Funcionarios tienen 60 días para declarar su patrimonio

GUADALAJARA, JALISCO (11/MAR/2013).- Los funcionarios públicos que entraron en funciones con el Gobierno de Aristóteles Sandoval, así como los que están por incorporarse, cuentan con 60 días naturales para presentar su declaración patrimonial inicial, pues así lo marca la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

El documento señala que tal mecanismo es obligatorio para quienes laboran en el Ejecutivo como servidores públicos de confianza, "desde el Gobernador del Estado, los titulares de las secretarías, hasta los jefes de sección, incluyendo a los jefes y subjefes de recaudadoras de rentas, directores, cotizadores, glosadores, auditores, supervisores, encargados de almacén y quienes con motivo de sus funciones administren fondos y valores del Estado, así como los contralores internos de las secretarías y dependencias".

Todos ellos deberán presentar ante la Contraloría del Estado su declaración de bienes muebles e inmuebles, acciones, cuentas bancarias y adeudos, en una primera entrega que se repetirá cada año mientras laboren en el gobierno, con el objetivo de que dicha dependencia vigile posibles casos de enriquecimiento ilícito.

Además, la Ley contempla que al terminar su gestión, los burócratas antes mencionados deberán rendir una última declaración patrimonial durante los 30 días posteriores a la entrega de su cargo, en este caso, el ex gobernador Emilio González, su gabinete y colaboradores.

Por otra parte, los diputados, el auditor superior, los alcaldes y el personal que labora en los ayuntamientos también están obligados a transparentar sus bienes ante el Congreso del Estado en un plazo de 60 días a partir de su toma de protesta, el cual, ya venció.

Sin embargo, en enero de este año, el diputado titular de la Comisión de Responsabilidades del Congreso, Juan Carlos Márquez Rosas, reveló que el 42% de funcionarios obligados a transparentarse ante el Legislativo incumplió con ello, aunque la Ley determina que de no hacerlo, el funcionario podría ser suspendido de ostentar cargos públicos hasta por dos años.

En caso de que la autoridad encargada de recibir las declaraciones patrimoniales encontrara un posible caso de enriquecimiento ilícito, deberá presentar una denuncia y coadyuvar con el Ministerio Público para las investigaciones.

EL INFORMADOR / VIOLETA MELÉNDEZ