Contra Arizona

El calendario electoral estadounidense es siempre un momento de preocupación para la diplomacia mexicana. Cada cuatro años, las elecciones presidenciales de Estados Unidos y cada dos los comicios legislativos son una olla exprés en la que hierven con más facilidad las agendas de los grupos antiinmigrantes y antimexicanos.

Este año no ha sido la excepción. La “Ley de Inmigración, Aplicación de la Ley y Vecindarios Seguros”, la tristemente célebre SB 1070, avanzó fácilmente en el Estado de Arizona y empieza a tener eco en otros estados, como en Florida donde Bill McCollum, un precandidato a la gubernatura, impulsa una ley mucho más agresiva con los inmigrantes mexicanos que la misma ley Arizona.

Ante todo ello, la reacción en México ha sido doble. Por un lado, la del Senado, donde no ha faltado el tradicional performance del patrioterismo que grita en contra de la xenofobia y el racismo yanqui, pero que sólo sirve para ganar una declaración en la prensa o una entrevista en la tele o en la radio mexicana.

Por el otro, la diplomacia mexicana ha iniciado una labor discreta, pero innovadora, que ha tenido poco eco en México y que no ha sido entendida del todo.

El pasado 17 de mayo, seis de las más importantes organizaciones estadounidenses que defienden los derechos civiles (ACLU, MALDEF, NILC, APALC, NDLON y NAACP, por sus siglas en inglés) presentaron una demanda legal contra la ley SB 1070 por considerarla inconstitucional al violar las enmiendas uno y cuatro de la Constitución estadounidense (libertad de expresión y protección a incautaciones injustificadas, respectivamente).

La demanda de las organizaciones civiles estadounidenses es una muestra de que no todos los estadounidenses son racistas, xenofóbicos o antimexicanos y ha significado un esfuerzo de la sociedad civil del país del Norte por no permitir que leyes como la de Arizona se conviertan en instrumentos que minan las libertades y derechos civiles que garantiza la Constitución estadounidense.

Un mes después, el 22 de junio, el Gobierno mexicano presentó ante la Corte Federal de Distrito de Arizona un documento de apoyo a la demanda legal presentada por esas seis organizaciones. Con la asesoría de los despachos de los abogados Albert M. Flores y de Dewey & LeBoeuf LLP, el Gobierno mexicano presentó un Amicus Curiae en el que señala que la Ley Arizona “daña las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos; entorpece o dificulta los intercambios comerciales y turísticos entre México y el Estado de Arizona; desviela los esfuerzos a nivel federal para alcanzar una reforma migratoria; y obstruye la cooperación bilateral para combatir el tráfico de drogas ilegales”.

Adicionalmente, la diplomacia mexicana consiguió que 11 gobiernos latinoamericanos (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Perú) se sumaran al Gobierno mexicano en ese documento y solicitaran también a la Corte Federal de Distrito declarara inconstitucional la ley Arizona.

En paralelo, la red de consulados mexicanos abrió un centro de atención telefónico para hacer denuncias sobre la aplicación de la ley Arizona así como ha anunciado una serie de foros comunitarios sobre los efectos de la ley.

En otras palabras, revisando las experiencias de cabildeo mexicano en Estados Unidos, antes dirigido en especial al Poder Legislativo, la diplomacia mexicana ha empezado una nueva vía: el cabildeo judicial combinado con consultas con la sociedad civil estadounidense y con la tradicional diplomacia multilateral. Este esfuerzo es innovador y tuvo ya un primer resultado: la jueza federal de distrito Susan Bolton bloqueó la entrada en vigor de cuatro disposiciones de la ley.

Nuevamente, la pregunta queda al aire. El Senado mexicano es constitucionalmente parte fundamental de la política exterior y en el caso de la Ley Arizona vuelve a quedar manifiesta su inacción, pese a que hay hoy como nunca un grupo de senadores con una trayectoria de peso y con experiencia directa en la labor diplomática.