Sin aceptar anomalías, la UdeG hará ajustes en sus finanzas

GUADALAJARA, JALISCO.- El viernes en el Paraninfo Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara (UdeG), se concretó la renovación del Consejo General Universitario (CGU), y se aprobaron las reformas derivadas de la sesión del 29 de agosto, en que fue destituido Carlos Briseño Torres. Durante la sesión, que duró cerca de cinco horas, y que transcurrió sin oposición alguna, se ejecutaron las reformas en torno a los procedimientos de descentralización institucional que iniciaron a gestarse desde agosto. Entre los dictámenes aprobados, se declaró como válida y legal la elección de consejeros académicos, alumnos y directivos del CGU para el periodo 2008 y 2009, “en virtud de haberse llevado a cabo de conformidad con la normatividad universitaria”. No obstante, en su momento y hasta la fecha, dicho sufragio para la renovación de consejeros fue tachado por el equipo de Carlos Briseño Torres como “amañado”.

A la mitad de la sesión, a modo de relatoría sobre lo ocurrido durante el último encuentro del CGU, el secretario general, Alfredo Peña Ramos, señaló las 14 “causas graves” por las que fue destituido Briseño Torres y su vicerrector ejecutivo, Gabriel Torres Espinosa:

1.- Dolosas intenciones dilatorias para cumplir con su responsabilidad de presentar ante el pleno la propuesta de presupuesto de egresos e ingresos 2008.

2.- Menosprecio demostrado a los órganos consultivos y de gobierno.

3.- Boicot operado contra el CGU y sus comisiones, al prohibir, por escrito, a los funcionarios de la administración general su participación en los trabajos de las comisiones, si no mediada citatorio escrito firmado por rector general, so pena deceso.

4.- Ordenar por escrito a los secretarios general y de actas y acuerdos, abstenerse de convocar a comisiones.

5.- Ordenar al secretario general que ignorara  la solicitud por escrito de las dos terceras partes del CGU, para sesionar.

6.- Haber descuidado el ejercicio de su cargo, por su reiterado activismo político.

7.- Violar la norma al desconocer contratos debidamente firmados por funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones.
8.- Presionar a funcionarios a renunciar.

9.- Amenazar a consejeros integrantes de la Comisión de Hacienda, en caso de asistir a reuniones legalmente convocadas.
10.- La ejecución de una política de medios facciosa.

11.- Usar el servidor de cuentas electrónicas para realizar espionaje y propaganda.

12.- Violar el voto de confianza que la UdeG le otorgó en su momento.

13.- Haber pretendido clausurar la asamblea habiendo asuntos por tratar y abandonar el recinto en plena sesión.

14.- Desacato a la petición del pleno de que no se retirara de la sesión.

Y con respecto al ex vicerrector de la UdeG, se nombraron las siguientes “causas graves”:
1.- Usurpar funciones que corresponden a otros subsistemas.

2.- Coaccionar al ombudsman de medios UdeG.

3.- Ser brazo ejecutor del ex rector general en su guerra sucia.

4-. Abandonar el recinto sin justificación el pasado 29 de agosto.

Por otra parte, antes de finalizar la sesión de ayer, el rector sustituto de la UdeG, Marco Antonio Cortés Guardado, informó que crearán una comisión para visitar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes analizan el procedimiento el amparo interpuesto por Briseño Torres para que el CGU no emprendiera acciones en su contra, como terminó ocurriendo el pasado 29 de agosto. Lo anterior, a petición del consejero Manuel Castelán.

Sobre los 14 puntos que argumentan como “causas graves”, destaca que Briseño Torres sostiene que no cometió anomalía que justifique su destitución, ya que “no maté, no violé y no robé”. Incluso, asegura que regresará a la Rectoría.

Dan plazo hasta el 31 de diciembre

Aunque las observaciones emitidas por el despacho externo Salles Sainz Grant Thornton a la auditoría realizada a la UdeG no son reconocidas como irregularidades que ameriten sanciones  administrativas, el rector sustituto, Marco Antonio Cortés Guardado, puso como fecha límite para la comprobación de los gastos faltantes el 31 de diciembre del año en curso. Y por primera vez sentenció que habrá escarnios en caso de que se encontrasen anomalías.

De acuerdo con Cortés Guardado, ante la falta de comprobación de recursos que vienen evidenciándose por lo menos desde hace 10 años en que Salles Sainz Grant Thornton realiza auditorías a la UdeG --empresa a la que se paga más de un millón de pesos anuales, según denunció Carlos Briseño Torres--, se requiere implementar un sistema administrativo más eficiente, en el que los recibos por concepto de gastos al interior de cada una de las dependencias universitarias sean registrados con mayor agilidad.

“(Ante) las constantes publicaciones sobre presuntas irregularidades internas en la universidad”, Cortés Guardado emitió un pronunciamiento para negar cualquier tipo de desvío de recursos. Sin embargo, instruyó a todos los funcionarios que poseen control sobre parte del presupuesto universitario (que durante el presente año ascendió a los siete mil millones de pesos), a que entreguen a la Dirección de Finanzas los documentos comprobatorios de los recursos pendientes señalados por la auditoría, y que hasta el momento “sólo resta por ser cubierto un saldo aproximado de 101 millones de pesos”. Y señaló a dependencias que, “por su tamaño y capacidad estudiantil”, requieren comprobar una mayor cantidad de recursos faltantes, entre ellas: Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS), Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), Sistema de Educación Media Superior (SEMS), así como el propio Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), en donde él tuvo la batuta antes de asumir el cargo de la Rectoría General.

En este sentido, el vicerrector de la UdeG, Miguel Ángel Navarro Navarro, y el consejero general universitario Tonatiuh Bravo Padilla, respaldaron a Cortés Guardado, afirmando que los señalamientos de Carlos Briseño son “mediáticos e infundados”. El segundo en mención consideró “incongruente” la actitud de Briseño Torres, al señalar presuntas irregularidades en una fiscalización externa que presentó ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en julio del presente año, “como una muestra de la transparencia y buen manejo de recursos universitarios”.