Exoneran a funcionarios de NL por caso Royale

MONTERREY, NUEVO LEÓN (06/DIC/2011).- Al concluir los peritajes federales y estatales en torno a la tragedia del Casino Royale, las autoridades exoneraron de toda responsabilidad a funcionarios de Monterrey y Nuevo León, así como al empresario Raúl Rocha por la muerte de 52 personas tras el atentado el pasado 25 de agosto.

De acuerdo con el procurador estatal, Adrián de la Garza Santos, quien en rueda de prensa con el titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Cuitláhuac Salinas, reveló que en el atentado a la casa de apuestas, ubicada en el sector San Jerónimo al poniente de la capital del estado, los únicos responsables fueron los 18 miembros del grupo criminal de “Los Zetas” que rociaron más de 200 litros de gasolina en el acceso principal del inmueble, acción que logró incendiar el lugar en casi 40 segundos.

"Si se hubiera tratado de un incendio normal provocado por un cortocircuito o por un cigarro, las condiciones de seguridad hubieran sido suficientes para que los clientes pudieran salir y ponerse a salvo, pero no en un ataque de estas características", dijo de la Garza Santos al revelar que el peritaje se retraso debido al levantamiento de pruebas químicas en piso, muebles, alfombras y paredes del lugar para comprobar que contaban con retardantes.

Dijo que el temor de ser agredidos por los delincuentes, luego de que estos arribaron al inmueble con armas de grueso calibre, con palabras altisonantes para primero despojar a los ludópatas de sus pertenencias y luego rociar el lugar con gasolina; no permitieron que pudieran abandonar el inmueble por el acceso principal.

"La presencia de estos sujetos, como hemos visto en videos, que llegaron con armas de fuego y realizando disparos, produjo o hizo que las víctimas, unas pudieran salir por las rutas de evacuación establecidas, y otras de estas trataran de esconderse o resguardarse dentro del inmueble para evitar ser agredidas, con resultados que ya conocemos".

A 104 días del atentado a Casino Royale, en donde la procuraduría estatal investigaba la posible responsabilidad de funcionarios de Protección Civil de Monterrey y del estado, así como de obras públicas y ecología, ahora se concluye que no existe responsabilidad penal para ninguno de ellos por permitir la operación de la casa de apuestas.

"En este momento no encontramos responsabilidad penal para autoridad civil, ya sea Protección Civil, ya sea municipal o estatal. No son determinantes en cuanto a las responsabilidades civiles, administrativas y laborales que pudieran ser atribuibles a cualquier autoridad de orden de gobierno o de particulares.

Esto le corresponde en cuanto a los peritajes y a las causas atribuibles al incendio", explicó el Procurador estatal al revelar que de tal forma no se encontró responsabilidad alguna en la actuación del propietario del Casino, Raúl Rocha quien tras los hechos huyó a Estados Unidos a fin de no ser procesado como corresponsable por la muerte de 52 de sus clientes.

"El inmueble no cumplía a cabalidad con todas las medidas de seguridad; sin embargo, los apuntes que se fueron encontrando no fueron los determinantes para concluir que tenían responsabilidad penal relacionada con los homicidios, lesiones y los daños las personas como los dueños o alguna otra autoridad civil", reveló el titular de la SIEDO.

Ambos funcionarios revelaron que si bien el inmueble no contaba con las medidas de seguridad óptimas, sí contaba al menos con 40 extintores, ocho puertas de emergencia, descartando que éstas fueran salidas falsas tapadas por concreto, además de contar con señalamientos de evacuación y lámparas de emergencia.

De acuerdo con el procurador estatal la dependencia a su cargo iniciará ahora las averiguaciones necesarias en torno a una posible ilegalidad en torno a la expedición de permisos de operación del Casino Royale.

Asimismo, anunció que el Ministerio Público seguirá representando a las familias de las víctimas a efecto de lograr y promover una reparación del daño, que se impongan las sanciones legales a los culpables y se brindará la asesoría legal y psicológica que se