Instituto de las Mujeres pide más presupuesto

GUADALAJARA, JALISCO (20/MAR/2015).- De acuerdo con un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Jalisco ocupa el lugar número 26 en México en la asignación de recursos para el Instituto de las Mujeres. Por eso la presidenta Erika Loyo reconoce que un tema pendiente es destinarle mayores recursos al organismo encargado de las políticas públicas a favor de este sector.

“Donde tenemos deficiencia seria es en que estamos colocados en el lugar 26, con relación a la fortaleza del Instituto en términos de presupuesto. Tenemos que hacer un trabajo importante para hacer las gestiones necesarias y mejorar”.

El presupuesto para ese organismo es de 20.9 millones de pesos, un incremento de 700 mil pesos comparado con el 2014.

En contraparte, de acuerdo con el estudio de las Naciones Unidas, Jalisco está colocado como el segundo lugar en políticas de atención a la salud de la mujer, que entre otras cosas combate el índice de desigualdad de género. Pero está a media tabla en materia de educación con perspectiva de género, pues ocupa el lugar 16.

Erika Loyo acepta que otro de los pendientes es avanzar en la instalación e institutos de la mujer en los municipios, pues operan 118 de los 125 ayuntamientos en Jalisco.

Como parte de sus logros se refirió al Centro de atención para mujeres. Advirtió que se han atendido a cinco mil 500 mujeres de la Zona Norte.

De acuerdo con el Sistema de Programas Públicos, que puede ser consultada en la liga:

https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/panel/buscar, que forma parte del programa “Evalúa Jalisco” de la Subsecretaría de Planeación, existen 25 programas en Jalisco que atienden alguna problemática relacionada con las mujeres; de ese total, solo cinco opera el Instituto Jalisciense de las Mujeres: se trata de la prevención de la violencia contra las mujeres, tres programas para fortalecer la transversalidad de perspectiva de género en diferentes niveles de Gobierno y acciones para la igualdad de género con indígenas. El resto de los programas los operan otras dependencias como el DIF, la Secretaría de Desarrollo e Integración Social (Sedis), el Consejo estatal contra las adicciones, la Fiscalía y la Secretaría de Salud.

A pesar de ello, la funcionaria considera que el trabajo del Instituto no debe ser demeritado y estima que la dependencia debe seguir coordinando las políticas públicas en beneficio de las mujeres de manera transversal. “Gran parte del fundamento tiene que ver con la lucha del sufragio, y estas luchas han avanzado… los movimientos sociales han impulsado estas circunstancias. Hay mucho por hacer en términos de la perspectiva de género y en combate a la desigualdad. Hay mucho qué hacer en el aspecto de la pobreza, desde el salario. La seguridad social. Estas instancias deben permanecer, deben reforzarse y darles un poco más de soporte. Hemos tenido el apoyo del Gobierno”.

Como temas pendientes estima que se debe trabajar en la armonización de las leyes nacionales e internacionales, así como en la creación de reglamentos y protocolos para evitar la trata de personas y la violencia contra las mujeres.

De acuerdo con la página de Transparencia del organismo estatal, el Instituto tiene una plantilla de 38 empleados para la que destinan 10.7 millones de pesos anuales. El sueldo bruto mensual de la presidenta es de 79.4 millones de pesos.

Harold Dutton, académico del Instituto de Investigaciones y Políticas Públicas y Gobierno de la UdeG, indica que uno de los principales problemas de los institutos es que fragmentan las políticas públicas. “Lo que hacen es que se fragmenten las políticas públicas y da la impresión de que se coordinan menos. Los institutos se han convertido en canalizadores de trámites, son ventanillas de trámites y son sumamente caras. Son institutos onerosos que se vuelven en ventanilla de trámite”.

Harold Dutton considera que dotarlos de mayor autonomía y presupuesto podría generar mayor burocracia. “Una opción podría ser crear una dependencia dentro de la Sedis, que se encargue de analizar las políticas públicas para la atención de estos grupos sociales”.

LA VOZ DEL EXPERTO
Tienen un aparato “burocrático obeso”

Andrés Valdés Zepeda (investigador de la UdeG).

La existencia de los institutos de la Juventud, de la Mujer y del Adulto Mayor se traducen en “un aparato burocrático obeso”, pues las problemáticas para las que fueron creadas son atendidas por otras dependencias y con la necesidad de más presupuesto, considera Andrés Valdés Zepeda, investigador de la Universidad de Guadalajara.

