Opacidad y discrecionalidad en ASEJ

GUADALAJARA, JALISCO (25/NOV/2013).- La Auditoría Superior del Estado de Jalisco ( ASEJ) oculta los informes finales de las auditorías aplicadas, aunque publicarlos es una obligación legal. En estos documentos se integran los hallazgos de las revisiones anuales de las cuentas de entidades públicas fiscalizadas, así que permiten conocer las irregularidades y las recomendaciones formuladas; sin embargo, no se difunde esa información y los ciudadanos no pueden conocer el desempeño financiero de sus autoridades, como sí ocurre en el Distrito Federal, Estado de México, Baja California, Sonora, Coahuila, Veracruz y Campeche.

La ASEJ tampoco rinde cuentas sobre su programa anual de auditorías de forma completa en el portal electrónico www.asej.gob.mx. Éste detalla los planes sobre el número y tipo de auditorías a realizar y los sujetos fiscalizables. “Esta ausencia es riesgosa, ya que deja un amplio espacio para la realización de auditorías en forma discrecional”, advierte el estudio “Auditorías Superiores Locales en México: evaluación de su normatividad, prácticas y transparencia”, elaborado por el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA) de la UdeG y el Instituto Mexicano para la Competitividad ( Imco), en el que se precisa que solamente San Luis Potosí, Colima, Guanajuato y Distrito Federal cumplen con esta responsabilidad.

En resumen, el estudio evaluó el contenido y la calidad de la información del portal electrónico de la ASEJ y obtuvo una calificación reprobatoria de 55 puntos (en una escala de cero a 100), superada por sus homólogas de 15 entidades, encabezadas por Distrito Federal, Colima y Guanajuato.

El organismo fiscalizador dirigido por Alonso Godoy Pelayo tampoco publica las sanciones a funcionarios públicos ni el seguimiento a las mismas. Esta información es importante porque promueve la rendición de cuentas, al conocer a los burócratas con una mala gestión del erario.

“La Auditoría no puede realizar auditorías extraordinarias ni de desempeño, no tiene la obligación de realizar un programa anual de auditorías, no se establece con claridad la función del Poder Legislativo en la fiscalización superior y la publicación del informe de resultados está condicionada a la revisión por parte del Legislativo”, revela el diagnóstico, y precisa que, en su portal, no existen herramientas para educar e informar a la ciudadanía. “Se recomienda subir el informe final, informes específicos de auditorías, seguimiento a recomendaciones, seguimiento a sanciones y metodología y criterios de fiscalización”. El diagnóstico califica a la Ley de Fiscalización de Jalisco como una de las peores de su tipo en México.