Recuperar las viviendas abandonadas, así como impulsar los mecanismos de financiamiento tanto para la obtención como para el mejoramiento de una casa, son algunos de los objetivos del Programa Nacional de Vivienda, mediante el cual se pretende reducir el rezago habitacional, indicó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) del Gobierno federal.Al presentar esta nueva estrategia, Román Meyer Falcón, titular de la Sedatu, indicó que de las 34 millones de viviendas en el país, 9.4 millones presenta rezago habitacional. De éstas, 79% tiene materiales precarios, 2% no cuenta con drenaje y 19% presenta hacinamiento entre los habitantes.Expresó que se perdió la rectoría del Estado en la materia, por lo que se construyeron desarrollos habitacionales alejados de los centros urbanos, sin servicios y sin conectividad, debido a que se actuó a favor de los intereses de la industria.Y remarcó que el Infonavit estima que hay 650 mil viviendas abandonadas en todo el país. “En las últimas décadas se perdió la rectoría del Estado en materia territorial y de vivienda. No podemos hablar de seguridad o desarrollo si no se atiende este tema. El 80% de la infraestructura urbana es vivienda, es un elemento central en la rectoría del Estado”.Hizo un llamado a trabajar de manera conjunta para transformar el entorno y formar comunidad.Resaltó que el Programa Nacional de Vivienda plantea una nueva visión en la que el acceso a una casa es un derecho humano y no “un instrumento de especulación financiera”.La estrategia atenderá prioritariamente a las personas que más lo necesitan y que habitan en las regiones que presentan un mayor rezago de vivienda (especialmente en el Sur-Sureste del país).Carina Arvizu Machado, subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, informó que entre los objetivos del programa destacan: establecer un modelo de ordenamiento territorial y gestión del suelo que considere la vivienda adecuada como elemento central de planeación del territorio; garantizar la coordinación entre los organismos nacionales y los distintos órdenes de Gobierno para el uso eficiente de los recursos, así como trabajar en conjunto con el sector social y privado para fomentar las condiciones que sean conducentes al ejercicio del derecho a la vivienda adecuada.“Algunas de las metas es reducir el rezago (habitacional) en 2.2 millones, crecer 11% en el sector y reducir 25% el costo de los trámites. Hoy, con reglas claras, estamos dando rumbo a la Política Nacional de Vivienda recuperando la rectoría del Estado en el territorio y, también a través de la vivienda, construyendo territorios de paz y justicia”.La secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, reiteró su compromiso para contribuir en garantizar el derecho a la vivienda adecuada. “Hoy estamos demostrando que haciendo sinergia podemos trabajar para generar bienestar para la gente. Estamos trabajando con una metodología en la que 40% lo está aportando el Gobierno estatal, 40% la Conavi y 20% lo aporta directamente la familia de sembradores”, subrayó, a propósito del Programa Sembrando Vida.Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, recordó que una de las obligaciones del Estado es avanzar en la Agenda 2030, además de encontrar formas de financiar a quienes más lo necesitan. “Me comprometo a trabajar de la mano con todos ustedes, reforzar las mesas que ya tenemos con el sector privado y encontrar las soluciones que tanto hacen falta en este país. Esperemos que este sea uno de los legados que el Presidente Andrés Manuel López Obrador deje en su Gobierno”.Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), acentuó el compromiso del sector empresarial de trabajar con el Gobierno de México para lograr el bienestar social y el crecimiento socio-económico.De acuerdo con Carlos Martínez Velázquez, titular del Infonavit, en el país existen 650 mil casas que tienen una condición de abandono, de las cuales se prevé su recuperación en una primera fase de 171 mil unidades distribuidas en 46 polígonos.Indicó que “la primera etapa del programa lo estimamos sacar en los primeros tres años del Gobierno, para ir recuperando estas viviendas y sobre todo tener estos proyectos integrales de desarrollo. Es muy importante hacer ese acompañamiento”.El Gobierno federal invertirá en el sexenio 2.3 billones de pesos para reducir el rezago del desarrollo de vivienda.Tras la presentación del Programa Nacional de Vivienda 2019-2024, Román Meyer Falcón dijo que se busca beneficiar con 5.4 millones de acciones (entre financiamientos y apoyos) a 20 millones de mexicanos.