Miedo de Puente Grande

Cuando de inseguridad se trata, nos hemos acostumbrado a lo malo y todavía, a la espera de lo peor.

Aunque nunca he estado de acuerdo con recomendaciones como: no salgas de noche, no vistas ostentosamente, o bien, no pierdas de vista a tus hijos, porque estoy convencido de que en la práctica sólo reflejan que estamos cediendo, todos los días, un pedazo más de nuestra preciada libertad, tampoco puedo ignorar la realidad, porque si algo es evidente para el trasnochado, la mujer que luce sus joyas o la madre que descuida a sus niños, es justamente que se están exponiendo al peligro.

Se impone pues, la necesidad de ser prudentes, porque aunque nadie que se conduzca con respeto a las leyes que a todos nos rigen debería temer que lo robaran o incluso, lo asesinaran, la verdad es que sí debe tener miedo.
Esto pasa en las calles, en las plazas públicas, en las carreteras. Las autoridades policiales son incapaces de contener los actos criminales de toda especie y la violencia se instaló, hace mucho, en la sociedad. Nos acostumbramos.

Sin embargo, durante la madrugada del viernes pasado aconteció algo que sustenta el convencimiento general de que todo lo malo puede empeorar. Elementos del Ejército y la Policía estatal realizaron un operativo en el Reclusorio Preventivo de Puente Grande y encontraron pruebas de lo que más o menos, siempre hemos sabido: drogas, teléfonos celulares y armas blancas. Pero también, para sorpresa general, hallaron armas de fuego, incluso dos fusiles de asalto AR-15.

Aunque no faltan quienes afirman que las armas de fuego también son de uso corriente entre algunos presos privilegiados, lo cierto es que estamos ante lo inverosímil, porque en uno de los centros penitenciarios más importantes entre los administrados por el Gobierno estatal se hallaron pruebas contundentes de la corrupción imperante en el sistema que, se supone, está diseñado y en operación para reinsertar en la sociedad a quienes violaron la ley de modo tan grave, que deben ser separados de la comunidad y encerrados en estas cárceles hasta que se rehabiliten totalmente.

La información inicial que proporcionó el secretario estatal de Seguridad, Luis Carlos Nájera, indica que el único responsable y poseedor de armas, drogas y equipos de comunicación, es un tal Miguel Ángel Azueta Ontiveros, conocido como “El Mike”. Pero el funcionario omitió información obvia: ¿A quién o quiénes investigarán y enjuiciarán por permitir el ingreso al Reclusorio Preventivo de armas de grueso calibre? Basta el sentido común para suponer que detrás de hechos tan graves hay una enorme red de complicidades y corrupción, ya sea por acción o por omisión.

En una “situación normal”, muchos funcionarios deberían haber solicitado licencia —por su voluntad u obligados— para retirarse del cargo mientras se investigan los hechos. Pero aquí no ha sucedido nada.
Por cierto, el gobernador Emilio González no ha dicho ni pío —tan ordinariamente dicharachero él— y el administrador de las cárceles estatales, Fernando Guzmán, sigue de viaje por China. Decía... esperemos lo peor.