el Poder Judicial, a más tardar el próximo viernes 6 de octubre.

Beatriz Cañizo Cosio se suma a la lista de funcionarios que han sido detenidos o se ha girado orden de aprehensión en su contra por este caso en lo particular.


El caso de la venta ilegal de terrenos del Estado

El 2 de agosto, la Jueza Margarita Zavala Vallejo giró una nueva orden de aprehensión en contra del ex mandatario Luis Armando Reynoso Femat por su presunta participación en la venta ilegal de terrenos al sur de la ciudad de la denominada Reserva Territorial Morelos II con superficie de casi 100 mil metros cuadrados en un precio aproximado del 17 por ciento de su valor real y a crédito, a la Constructora Urbi, la cual no utilizó los terrenos para el desarrollo de vivienda, sino que los destinó a actividades mercantiles.

La escritura correspondiente se suscribió el 15 de mayo de 2009, y firmó como testigo de honor el entonces gobernador Reynoso Femat.

Por este mismo expediente también se procesa a quien fuera el secretario de Obras Públicas, Luis Gerardo del Muro Caldera, actualmente prófugo de la justicia, y el ex Director del Instituto de Vivienda, Alberto Serna Dávila quien enfrenta su proceso en libertad bajo caución.

De acuerdo al Poder Judicial del Estado, "los detenidos participaron en menor o mayor medida en la desincorporación de dichos terrenos; en un contrato realmente perjudicial para el estado y ventajoso para el particular involucrado, dedicado a los desarrollos inmobiliarios a través de su empresa Constru Urbi S.A. de C.V.".

En abril de 2009 se realizó la compraventa en el precio de 3 millones cuatrocientos cinco mil 93 pesos, pagando un millón 700 mil pesos a la firma del contrato y el resto un millón 705 mil 93 pesos con 50 centavos a pagarse en un plazo de 6 meses para lo que se firmó un pagaré; "esto no fue obstáculo para firmar la escritura correspondiente, constando en ella que estaba pagado en su totalidad, claro está para poder obtener los créditos para desarrollo".

El resto no fue pagado en el plazo marcado, sino después de un año, condonándole todos los intereses moratorios que se habían pactado al costo de TIIE +3 por 2.

Según peritos el valor del terreno en la fecha de contratación era de 19 millones 719 mil pesos.

Incluso el propio ex mandatario, presentó una solicitud para que le redujeran la fianza, por considerar que se había sobrevalorado los terrenos señalados, pero por el contrario se le incrementó a 16 millones de pesos.