“Uno de cada tres hogares no tiene escrituras, uno de cada cinco necesita mejorar o ampliar su vivienda, pero tres de cada 10 son extorsionados, entonces necesitamos cambiar esta realidad”.Carina Arvizu Machado, subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, mencionó que el programa será coordinado por la Sedatu y estarán participando la Sociedad Hipotecaria Federal, la Comisión Nacional de Vivienda, el Infonavit y el Fovissste. “Este programa es pionero en el mundo por su alineación a los criterios de vivienda adecuada de la ONU. Sus objetivos y estrategias fueron construidos con diversos actores de los sectores privado, público y social a través de foros, mesas de diálogo y reflexiones en todo el país”.La seguridad de la tenencia se refiere a las personas que cuentan de forma continua y segura con el derecho al suelo y, en consecuencia, a la posesión de la vivienda. Esto incluye el acceso a la tierra en distintas modalidades a la propiedad privada, como las comunidades ejidales, comunales o cooperativas. Sin embargo, 16.3% de las viviendas propias habitadas carece de tenencia segura por falta de escrituras en el país.Lo anterior repercute especialmente en los grupos en condición de vulnerabilidad, como la población indígena y los hogares rurales, donde las casas carecen de escrituras en una proporción más elevada (23.6% y 25.3%, respectivamente).El Gobierno precisa que, en ciertos casos, sí cuentan con el reconocimiento de las autoridades de sus comunidades. Sin embargo, para que la tenencia sea segura se requiere cuando menos del reconocimiento escrito de la autoridad municipal, que implica la escrituración para proteger al propietario y sus herederos.Por otro lado, para la vivienda en renta se necesita un contrato de arrendamiento con base legal para formalizar y armonizar la relación entre el inquilino y el propietario. Pero esto se encuentra lejos de ser garantizado para ambos casos, existiendo retos que caracterizan las deficiencias a subsanar para lograr la tenencia segura en México. El primero es que se desconoce la magnitud exacta del problema; por ejemplo, si bien el Instituto Nacional de Suelo Sustentable estima que en el país existen 7.5 millones de lotes irregulares de uso habitacional, no existe un registro o medición oficial al respecto.Otro reto se refiere al proceso de escrituración, que adolece tanto de información como de difusión ineficiente en relación a los trámites y catastros realizados en el Registro Público. Esto resulta en procedimientos tardados y costosos para las personas.De acuerdo con datos reportados por la Condusef, los gastos notariales llegan a representar hasta 10% del valor de un inmueble.La falta de asequibilidad de una escritura perjudica a las personas propietarias, pues además de exponerlas al riesgo de sufrir invasión o desalojo, limita el pleno ejercicio de los derechos sobre una propiedad.Durante el primer semestre de 2019, la venta de vivienda popular en Jalisco bajó. Mientras en los primeros seis meses del año pasado se colocaron 13 mil 894 casas de interés social, en el mismo periodo de este año fueron sólo seis mil 722.El Estado fue el que registró la mayor caída a nivel nacional en la colocación de casas con valor de entre 316 mil y 537 mil pesos, seguido por Yucatán, Querétaro, Hidalgo y Guanajuato, de acuerdo a información de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).Fernando Córdova Canela, jefe del Laboratorio de Vivienda en la UdeG, comenta que esta caída está relacionada a la disponibilidad de los subsidios federales, los cuales se redujeron en este año.El Programa Vivienda Social, a través del cual se otorgan apoyos a la población de bajos ingresos para vivienda asistida y cofinanciamientos, tuvo el presupuesto más bajo de los últimos siete años.La bolsa a repartir es de mil 726 millones de pesos en este año, frente a los seis mil 837 millones que se presupuestaron el año pasado.
