Abogados dudan de credibilidad de testigos protegidos en Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO.- Abogados de los ex funcionarios de Michoacán consignados por colaborar con “la Familia Michoacana” cuestionaron la credibilidad de los testigos protegidos que acusan a sus representados, particularmente el de clave “Ricardo”, quien declara en varios procesos y ha sido señalado como testigo falso en dos sentencias de jueces federales.

En entrevistas por separado, confirmaron que los acusados solicitaron duplicar el plazo para que se defina su situación jurídica, para ofrecer las pruebas de descargo que la Procuraduría General de la República (PGR) se negó a desahogar mientras estuvieron arraigados, y reiteraron que el caso tiene un trasfondo político.

José Luis Contreras y Alejandro Tavera, abogados de Uriel Farías Álvarez y Miguel García Hurtado, ex edil de Tepalcatepec y ex procurador de Justicia estatal, respectivamente, afirmaron que las acusaciones de los testigos protegidos son ambiguas e, incluso, contradictorias, en especial las del ex policía judicial de Michoacán identificado como “Ricardo”.

“El testigo declara en este proceso y en el de Juan José Farías, hermano de mi cliente, pero también en otros dos que se llevaron en Cuernavaca y Cancún, donde los jueces, en las sentencias, lo consideraron un testigo falso y desecharon sus declaraciones”, explicó José Luis Contreras.

En este caso, el testigo acusa al ex edil y a un supuesto hermano suyo, de nombre Nemesio, de traficar con metanfetaminas. Sin embargo, en el proceso de Juan José Farías, se refiere al procesado y a Nemesio Oseguera como dos personas diferentes, una contradicción que el Ministerio Público trató de corregir con una ampliación de declaración del 5 de junio.

“Esa prueba es ilegal, porque no se nos dio a conocer, aunque mi cliente tiene derecho a conocer las pruebas en su contra, y porque el testigo trata de corregir su versión diciendo que el hermano de mi cliente no se llama Nemesio, sino Juan José. Son testimonios amañados, que parecen haber sido perfeccionados por el Ministerio Público y sólo firmados por los testigos”.

“De sus declaraciones da la impresión de que el testigo ha sido inducido y manipuladas sus declaraciones. Él declara en por lo menos tres procesos diferentes, pero no de casos de Michoacán, sino de toda la geografía del país, como Monterrey, Cancún”, dijo por su parte Alejandro Tavera, abogado del ex procurador Miguel García Hurtado.

Juan Rivero Legarreta, defensor del ex edil de Zitácuaro, Antonio Ixtláhuac, cuestionó la diferencia en el trato que se dio a los 30 funcionarios detenidos el mes pasado respecto de otros servidores públicos que también son mencionados por los testigos protegidos, a quienes les hacen imputaciones similares.
 (El Universal)

El PRD busca llevar a juicio político a Medina Mora       
Acusan abuso de facultades

CIUDAD DE MÉXICO.- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) aseguró que buscarán llevar a juicio político al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, por “faltar a sus obligaciones y abusar facciosamente de sus facultades”.
Lo anterior, en una carta firmada por el presidente nacional del PRD, en la que acusa al Gobierno federal de utilizar la lucha contra la delincuencia organizada con fines políticos para perjudicar la imagen del partido, y en especial del gobernador perredista de Michoacán, Leonel Godoy.

“Parece que se escoge a Michoacán para configurar un caso político mediante el uso del Ministerio Público. Esa conducta hace presumir que al procurador general de la República le ordenan actuar en tal o cual entidad federativa de acuerdo a la identidad política de sus gobernantes”, sostiene Jesús Ortega.

El pasado 26 de mayo el Gobierno federal desplegó en Michoacán una operación para detener a 30 personas, entre ellos 10 alcaldes y 20 funcionarios locales, incluyendo al procurador estatal, para acusarlos de integrar una red de protección policial y política del cártel de las drogas conocido como “La Familia Michoacana”.

“Es más que evidente que el Ejecutivo federal está interesado en conquistar el mayor número de diputados federales para el Partido Acción Nacional. Por lo que se observa particularmente en Michoacán a Felipe Calderón y a Germán Martínez obsesionados por ganar en la Entidad de la cual son originarios”.

El vicecoordinador del PRD en el Senado, Silvano Aureoles, dijo por su parte que los señalamientos del Gobierno federal en contra de un mandatario estatal emanado del PRD se dilapida cualquier posibilidad de acuerdo entre las fuerzas políticas posterior al 5 de julio.
(El Universal)

CRÓNICA

“La Familia” creció por cobijo oficial, asegura

Con protección de funcionarios públicos corruptos y después de romper su alianza con el cártel del Golfo y su brazo armado, el grupo criminal de La Familia Michoacana continuó su expansión operando rutas bajo control de los cárteles de Tijuana y Sinaloa.

Éstas y otras revelaciones de testigos protegidos y anónimos de la Procuraduría General de la República (PGR) están asentadas en el expediente con el cual se consignó a 27 servidores públicos de Michoacán por sus presuntos nexos con el citado grupo criminal.

Un ex policía que ahora es parte de los colaboradores de la PGR, e identificado como “Ricardo” indicó que dentro de la estructura de mando de La Familia Michoacana hay un encargado directo de reclutar en Michoacán y otras entidades donde opera el grupo criminal, autoridades de los tres niveles de Gobierno con fuertes cantidades de dinero en dólares, así como la de coordinar con diferentes partidos políticos la selección de candidatos y colaboradores.

Los informes, a los que tuvo acceso “El Universal”, contienen además reportes anónimos como el recibido el 15 de diciembre pasado en el que una voz de hombre hace acusaciones contra funcionarios presuntamente relacionados con La Familia Michoacana.
Según esas declaraciones, la población michoacana está asolada por las acciones criminales de ese grupo delictivo que cuenta con el respaldo de autoridades en por lo menos 10 ayuntamientos.

Ese testimonio anónimo que se encuentra contenido en el expediente PGR/SIEDO/UEIDCS/398/2008 señala que “funcionarios corruptos los apoyan y parte del dinero es para mantener el control de las plazas para el tráfico de grandes cantidades de mariguana y cocaína que son llevados en tráileres de La Familia Michoacana que anteriormente cruzaban por rutas que le permitía el brazo armado del cártel del Golfo por Tamaulipas y actualmente utilizan rutas que les permiten los cárteles de Tijuana y Sinaloa”.

En el anónimo, que fue integrado dentro de las investigaciones oficiales realizadas por fiscales de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), da cuenta que La Familia Michoacana tiene bajo su control el Puerto de Lázaro Cárdenas, punto clave para el desembarque de drogas que vienen del exterior, como la efedrina, además de contar con abogados que asesoran directamente a los altos miembros de la organización.

De policía de cártel a protegido

En tanto, el testigo protegido Ricardo aceptó que él fue policía y desde 1991 y a lo largo de su carrera se ligó con miembros de los cárteles del Milenio y del Golfo, donde su labor fue no sólo proteger a delincuentes, sino además recolectar, custodiar y trasladar cargamentos de mariguana, cocaína y ice. Con quien inició sus actividades delictivas fue con el ahora preso Carlos Rosales Mendoza, “El Carlitos” o “El Tísico”, quien controló las operaciones de narcotráfico en Michoacán y Guerrero.  (El Universal)