Admite PGR fallas estructurales

CIUDAD DE MÉXICO (29/ENE/2012).- En la Procuraduría General de la República (PGR) hay deficiencias que pueden afectar el proceso de procuración de justicia.

Un diagnóstico interno —del cual tiene copia el diario El Universal— permitió a la dependencia detectar ocho “riesgos institucionales” en todas las áreas, que entre otras cosas provocan una deficiente investigación en los delitos, o la incapacidad para ejecutar órdenes de aprehensión.

César Chávez, visitador general de la PGR, dijo que a partir de este diagnóstico proyectaron 25 tácticas y acciones de mejora para enfrentar las posibles deficiencias. “Se diseñaron tres acciones como nuevas políticas de seguridad en tecnologías de información para normar y regular qué funcionarios tienen acceso a puertos USB, quiénes pueden acceder al correo electrónico, a redes sociales y quién puede traer celulares dentro de las oficinas de la PGR, para evitar la fuga de información”.

Desde diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón asumió la Presidencia, por la PGR han pasado tres procuradores: Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez Chávez y Marisela Morales.

En la gestión de Medina Mora se aplicó la “Operación Limpieza”, por la que cayeron 25 funcionarios de la PGR, acusados de brindar información a los cárteles de Sinaloa y los Beltrán Leyva. Uno de los procesados fue el ex titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Noé Ramírez Mandujano, hombre de confianza del entonces procurador.

En tanto, durante la actual gestión de Marisela Morales el común denominador en la dependencia ha sido la depuración; basta decir que en agosto pasado 21 de los 32 delegados estatales de la PGR fueron cesados. Morales informó que la depuración era necesaria “para dar a la ciudadanía los resultados que legítimamente exige”.

LAS ANOMALÍAS

1.- Las averiguaciones previas y el proceso penal no están organizados de manera integral, lo que las hace poco confiables.

2.- Hay funciones indebidamente ejecutadas por el personal.

3.- Hay facilidad de filtraciones de información institucional.

4.- Órdenes de aprehensión no ejecutadas.

5.- Deficiente investigación del delito.

6.- Insuficiencias para asegurar la legalidad en el comportamiento de los servidores públicos.

7.- Inadecuada administración de recursos humanos.

8.- Falta de confianza en la institución por parte de los ciudadanos.