Esperan internas de Puente Grande un programa de preliberación

GUADALAJARA, JALISCO (06/SEP/2010).- Un rumor hace que doña Sofía mantenga la esperanza de que su hija saldrá pronto del penal.

Rosa dice que van a hacer ‘limpieza’ en el penal, que a las presas por delitos menores las van a soltar antes para bajar la población y que muy probablemente sólo tenga que hacer servicio social, como limpiar los camellones de las avenidas o algo así, para pagar su deuda.

Doña Sofía lleva seis meses visitando a su hija en el Centro de Readaptación Femenil (CRF). Además, según le cuentan, al final quedará un determinado número de reclusas en custodia y Rosa sólo deberá hacer servicio social para terminar su sentencia.

Lo cierto es que, dicho de manera oficial y apegada a los planes de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco, la manera como abatirán la sobrepoblación de Puente Grande será por medio de la creación de nuevos centros penitenciarios y el traslado de las reclusas, aunque la noticia de una recorte de pena se ha vuelto recurrente entre las internas del CRF, según platica doña Sofía, dado que este es el tema principal de las conversaciones en las visitas de los miércoles y sábados, cuando puede ver a su hija.

Pero esto sólo es un rumor.

Obras en pausa

En septiembre de 2008, se anunció la creación de tres nuevos centros penitenciarios que representaban 777 espacios más, aún cuando para esas mismas fechas se había informado que la sobrepoblación en los reclusorios del Estado era de 70%, un número superior a los espacios que serán creados.

Actualmente, los datos que ofrece la Secretaría de Desarrollo Urbano señalan que las obras del Reclusorio Metropolitano registran 98% de avance en la construcción, los Centros Integrales Regionales de Justicia, uno en Ocotlán y otro en Colotlán, presentan el 23% y 89% de obras concluidas respectivamente, pero la fecha del inicio de funciones de cada penitenciaría aún no ha sido determinada por la Secretaría de Seguridad Pública, aún cuando estas  obras ya presentan atraso.

Traslados

En cierto momento, tras concluir los trabajos de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno del Estado, se hizo referencia a que la medida que se tomaría para resolver el dilema de la sobrepoblación penitenciaria, sería el traslado de las reclusas que no recibieran visitas a centros penitenciarios fuera del Estado.

La respuesta del Gobierno del Estado, vía Infomex, refiere que no se tiene ningún plan que considere esta opción.

Además, la población de los centros penitenciarios a nivel nacional también está excedida, lo cual hace inviable esta propuesta. Por ejemplo, de los estados cercanos, Sinaloa tiene 18 centros con sobrecupo, y lo regulan haciendo traslados de internos de un centro a otro, según la política penitenciaria del Estado, así que como Sinaloa, cualquier
Entidad la República se vería imposibilitada para recibir internas de otro Estado.

Otro rumor que circula en los patios del CRF es que el tiempo que llevan en proceso, será utilizado a cuenta de sentencia, lo que muchas personas no saben es que el tiempo de reclusión inicia desde el día del arresto, hecho que doña Sofía no conocía al principio.

En estos casos, el desconocimiento del sistema jurídico por parte de los indiciados es el causante de malos entendidos.

En consecuencia, los reclusos y los familiares piensan que los abogados y que el mismo sistema judicial mienten y se
desencadena una creciente desconfianza y aversión a la justicia.

En este aspecto, lo que sucede con el tema de las liberaciones puede ser verdad o mentira dependiendo del contexto, pues en palabras del director de Prensa y Relaciones Públicas de la Secretaría de Seguridad Pública en Jalisco, Genaro Pacheco, todo es parte del sistema penitenciario.

La liberación anticipada, una de las cuestiones derivadas de la plática con doña Sofía, no es una opción como tal; se lleva a cabo un proceso llamado “Preliberación”.

“Se completa una preliberación cuando al cabo de un tiempo la interna presenta buena conducta, no se involucra en pleitos, asiste a la escuela, forma parte de algún grupo, como el de teatro por ejemplo y trabaja; es entonces cuando aplica, se reduce el tiempo de encierro”, refiere Genaro Pacheco.

Este programa sucede a otro, llamado “Postpenitenciario”, pues a pesar de que la reclusa está libre, debe cumplir con un programa complementario para su reinserción en la sociedad, que consta de ayuda psicológica debido al cambio social y familiar durante su estancia el CRF.

Sumado a esto, las personas liberadas bajo este proceso reciben ayuda por parte de la Secretaría para recibir un comprobante de domicilio y así obtener una carta de policía en caso de requerirla para ingresar a trabajar. En otras situaciones, son canalizadas a otras instituciones que brindan apoyo económico para la creación de un negocio propio.

Medidas a medias

Aún cuando las medidas han sido aplicadas, las acciones para hacerlas funcionar tardarán más de lo previsto, las obras están retrasadas, los procesos de sentencia se atrasan o se postergan, tal como le sucede a doña Sofía, que aún espera horas completas en el juzgado para conocer la instancia en que se encuentra el caso de su hija, eso sin contar las carencias en cuanto a derechos humanos que presentan las penitenciarías jaliscienses, tanto para reclusos como para los visitantes, dando como resultado un avance lento en materia de readaptación social, pues falta personal capacitado para trabajar en los centros; falta espacio, específicamente en las penitenciarías ya existentes dado que las recepciones son pequeñas y en el interior del CRF también el espacio resulta escaso, la adaptación de estos lugares y la creación de otros sería la solución más próxima para el problema de logística que de cierta manera, ayudará a resolver los problemas referentes a los derechos humanos, esos mismo que siguen siendo asignatura pendiente desde hace 20 años.

Frase

“No se está ‘limpiando’ Puente Grande; es un proceso que depende del enfoque. Si se maneja como ‘limpieza’ es mentira porque no es para todas las presas” Genaro Pacheco, director de Relaciones Públicas de la Secretaría de Seguridad Pública en Jalisco.

Para saber

 En el contexto de los festejos del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana, el Congreso del Estado aprobó –con la abstención en el voto de los diputados del PAN– otorgarle indultos a los sentenciados que reúnan las condiciones legales enmarcadas dentro de la Ley de Ejecución de Penas de Jalisco.
 
Este acuerdo legislativo fue presentado por el coordinador de los diputados del PRI, Roberto Marrufo Torres, quien exhortó “al Poder Ejecutivo del Estado para que conceda indulto a quienes compurguen una pena de prisión a través de la Secretaría de Seguridad Pública y dentro del marco del Bicentenario de la Independencia y para disminuir la sobrepoblación penitenciaria”.

 “Se enarbola –argumentó– el sentido social de los que han perdido su libertad y se encuentran convencidos del daño cometido a la sociedad y que pueden rehacer su vida obteniendo este beneficio”.
 
El Congreso envió al gobernador Emilio  González Márquez un oficio para que conceda indulto a los sentenciados, de conformidad con el artículo 74 del Código Penal del Estado de Jalisco.
 
Texto: Gladys Trujillo