Estrictamente personal

El secretario de Marina, almirante Francisco Saynez, dio acuse de recibo a las críticas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que decidió esta semana litigar en los medios el rechazo de la Secretaría a dos recomendaciones por el exceso de fuerza durante el operativo para cazar a Arturo Beltrán Leyva en 2009 que provocó la muerte de dos personas totalmente ajenas al conflicto. “No somos asesinos”, dijo este martes en una declaración inusual, por el tono y la prontitud, que refleja preocupación.

El almirante Saynez hizo un control de daños, pero no de arrepentimiento ni redención ante a CNDH.
No hay marcha atrás, por lo menos hasta ahora. La Marina no va a abrir la puerta de la rendición de cuentas, porque el juicio político e histórico que se anticipa cercano empezaría inmediatamente, y el nicho en el que se encuentra hoy en día en el Gobierno, el almirante Saynez, sería demolido.

Los marinos se han convertido en el querubín del gabinete de seguridad por los espectaculares golpes que han dado gracias a la información que les proporcionan desde Washington, donde procuran al almirante y entrenan a sus cuerpos de élite.

Los operativos contra Beltrán Leyva y Ezequiel Cárdenas, ”Tony Tormenta”, el número dos del cártel del Golfo abatido el año pasado en Matamoros, a la par de denuncias contra el Ejército por violaciones a los derechos humanos y los rendimientos decrecientes del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna ante la opinión pública, han opacado sus arbitrariedades.

Sin embargo, los cuerpos de élite de la Marina, entrenados por los SEALs en Estados Unidos, se han convertido en unidades de ejecución. La operación contra Beltrán Leyva es un ejemplo.
El 13 de enero del año pasado en este mismo espacio se publicó la ruta de la cacería contra el sanguinario capo del narcotráfico. Lo ubicaron en un condominio exclusivo de Cuernavaca, donde sucedieron los episodios por los que inútilmente reclamó la CNDH.

Una residente, Patricia Terroba de Partida, hermana de un ex funcionario federal, recibió una llamada donde le avisaron que su madre se encontraba en el hospital. Tomó su camioneta y salió apresurada. Los marinos le hicieron el alto, pero ella no se detuvo. Le dispararon y la mataron.

Es cierto que en esas operaciones los daños colaterales se producen por la propia dinámica de las acciones. Sin embargo, los marinos actuaron con criterios encontrados con respecto a la seguridad.
La unidad de élite llegó a las torres del condominio en helicópteros, y descendieron en rappel unos 15 elementos.

Otro grupo en camuflaje cerró los accesos a los condóminos  y llevó a los vecinos al gimnasio. La balacera comenzó cuando las escoltas de Beltrán Leyva les tiraron dos granadas. Sabían qué les esperaba, pero los operadores de prensa de la Marina preparaban el espectáculo con la prensa nacional.
 
Esa tarde de diciembre les pidieron a reporteros y camarógrafos desplazarse a Cuernavaca. A la entrada a la ciudad los esperaba una patrulla que los metió sin detenerse en los retenes al perímetro del enfrentamiento. Querían que se registrara su operativo y llevaron a la prensa a la zona cuando aún había enfrentamientos.

En su protagonismo quedaron documentados otros abusos. Uno de los escoltas que trató de huir herido del lugar, está desaparecido. El cuerpo de Beltrán Leyva, fotografiado por los medios, muestra un tiro que parece de gracia en la cabeza.

Los marinos, que actuaron en Cuernavaca con más de 200 hombres, sin tener un agente del Ministerio Público Federal al lado, ni órdenes de cateo o de aprehensión, actuaron en la lógica de un estado de excepción, que no se ha decretado hasta hoy en día.

 Desde el punto de vista jurídico, su guerra es sucia, y hay otros momentos en donde se ha documentado en Nuevo León y Tamaulipas que presuntos delincuentes arrestados por ellos, aparecen muertos.

La creencia de que quien caiga en sus manos puede morir fácilmente, bajo lo que parecería una doctrina de no querer prisioneros en esta guerra contra el narcotráfico, llevó a la DEA a difundir en redes sociales la fotografía de Édgar Valdés Villarreal, “La Barbie”, poco después de ser detenido por la Policía Federal, ante el temor que fuera asesinado y haber complicado políticamente el caso en Estados Unidos, al ser un ciudadano de ese país. La realidad es que no es una percepción.

En las reuniones del gabinete de seguridad, el secretario de mano más dura es el almirante Saynez, quien en más de una ocasión se ha quejado del porqué no se actúa bajo la lógica de tierra arrasada y se acaba físicamente con los narcotraficantes.

Lo que ha hecho la Marina ha sido tolerado dentro del Gobierno, pero no es una política de Estado.
 
La CNDH no ha llegado a tal grado de denuncia. Se paró en el caso de Cuernavaca en la denuncia del “uso arbitrario de la fuerza pública y (vulnerar) los derechos a la integridad personal y al trato digno, así como a la legalidad y seguridad jurídica”.

Nada más, pero aun así, es demasiado. Si no son asesinos, como asegura el almirante Saynez, sí faltan todavía muchas explicaciones sobre su proceder.