El secuestro educativo

Mientras que una fracción sindical de maestros en Michoacán llamada CNTE amenaza con volver a boicotear la aplicación de la prueba Enlace, pareciera que el gobierno de Michoacán y sus funcionarios contemplan la amenaza como si se tratara de espectadores impávidos ante la escena trágica de una película sobre cuyo desenlace no tienen ningún control. El año pasado, el mismo sindicato hizo valer la amenaza anticipada de bloquear la aplicación de la prueba mediante el secuestro de camiones, el robo de paquetes y la quema de los exámenes.

Entre las consecuencias lógicas de la impunidad de dichos actos criminales tenemos hoy el anuncio anticipado de la repetición de los mismos actos en Michoacán sin que ninguna autoridad se apunte a impedirlo. Además, la impunidad sirve de ejemplo e incentivo para otros sindicatos. Mientras escribo, me entero de que en Guerrero la CETEG (Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero) ha boicoteado la realización de la prueba en 300 de las 5 mil 300 escuelas del estado.

Casualmente, Michoacán y Guerrero están entre los últimos lugares de la prueba Enlace. Michoacán, Guerrero y Oaxaca destacan como Estados donde se observan los peores resultados a pesar de que también se observa un nivel de gasto por alumno superior al promedio. En esos estados se observa también un número de maestros por alumno superior a la media nacional.

Con lo anterior, no debería sorprendernos que existan grupos dentro de esos estados que no quieran que se mida el desempeño educativo. Lo que es sorprendente es que las autoridades se laven las manos al tiempo que los padres de familia permanecen en su mayoría pasivos al respecto. Por ejemplo, el secretario de Educación de Guerrero declaró a la prensa su negativa de aplicar sanciones a la CETEG y les pasó la bolita a los padres de familia y los mandó a inconformarse con el sindicato. Aunque es indudable que la exigencia fundamental debe venir de padres comprometidos con la educación de sus hijos, en verdad es triste que las autoridades Estatales y Federales no intervengan para preservar la legalidad.

La prueba Enlace constituye uno de los mayores aciertos en la historia de la Secretaría de Educación Pública, ya que es el único indicador objetivo y parejo para comparar el aprendizaje entre estados, escuelas y alumnos.

Sin una medición de esas características, no pueden establecerse comparaciones que nos permitan saber dónde están los problemas de desempeño ni tampoco podemos comprobar qué tipo de medidas son más efectivas para resolverlos.

Los opositores a la prueba argumentan que “no se puede comparar escuelas de estados pobres con estados ricos.” No permitir la comparación y cerrar los ojos a las enormes brechas entre estados y entre escuelas privadas y públicas implica estar dispuestos a perpetuar las diferencias y con ello condenar al atraso a los más rezagados. Con ello, no sólo pierden los alumnos. Los maestros pierden la oportunidad de crecer y de acceder a mejores remuneraciones. Si en lugar del boicot los sindicatos disidentes optaran por negociar premios generosos a cambio de mejoras también generosas la situación cambiaría radicalmente. No cabe duda alguna de que debe ser mucho más difícil para los maestros de las zonas más rezagadas lograr que los alumnos alcancen buenos resultados.

En un comunicado de esta semana, diversas organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la educación reclaman al gobernador y a la Secretaría de Educación Pública de Michoacán tomar cartas en el asunto. En el comunicado señalan que Michoacán padece los mayores rezagos en materia educativa en el país con la deserción escolar más alta a nivel secundaria, el menor porcentaje de población con educación superior, el último lugar en matemáticas y lectura en la prueba EXCALE, y entre los últimos lugares en tasa de reprobación, absorción y eficiencia terminal. El impacto de estos rezagos sobre la competitividad del Estado y sobre las posibilidades de bienestar de su población es devastador.

Con todo, lo que resulta francamente inaceptable es que autoridades y padres de familia permanezcan impávidos mientras que los sindicatos reafirman su voluntad soberana de no avanzar ni dejar que nadie avance. Afortunadamente, parece que hay un grupo creciente de padres de familia quienes entienden que no pueden simplemente endosar al Estado o a las escuelas la responsabilidad de una educación de calidad para hijos.

Armando Chacón
(Director de Proyectos en el Instituto Mexicano para la Competitividad AC; Colaboración Especial)