Ocampo pide prórroga para aclarar cuenta pública 2008 del SIAPA

GUADALAJARA, JALISCO (28/AGO/2013).- El ex director del SIAPA, Rodolfo Ocampo, remitió el pasado 23 de julio una solicitud de prórroga a la Unidad de Vigilancia del Poder Legislativo para que le permitan presentar los documentos necesarios para solventar los cargos por más de 706 millones de pesos de la cuenta pública 2008 del organismo operador del agua y que de acuerdo con la Auditoría Superior del Estado de Jalisco ( ASEJ) no fueron ejercidos de manera correcta.

Los integrantes de la Comisión de Vigilancia del Congreso local dieron cuenta del oficio firmado por el ex funcionario panista, quien está recluido en el complejo de Puente Grande señalado de desviar recursos internacionales del Fondo del Banco Interamericano de Desarrollo, en el texto pide a los diputados locales que le permitan presentar pruebas para solventar los cargos en la cuenta pública del 2008.

“En este momento no ha presentado ninguna prueba, solo es una petición formal donde dice que tiene documentos, esperaremos los documentos para enviarlos a la Unidad de Vigilancia”, explicó el presidente de la Comisión de Vigilancia, Manuel Alatorre Franco.

El legislador del PRI señaló que la solicitud del ex funcionario del SIAPA no modifica las responsabilidades que se le fincaron a Rodolfo Ocampo. Alatorre Franco dijo que en la próxima sesión de la comisión de Vigilancia deberá someterse a votación la cuenta pública 2008 del SIAPA.

“Quiero pensar que es una artimaña, ganar tiempo para reunir los documentos si es que los tiene. No hay plazo que no se cumpla”, sentenció el presidente de ese órgano legislativo.
 
Para saber

Debido a que las últimas reformas en materia de fiscalización entraron a vigor para las cuentas públicas a partir del 2009, en el caso de las finanzas del SIAPA en el 2008, pueden presentarse pruebas ante los diputados locales, y deben ser los legisladores los que determinan si se aceptan las pruebas o se desechan.

A partir de las cuentas públicas del 2009, los diputados locales no pueden cambiar el sentido del dictamen presentado por la ASEJ.

EL INFORMADOR /ZAIRA RAMÍREZ