—“Exigencias”

Dicen las notas informativas (“El Universal”, III-7-11, p. 18-A) que “La Iglesia Católica exigió reformas a la Constitución y a la ley, para reconocer el derecho de los ministros de culto a la libertad de expresión y poder combatir a los partidos políticos que considere contrarios a la doctrina católica”.
Bien. Puntualicemos...

—II—

Donde dice “La Iglesia Católica” faltaría distinguir si se alude a la totalidad de los fieles cristianos, congregados en función del bautismo, o al conjunto del clero y la parte de la población que comparte las mismas creencias, o al Gobierno eclesiástico universal encabezado por el Papa. Así, cuando la nota periodística cita como fuentes de la misma al Colegio de Abogados Católicos de México y al director de Comunicación Social —que no vocero, como él mismo “aclara”— de la Arquidiócesis de México, se advierte que donde sonaba, estridente, un claxon de tráiler, aparecía, a continuación, una motocicleta de bajo cilindraje... Donde se afirma que las fuentes señaladas “exigieron”, faltaría establecer que exigir significa “pedir imperiosamente algo a lo que se tiene derecho”. En el caso, pues, convendría bajarle el volumen a la sinfonola, y, en todo caso, sustituir ese verbo tan tronante por otro menos imperioso; por ejemplo, pedir, solicitar, demandar...

Por lo que hace a reivindicar la libertad de expresión supuestamente conculcada, y, adicionalmente, el derecho a “combatir a los partidos políticos que considere contrarios” a su doctrina, sería saludable que los “exigentes” —que no simples peticionarios, solicitantes o demandantes— repasaran, primero,  la historia de México; que recordaran que el abuso de los privilegios por parte de la jerarquía eclesiástica (que tampoco precisamente de “la Iglesia”) dieron lugar, por una elemental cuestión de orden, a las Leyes de Reforma que de ninguna manera conculcaron ni la libertad de expresión ni la libertad de conciencia que la Constitución garantiza; y, a continuación, que observaran cómo la casi totalidad de los estados modernos se han decantado por la saludable separación de Iglesia y Estado. Y los que no, lamentan hasta la fecha las funestas consecuencias sociales del dogmatismo y el fundamentalismo (es decir, la convicción de que se tiene la posesión absoluta de la verdad, especialmente en asuntos de moral, usos y costumbres) institucionalizados.

—III—

Por lo demás, valdría la pena que los seudo exigentes aclararan si ya se abolió oficialmente o ya pasó a ser letra muerta el mandato evangélico de “dad al César lo que es del César...”, etc.

JAIME GARCÍA ELÍAS / Periodista y conductor radiofónico.