Diputados avalan en comisiones la Ley Antisecuestro

CIUDAD DE MÉXICO (12/SEP/2010).- La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados acordó aprobar sin cambios la minuta de Ley General contra el Secuestro enviada por el Senado de la República a finales del pasado mes de abril.

La llamada Ley Antisecuestro prevé castigos desde 30 hasta 60 años de prisión a los plagiarios, y permitirá que la Procuraduría General de la República (PRG) atraiga los casos considerados obra de la delincuencia organizada.

Los miembros de la comisión, Josué Valdés Huezo, del PRI, y Oscar Arce Paniagua, del PAN, señalaron que los secuestros se han triplicado durante los últimos cinco años, por lo que urge aprobar sin cambios la ley que "prácticamente federaliza" este crimen.  

Valdés Huezo informó que la comisión ya acordó aprobar la minuta del Senado "en sus térmimos y sin cambios" para establecer sanciones más severas y una mayor colaboración entre los estados y la federación en el combate al secuestro.

"No queremos postergar la aprobación de una ley tan importante para frenar este delito y consideramos que el Senado tomó en cuenta muchas de las propuestas de los diputados. Ya posteriormente modificaremos algunos artículos y faltantes que se le encontraron, para no dejar ningún resquicio a la delincuencia".

El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el Estado de México, consideró que los instrumentos establecidos por la ley son urgentes para el Ejecutivo federal, la PGR y las procuradurías estatales.

Valdés Huezo estimó que con la ley se federaliza de facto el delito de secuestro, pues en la mayoría de los casos participan más de dos personas y cumplen otros requisitos para ser considerados obra de la  delincuencia organizada y la PGR deberá atraerlos.

Por su parte, el secretario de la Comisión de Justicia, Oscar Arce dijo que con la reforma los estados investigarán los casos de bajo impacto donde participan dos o una persona, así como el secuestro virtual vía telefónica.

Valoró la minuta del Senado que incluye penas de 30 años a los 60 años, cuando se mutila o se mata a la víctima, además de que autoriza a la PGR y procuradurías a intervenir llamadas telefónicas mientras e investiga un caso.

El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) confió en que los diputados aprueben la minuta antes que concluya septiembre.