Faltan mil 800 MDP para dignificar prisiones

- Expedientes de reos están en riesgo
de incendiarse en Puente Grande

GUADALAJARA, JALISCO (30/NOV/2010).- Son necesarios mil 800 millones de pesos (MDP) “para dignificar” los centros penitenciarios del Estado y ofrecer las condiciones mínimas necesarias para la rehabilitación de los internos, considera el comisario general de Prevención y Reinserción Social en Jalisco, José González Jiménez. La inversión aumentaría la cantidad de espacios físicos, el personal médico, de vigilancia, y repararía la actual infraestructura que, reconoce, está en malas condiciones en la mayoría de los centros carcelarios.

Sobre el Reclusorio Preventivo de Puente Grande, que ayer lunes fue escenario de una visita guiada (a la cual acudieron dos diputados locales), destaca que el capital necesario para invertir y mejorar las condiciones sólo en ese centro, sería de 500 millones de pesos, que se emplearían en “aumento de equipamiento, plantilla del personal y las condiciones de infraestructura”. La capacidad del centro está rebasada, pues la población máxima es de tres mil internos, pero actualmente alberga a siete mil.

De hecho, el complejo carcelario se construyó con proyección para albergar mil 220 reclusos, pero ante el crecimiento de su población a lo largo de los años se prescindió de espacios para áreas verdes, a fin de que aumentara hasta llegar a su capacidad actual.

Por otro lado, el responsable de las cárceles estatales destaca que es necesaria una inversión en el tema de seguridad para todas las cárceles del Estado, de por lo menos 800 millones de pesos, para con este capital adquirir y poner en operación los aparatos de rayos X que agilizarían los puntos de revisión a vehículos y el filtro de comidas, pues entre otras cosas han detectado pasteles con cápsulas de drogas ocultas en su interior.

Durante la visita de los diputados integrantes de la Comisión de Readaptación Social del Congreso local, se completó un recorrido por las instalaciones de este centro penitenciario. Los legisladores constataron las graves deficiencias estructurales del edificio y comprobaron visualmente que la capacidad del penal está rebasada, como lo ha denunciado en repetidas ocasiones la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.