Postergan mochila transparente

GUADALAJARA, JALISCO (04/OCT/2011).- Lo habían anunciado, pero no cumplieron. La Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) volvió a dar otra fecha para que se oficialice la entrega de las mochilas transparentes para escuelas inseguras:  será hasta el siguiente año, pues hasta el momento no cuenta con la solvencia económica para comprar las 150 mil mochilas presupuestadas, afirma el secretario Antonio Gloria Morales.

El primer anuncio contemplaba el inicio del programa para el mes de agosto, en el comienzo del ciclo escolar; después, reprogramaron el arranque para la segunda quincena de septiembre. Hoy el funcionario aclara que será hasta el próximo año cuando se empiecen a entregar las mochilas.

“(El proyecto) está atorado por falta de presupuesto, de liquidez; la Secretaría de Administración es la que tiene el dinero, esperamos que pronto pueda salir adelante”.

Con el presupuesto del año en curso pretenden comprar la mayor cantidad de mochilas con 10 millones de pesos. En el peor de los escenarios, estima que “mientras se aprueba el próximo presupuesto, las mochilas tendrían que entregarse hasta abril, pero esperamos que eso no suceda y las podamos entregar en enero”.

En agosto pasado este diario publicó que las mochilas transparentes forman parte del programa federal Escuela Segura, mismas que serían proporcionadas por la Secretaría de Educación Jalisco, pero no con el inicio de clases sino hasta la segunda quincena de septiembre, fecha en que se supondría que concluiría el proceso de licitación.

El proyecto fue dado a conocer en abril pasado por Antonio Gloria Morales, quien resaltó que la idea era que ninguno de los estudiantes pudiera ingresar drogas o cualquier arma a las aulas. Dijo que la iniciativa tendría un costo, en ese entonces, de entre 15 y 20 millones de pesos, que serían aportados por el Gobierno de Jalisco. A casi seis meses de los dichos, el único presupuesto aprobado es el de 800 mil pesos.

La polémica por los derechos humanos

El uso de la mochila transparente “es violatorio de la dignidad de los menores y, por ende, atenta contra sus derechos humanos”, estimó la profesora de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, de la Universidad de Guadalajara, Silvia Patricia López González.