Sindicalizados acusan sin sustento: Secretaría de Salud

GUADALAJARA, JALISCO.- Autoridades de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) consideran menores las inconformidades de los trabajadores, recientemente anunciadas por el Sindicato de Oficina Central, y aseguran que el conflicto se encuentra en un sólo punto y no en toda la dependencia, por lo que descartan un paro laboral como el del año pasado.

El director de Recursos Humanos, Jesús Palomino López manifestó ayer que las acusaciones no tienen sustento y por lo tanto no son comprobables: “La queja que salió en los medios es muy focalizada, y no es tan agravante como mencionan, hay muy buena relación con el secretario (de la Sección 28 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la SSJ, Ernesto Villanueva), y hacia el interior del Estado todo está en calma”.

El pasado viernes, se dio a conocer la queja expuesta por el líder sindical, Marcos García Cárdenas, respecto a un descuento irregular de alrededor de 240 pesos quincenales de agosto a noviembre, sobre el sueldo de los sindicalizados.

Palomino López explicó que durante el 2008 hubo reformas y derogaciones de artículos; el 113 se reformó, mientras que el 114 y 115 se derogaron, éstos últimos referentes a los subsidios.

“Cuando vienen los ajustes para saber lo que se retuvo durante el 2008 en cuanto a ingresos, hubo una mayor carga impositiva. En mayo, a nivel federal nos dicen que no va a haber subsidio este 2009, por los acontecimientos de la influenza, entre otras cosas, entonces se les cargó un poco más a los trabajadores”.

A algunos empleados se les descuenta desde la última quincena de julio, y para otros hubo devolución de dinero en una quincena. Del personal federal, a un total de 4 mil 517 trabajadores se les devolvió un monto de 514 pesos, que hacen una suma de un millón de pesos. Respecto al personal estatal, hubo 845 empleados, a quienes se les devolvió 850 pesos, con un total global de 725 mil pesos.

No todos corrieron con la misma suerte. A mil 550 trabajadores federales se les descontará un monto de mil 610 pesos en nueve quincenas, mientras que los trabajadores estatales afectados fueron 575, con un promedio de mil 700 de cargo en contra; y en total, en el concepto federal y estatal, la carga impositiva es de tres millones 500 mil pesos.

“Son impuestos, y son de la Secretaría de Hacienda, no es una cuestión arbitraria y que nosotros estemos tratando de disfrazar alguna situación”. Según el funcionario, el descuento se da hasta agosto porque es en este mes cuando el sueldo de los trabajadores aumentó un 4.9 por ciento.

“Se sacan los cálculos, se llega a un acuerdo con el sindicato y se aplica”. Hace 15 días, Palomino López habló con todos los delegados y les explicó acerca de los ingresos, cuáles eran los artículos que se reformaron y quiénes se iban a ver afectados, por lo que se dijo sorprendido de que algún delegado no haya bajado la información entre la gente que coordina.

Por otra parte, las acusaciones de los sindicalizados en materia de entrega de finiquitos irregulares y contrataciones laborales “a destajo”, Palomino López aseveró que son acusaciones sin fundamento.

“Estos señalamientos los tienen que sustentar, muchos de ellos no tienen el sustento y nada más lo hacen con el afán de estar atendiendo situaciones personales, que nosotros, por los asuntos y la complejidad que estamos viviendo en salud pública, la verdad es un desgaste importante”.

No hay “terrorismo laboral”, afirman

Otra de las inconformidades del gremio sindicalizado fue el levantamiento de actas administrativas “sin razón”, por lo que el director de Asuntos Jurídicos de la dependencia, Fidel Ortega Robles, indicó que cada mes se levantan de seis a siete actas en todo el Estado, y las causas van desde faltas no justificadas, hasta el mal desempeño.

“No sólo es en oficinas centrales, no hay un hostigamiento ni un terrorismo laboral de parte de Asuntos Jurídicos”.

Además dijo que no ha recibido por escrito ninguna de las 62 quejas que Castro Cárdenas dice tener de los trabajadores.

Los funcionarios señalados por los sindicalizados presentaron dos denuncias penales por difamación ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, en contra del líder sindical, Castro Cárdenas.