Cuatro mujeres, las opciones del PRD para Quintana Roo

CANCÚN, QUINTANA ROO (02/JUN/2010).- La candidata por el Partido Acción Nacional (PAN) al Gobierno de Quintana Roo, Alicia Ricalde, afirmó que por cuestiones jurídicas no puede tomar el lugar de Gregorio “Greg” Sánchez, acusado de brindar protección a los cárteles del narcotráfico de los hermanos Beltrán Leyva y “Los Zetas”.

Sin embargo, llamó a la coalición a apoyarla de facto, como representante de un proyecto conjunto de la oposición, como en su momento le solicitó el propio “Greg” Sánchez.

En ese tenor, comentó que existe apertura para trabajar con la estructura de los partidos de oposición, al tiempo que exhortó a la ciudadanía a votar por ella el próximo cuatro de julio.

Junto a la candidata del albiazul, también se consideran como aspirantes viables a la propia esposa de “Greg”, Niurka Sáliva, e incluso a su hija Karina Sánchez. Maribel Villegas, ex diputada local cercana la familia García Zalvidea sería el otro as bajo la manga para luchar el 4 de julio.

Gregorio “Greg” Sánchez Martínez fue declarado formalmente preso por un juez federal de Nayarit, al considerarse que hay pruebas suficientes de su presunta responsabilidad en los delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada y narcotráfico. Con este fallo, el candidato de la alianza PDR-PT-Convergencia se verá impedido para participar en los comicios para la gubernatura de Quintana Roo.

El Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales resolvió que hay evidencias suficientes para someter a proceso penal a “Greg”. Además, dictaminó que Sánchez Martínez no tendrá el beneficio de la libertad provisional y que le serán suspendidos sus derechos políticos. Este último punto fue notificado al Instituto Federal Electoral (IFE).

“Greg” cuenta con 72 horas para apelar la formal prisión que le fue dictada por el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales de Nayarit, aunque no podrá modificarse la suspensión de sus derechos políticos aun cuando recurra a la apelación o bien solicite un amparo.

Así, el candidato de la coalición PRD-PT-Convergencia quedó prácticamente descartado como posible aspirante a la gubernatura de Quintana Roo.

Por su parte, el bloque opositor al Gobierno de Quintana Roo, que aglutina a los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia, determinó analizar todo el marco jurídico para empujar un nuevo candidato que sustituya a Gregorio “Greg” Sánchez Martínez en la contienda electoral por la gubernatura de aquella Entidad en próximo 4 de julio.

El PRD consideró que esta coyuntura política de Quintana Roo “es el primer round” rumbo a la contienda presidencial de 2012, que tiene implicaciones nacionales y que por ningún instante este organismo político abandonará la competencia electoral de este año.

Para saber

Lo juzga juez del “michoacanazo”

El veredicto contra Gregorio Sánchez Martínez, y por el cual no podrá participar en las elecciones para gobernador de Quintana Roo, fue emitido por el juez federal Carlos Alberto Elorza Amores, el mismo administrador de justicia encargado de librar las órdenes de aprehensión, y de procesar a 27 ex funcionarios de Michoacán que fueron detenidos alrededor de un mes antes del proceso electoral en esa Entidad, pero que un año después, en su mayoría, están libres y muchos han regresado como alcaldes o al cargo que ocupaban como servidores públicos.

La PGJDF sigue indagatoria por fraude que inició el alcalde

El procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, informó que continúan abiertas las indagaciones sobre una denuncia por fraude que inició Gregorio “Greg” Sánchez Martínez, en septiembre del 2009, por presunta falsificación de su firma en pagarés por 10 millones de dólares.

Esa cantidad es reclamada por el empresario Steve Santander Reyes, quien aseguró que en 2007 prestó ese dinero al candidato de alianza PDR-PT- Convergencia por la gubernatura de Quintana Roo.

Entrevistado al término de la inauguración del Foro Reformas a la Ley de Extinción de Dominio del Distrito Federal, el procurador comentó que hay peritos que consideran como verdadera la firma del candidato y otros dicen que no.
¿Y qué dicen los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal?
El perito de la Procuraduría determinó que la firma sí es de él, pero continúa el proceso judicial, contestó.

Para el procurador capitalino, las indagatorias sobre este caso están en curso y habrá que esperar hasta que termine la investigación.

De acuerdo a información hemerográfica, el empresario Steve Santander Reyes prestó este dinero a Sánchez Martínez para que financiara su campaña en busca de la alcaldía de Benito Juárez, Cancún.

El perredista podría enfrentar hasta 37 años de prisión

El Juzgado II de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Nayarit, dictó auto de formal prisión a Gregorio “Greg” Sánchez Martínez, en respuesta, el presidente del Senado y coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Navarrete, informó que ya se prepara un amparo para la defensa del perredista.

De acuerdo con el especialista del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), el abogado Manuel Ambriz Roldán, Sánchez Martínez queda sin derecho a  fianza y su permanencia en la prisión podría ir de entre cinco a siete meses, eso en caso de que el amparo fuera aceptado por el juez.

“Del solo delito contra la salud, Sánchez Martínez podría permanecer 37 años y medio en la cárcel, falta contar los otros dos delitos, así que las autoridades hacen un ‘promedio’ de años generales. Yo calculo que Gregorio podría obtener una pena máxima general de 37 años de cárcel, mientras no se le impongan más delitos de los que ahora tiene”.

“De momento (“Greg”) quedará bajo custodia de las autoridades, no alcanza fianza porque los delitos que se le imputan son delitos graves conforme a la legislación penal. En caso de que el amparo se apruebe el podría salir en máximo siete meses de prisión”.

Acusado de los delitos de “lavado” de dinero, delincuencia organizada y narcotráfico, Gregorio Sánchez enfrentará un proceso legal complicado y su candidatura para gobernador de Quintana Roo, queda descartada automáticamente.
“Al dictarle auto de formal prisión, el juez lo priva de sus derechos cívicos y políticos por enfrentar cargos legales, hablando de su vida política, ya no puede votar ni ser votado”.

“Se le atribuyen varios cargos por lo que el proceso puede ser más largo. Estaríamos hablando de un concurso real de delitos, además por ser un servidor público, él podría hacerse acreedor a una pena aún mayor, de acuerdo al Código Penal”.

Los servidores públicos se enfrentan a los años de condena correspondientes al delito que se les imputa y se le agrega la mitad de años de ésta, es decir, por el cargo de delitos contra la Salud, la pena máxima que enfrentaría es de 25 años, por lo que tendría que cumplir 25 más 12 y medio años más.
Fernanda Rangel