ABC; todos defraudados

Para los conocedores del derecho, no es novedad el resolutivo final al que llegó la Suprema Corte de Justicia en el caso de la guardería ABC y que, como todos saben, concluyó al involucrar en violaciones graves de garantías individuales, sólo a servidores públicos menores. ¿Por qué no es novedad el resultado?

Porque el espíritu y aplicación del Artículo 97 constitucional es, paradójicamente, una aberración constitucional. Es decir, la Constitución faculta a la Corte a investigar violaciones graves de las garantías individuales, pero esas facultades no le permiten al Máximo Tribunal señalar culpables. Esa facultad corresponde al Ministerio Público, y la persecución de los delitos a instituciones como la PGR. Así, la Corte tiene serias limitaciones y al final de cuentas, todos resultan defraudados.

Lo increíble del caso, es que a pesar de que cada ciclo de la intervención de la Corte en el 97 Constitucional, la amnesia colectiva reaparece y, con más rabia que razón, se acusa a la Corte de propiciar la impunidad, de defender quién sabe qué intereses perversos y a quién sabe qué altos potentados. A los ministros se les acusa de ser algo así como lo más parecidos a traidores de la patria.

Hoy, una vez que la Corte terminó la investigación, discusión y votación del caso ABC —y ya desde los días previos—, la Corte y sus ministros son vapuleados por familiares de los niños muertos —quienes con toda razón se dicen defraudados—, por la llamada opinión pública y por la fuerza del peso mediático. Pero si se revisa en detalle el debate de tres días en el pleno de la Corte, se puede concluir que los propios ministros se refieren a serias limitaciones legales.

Más aún, no pocos ministros han expresado que el Poder Legislativo desaparezca o modifique el 97 constitucional, que a pesar de su ley reglamentaria, convierte en obsoleta la facultad del 97 constitucional. Al final de cuentas, los resolutivos a partir de ese apartado constitucional, sólo polarizan a la sociedad, lastiman aún más a los afectados de las violaciones constitucionales y dejan a todos con un fuerte sentido de frustración. Pero además —y acaso es el efecto más peligroso—, es que desata la tentación de convertir a la Corte en un Tribunal de Conciencia, en una moderna versión de la Inquisición.

Así, ante la rabia de muchos, la Corte exoneró al ex director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas; al actual director, Daniel Karam, así como al ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours, además de una docena más de servidores públicos implicados por el ponente, Arturo Zaldívar. Lo más preocupante es que muchos creen y otros quieren seguir creyendo que la Corte es “el villano favorito”.

En el camino

El 25 de mayo pasado, aquí adelantamos que sólo serían responsabilizados funcionarios menores. Muchos nos insultaron y otros hasta apostaron que sería diferente.