“Los institutos forman parte de lo que se ha llamado un ‘estado obeso’… ha crecido la estructura y la nómina sin que necesariamente tenga objetivos específicos sociales ni genere un beneficio tangible o concreto”.

Los institutos, en algunos casos, son organismos creados para generar plazas laborales.

“Tiene que ver con casos para generar trabajo para los cuates y pagar compromisos políticos. Ésa ha sido la historia de la creación de estos institutos. No es que trabajen mal, pero creo que deben trabajar mejor. Es parte del crecimiento burocrático desproporcionado que genera mayor gasto y no un necesariamente un beneficio social”.

Para el académico, la labor de los institutos no debe ser la de vigilar la aplicación de programas y de políticas públicas en beneficio de los grupos sociales que representan, más bien considera que su labor debe ser de acercamiento y capacitación.

“Su función fundamental no es la de vigilar, deben ser instituciones que funcionen para el servicio de los ciudadanos y de los sectores sociales. Ser una contraloría no está en su función. Parte de sus atribuciones deben ser acercamientos con los grupos sociales que representan. Capacitación y aplicación de programas serían más coherentes, pero fueron creados por los gobiernos con una finalidad corporativa y clientelista para los jóvenes que salieran del partido y darles una posición, luego brincan a una diputación, alcaldías o regidurías”.

Por eso deberían someterse a una reingeniería, a una evaluación y determinar si los objetivos para los que fueron creados se están cumpliendo.

ORGANISMOS PARA GRUPOS VULNERABLES
Programas, presupuestos y nómina

Concepto I. de las Mujeres I. de la Juventud I. del Adulto Mayor

Presupuesto 20,992,902 15’648,000 9’395,500

Gasto a nómina anual 10’752,229 6’125,694 3’258,852

Sueldo del presidente 79,427 58,758 62,663

Número de empleados 38 31 11

Sistema de Programas Públicos operados por dependencias
del Gobierno de Jalisco 25 24 6

Programas que opera el Instituto 5 5 0

Sector femenil

Dependencias que operan programas

para la atención a mujeres: 25.

Desglose

DIF: 11 programas.

Instituto Jalisciense de las Mujeres: 5 programas.

Sedis: 5 programas.

Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco: 2 programas.

Fiscalía General: 1 programas.

Secretaría de Salud: 1 programas.

Sector juvenil

Dependencias que operan programas para atención a jóvenes: 24

Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco: 5 programas.

Instituto Jalisciense de la Juventud: 5 programas.

Secretaría de Educación: 3 programas.

Secretaría de Innovación: 3 programas.

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología: 2 programas.

Code: 2 programas.

Fiscalía General: 1 programas.

Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos: 1 programas.

Secretaría Cultura: 1 programas.

Sedis: 1 programas.

Nuestra función es coordinar políticas públicas: Instituto de la Juventud

Para el director del Instituto de la Juventud de Jalisco, Ramón Morales, la labor de ese organismo es claro: su función es la de coordinar las políticas públicas en beneficio de este sector poblacional: personas entre los 15 y los 25 años.

De acuerdo con los datos oficiales obtenidos en la página de internet del Sistema de Programas Públicos, existen 24 programas que ofrecen beneficios a los jóvenes, de los cuales, solo cinco opera el Instituto de la Juventud.

El dirigente justifica que el organismo opere sólo 20% del total de los programas estatales para jóvenes.

Explica que su tarea es la de vigilar la adecuada aplicación de las políticas públicas en beneficio de este sector de la población.

“El Instituto se justifica en la creación de un impulso y apoyo directo en temas de juventud dentro de las dependencias del Gobierno. No quiere decir que nosotros tengamos que tener el dinero para operar los programas para todos los jóvenes jaliscienses, sería inconcebible pensar que una sola institución pudiera tener la capacidad económica y el personal”.

Para Ramón Morales la existencia de éste y otros institutos está plenamente justificada y no deben desaparecer.

“Lo que generamos es un Consejo para sentarnos en las mesas de cada una de las dependencias, lo que buscamos es que el recurso esté bien orientado a la juventud, por ejemplo, si la Secretaría de Educación tiene programas para los jóvenes somos los principales comisarios, observadores y vigilantes para que a los programas más demandados se les asignen más recursos… y los menos demandados modificarlos o desecharlos para redireccionar el presupuesto. Tenemos influencia en eso”.

