''Ley Vitrina'' llega en medio de reforma constitucional

GUADALAJARA, JALISCO (11/JUL/2013).- El Congreso de Jalisco aprobó ayer en comisiones una nueva legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública, la llamada “Ley vitrina”, justo en medio de una reforma constitucional en proceso al seno del Congreso de la Unión, que traerá una normatividad obligatoria a la que deberán sujetarse todos los Estados y municipios del país.

El Senado ya aprobó esta reforma constitucional que generará una Ley General de transparencia para todas las entidades federativas, y a la que tendrán que ajustarse todas las legislaciones locales, incluida la de Jalisco, y aunque falta la aprobación de la Cámara de Diputados, esto significa que una vez validada, los legisladores del Estado tendrán que hacer entonces nuevas modificaciones a la reglas de la “Ley vitrina”.

La Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, vigente hoy en día, entró en vigor apenas el pasado 1 de abril de 2012, su llegada ocasionó que estuviera fuera de operación durante siete meses el portal Infomex, que tuvo que ser ajustado a los nuevos lineamientos, lo que obstruyó su utilización por todo ese tiempo, pese a ser para los ciudadanos la principal herramienta de acceso a la información de los entes gubernamentales, gracias a las facilidades que ofrece el internet.

Todavía en estos momentos el portal Infomex no funciona a cabalidad, sigue presentando fallas con respecto a la tramitación de recursos de revisión, es decir, a las quejas que pueden interponer los ciudadanos cuando reciben respuestas gubernamentales que  los dejan insatisfechos, y pese a esto, a no haber superado aún  los inconvenientes del último cambio de legislación, ya se aproxima una nueva.

Los cambios constitucionales que ya fueron avalados por el Senado, facultan al Congreso de la Unión “para expedir las Leyes Generales reglamentarias que desarrollen los principios y bases en materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos personales en posesión de las autoridades, entidades, órganos y organismos gubernamentales de todos los niveles de gobierno”.

Es decir, la regulación de la transparencia en el país será competencia del Congreso de la Unión, y estará plasmada en una ley general que expedirá esa misma soberanía, a la que deben sujetarse las entidades federativas. El dictamen senatorial señala que la próxima legislación “contendrá las disposiciones normativas y de procedimiento mínimos que deben observar los órganos garantes tanto federal como locales en materia de transparencia. Con ello, se garantiza una homogenización en las disposiciones y procedimientos que se seguirán en los tres ámbitos de aplicación y en los tres órdenes de gobierno, como consecuencia, resulta indispensable conformar una ley general en materia de transparencia y acceso a la información pública”.

Lo que se puede esperar de esta ley general en materia de homologación de la transparencia a nivel nacional, según el dictamen, es:

-A los mecanismos de acceso a la información.
-A los medios de impugnación.
-Al plazo de cumplimiento de las resoluciones.
-A la temporalidad de la reserva de información.
-A los supuestos de restricción a la información pública (causales de reserva y confidencialidad
-Al catálogo de información pública de oficio que de manera común deben cumplir todos y cada uno de los sujetos obligados.

Inclusive, el diseño constitucional de los organismos estatales garantes del acceso a la información, como lo es el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco (Itei), también será regido por la misma Constitución Política del país, que en su artículo 116 incluirá:

“Las Constituciones de los Estados establecerán organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal o municipal. Contarán con personalidad jurídica y patrimonio propio; así como plena autonomía técnica, de gestión y capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y su organización interna”.

También está previsto que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), que hasta hoy sólo tiene competencia sobre los entes del Poder Ejecutivo federal, pueda comenzar a revisar los recursos de revisión resueltos por los organismos estatales de transparencia, cuando el ciudadano considere que fueron resueltos de manera incorrecta.

 EL INFORMADOR / LUIS HERRERA