Impugnarán cambio de uso de suelo en Barranca de Huentitán

GUADALAJARA, JALISCO.- Académicos de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y especialistas en temas ambientales arremetieron contra el Gobierno de Jalisco y el Ayuntamiento de Guadalajara. Señalan que se “quiere secuestrar la columna vertebral biológica del Estado” por intereses económicos y particulares de funcionarios, que pretenden erigir un estadio de atletismo y 16 mil 500 viviendas para los Juegos Panamericanos de 2011 en el predio “El Disparate”, en la Barranca de Huentitán.

Recuerdan que el terreno se encuentra en un Área Natural Protegida, decretada por el mismo Ayuntamiento tapatío el 5 de junio de 1997. “Es una zona sujeta a conservación ecológica”, por lo que impugnarán el cambio de uso de suelo.

Apuntan que “la gestión ambiental de autoridades es errática. Hay una cantidad importante de ignorancia tanto del Poder Ejecutivo, como en las áreas de Ecología Municipal. No están las personas adecuadas y además, cómo es posible que el gobernador señale que son trabas ambientales lo que es una política internacional que se llama gestión ambiental y que la propia ley mexicana protege”, manifestó Miguel Magaña Virgen, investigador del área de Impacto Ambiental del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA).

Añadió que estos funcionarios son enemigos de la gestión ambiental. Y señaló como ejemplo al presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Luis Alberto Reyes.

“Cómo es posible que en este caso, el presidente de la comisión declare que no se presentan estudios de impacto ambiental porque nadie los presenta. Ése no es el tipo de autoridades que necesitamos, son los principales enemigos de la gestión ambiental”.

En febrero de 2008, el Gobierno del Estado  presentó el Estudio Previo Justificativo a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el cual es un requisito técnico-científico para la viabilidad de una nueva declaratoria de Área Natural Protegida (ANP), en este caso de las Barrancas de los ríos Santiago y Verde, en donde está contemplado el terreno “El Disparate”.

Sin embargo, un año después el Ayuntamiento de Guadalajara pretende consumar un cambio de uso de suelo en “El Disparate”, con los objetivos contrarios a los de la intención recogida en el estudio, que tiene una superficie propuesta de 56 mil 782 hectáreas y cubre parcialmente a los municipios de El Salto, Juanacatlán, Guadalajara, Tonalá, Zapotlanejo, Acatic, Tepatitlán de Morelos, Cuquío, Ixtlahuacán del Río y Zapopan.

El documento plantea los objetivos regulatorios generales. El problema que se desea resolver convirtiendo esta zona en ANP, es frenar “el crecimiento amorfo  y no planificado en su extensión territorial y población, con la consecuente demanda de servicios, por un lado, y de uso de recursos naturales que generan estos servicios, por el otro”, entre los que se encuentran agua, flora, fauna, aire y clima.

Por lo anterior, Magaña Virgen advirtió que “la Barranca, y en este caso el área donde pretenden ubicar ese tipo de cosas, es una zona de transición… son las zonas más delicadas, las más frágiles, por lo tanto hay un impacto fuerte. No están cubriendo ni siquiera las cuestiones mínimas regulatorias y normativas. La población, la densidad alta, aumentará los conflictos que ya tenemos en un crecimiento urbano anárquico y especulativo”.


De acuerdo con la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Jalisco (LEEEPA), Luis Antonio Rocha Santos, presidente de la Academia Mexicana de Desarrollo Urbano, señaló que el cambio de uso de suelo no es compatible con las actividades y estrategias señaladas en dicho ordenamiento en vigencia, como son la protección, conservación y mejoramiento de los bienes y servicios ambientales de la Barranca. Por lo tanto, no existe justificación para la modificación del uso de suelo aprobada en la zona.

Entrevistada por separado, Raquel Gutiérrez Nájera, titular del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), manifestó su desacuerdo y descalificó la compra de “El Disparate” por parte del Ejecutivo y el uso que se le pretende dar. Afirma que no se adquirió con fines de conservación sino para la edificación de instalaciones deportivas de alto impacto y construcción urbana de alta densidad.

Y señaló al Ayuntamiento tapatío como el único discordante del resto de los nueve municipios involucrados en la propuesta de protección ante la CONANP.

“Por un lado, hay un acuerdo de 1997 de protección y, por el otro, hay el acuerdo de 2009 para infraestructura y desarrollo urbano, los cuales se contradicen”.

Afirmó que esperarán a que se publique el cambio de uso de suelo en la Gaceta Municipal para proceder legalmente contra el Ayuntamiento.

“Si lo publican en la Gaceta, claro que lo vamos a impugnar porque es un acuerdo que tiene vicios de inconstitucionalidad. Se están contradiciendo decretos federales y leyes estatales, además de tener una jerarquía menor respecto a la utilidad pública del área de conservación”.