En los últimos tres años, el presupuesto del Instituto de la Juventud no se ha incrementado: han recibido 15.6 millones de pesos en 2013, 2014 y 2015. El titular de la dependencia considera que el presupuesto no debe crecer pues reconoce que la mayoría de los programas que existen para atender a los jóvenes los operan otras dependencias, como la Sedis, Secretaría de Educación, Secretaría de Innovación, el CODE o el Consejo Estatal contra las Adicciones, que tienen concentrado el recurso que requieren para poner en m archa los programas para los jóvenes.

Promueven reforma

El Instituto Jalisciense del Adulto Mayor fue creado a finales de la pasada administración, pero fue hasta el primer año de Gobierno de Aristóteles Sandoval cuando se le dotó de presupuesto y se nombró a su titular. Luis Cisneros es el director de este organismo, que desde hace dos años cuenta con el mismo presupuesto: 9.3 millones de pesos. Con 11 empleados, destina 3.2 millones de pesos anuales al pago de sueldos.

Luis Cisneros acepta que ha solicitado al titular de la Secretaría de Gobierno, Roberto López Lara, que promueva una iniciativa con la finalidad de dotar de más facultades al organismo. Por lo pronto, adelanta, elabora convenios de colaboración con el DIF en Jalisco para que algunos programas, como el de asilos y comedores para adultos mayores, sean parte de responsabilidad. “Propuse al área jurídica de la Secretaría General que en una reforma se contemple facultar al Instituto para la administración de programas de adultos mayores, como es el caso de bienevales y apoyo a los adultos mayores que no tienen jubilación; estos dos programas los administra la Sedis”, señala Luis Cisneros, quien estima que si se concreta la iniciativa, los programas deben ser responsabilidad del organismo, pero su migración de otras dependencias debe ser con todo y su respectivo presupuesto.

De acuerdo con el Sistema de Programas Públicos existen seis programas que atienden problemáticas de los adultos mayores en el Gobierno de Jalisco, pero ninguno es operado por el Instituto.

Añade que en 2014 se realizaron talleres con actividades de autocuidado, huertos urbanos y actividades culturales para seis mil 404 adultos mayores. En la promoción de la cultura de respeto capacitó a mil 648 conductores de las unidades del transporte público para sensibilizarlos sobre el trato hacia los adultos mayores y se rotularon 450 unidades de 52 rutas como “rutas amigas del adulto mayor”.

El organismo asumió la coordinación del programa de Adultos Mayores Avanzando rumbo al Bienestar y se brindaron tres mil 653 servicios.

TELÓN DE FONDO
El problema es mayor

En el arranque de la presente administración de Aristóteles Sandoval, esta casa editorial publicó que el desorden administrativo, la inoperatividad, deudas, la falta de transparencia y la duplicación de funciones eran algunos de los problemas de los Organismos Públicos Descentralizados (OPDs).

La administración de Emilio González finalizó con 70 de estas paraestatales, que gozan de personalidad jurídica y patrimonio propio para ayudar operativamente al Gobierno. Sin embargo, nueve de éstas duplicaban funciones, una decena no operaba porque no tenía estructura o no se justificaba su actividad, mientras dos más fueron creadas recientemente y carecían de personal.

Una de las pocas acciones en el presente sexenio gubernamental es que se fusionaron los organismos técnicos del transporte público (Ceit y Ocoit) y se creó el Instituto de Movilidad y Transporte de Jalisco, así como los organismos en materia de información.

La Ley Orgánica de Jalisco señala que “el gobernador solicitará al Congreso la creación” de estos organismos, pero los diputados también tienen la facultad de instituirlos y extinguirlos.

Para dimensionar la importancia de los OPDs, que “engordaron” la burocracia jalisciense en el sexenio pasado, su gasto anual prácticamente se duplicó, al pasar de 12 mil millones a más de 21 mil 896 millones de pesos entre 2007 y 2012. Hoy absorben más de 25% del presupuesto anual del Poder Ejecutivo.

Los diputados aprobaron reformas a la estructura administrativa del nuevo Gobierno, mismas que evaden a las paraestatales.

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