Dicta juez formal prisión a ex agentes de la AFI en Puente Grande

GUADALAJARA, JALISCO.- El juez Segundo de Distrito en Materia Penal con sede en Jalisco dictó auto de formal prisión a dos ex agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI), acusados de entregar información reservada a la organización de los hermanos Beltrán Leyva.

El juez Segundo de Distrito consideró que existen elementos suficientes para iniciar proceso por delincuencia organizada y delitos contra la salud a Antonio Mejía Robles y Jorge Alberto Zavala Segovia, quienes formaban parte de la célula de servidores públicos que el cártel de los hermanos Beltrán Leyva infiltró en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. (SIEDO). Dichos agentes se encontraban bajo arraigo judicial para investigar su participación en las actividades de colaboración con los hermanos Beltrán Leyva, que se hizo pública la semana pasada.

Y es que la Procuraduría General de la República (PGR) informó que como resultado de la “Operación Limpieza” y del trabajo jurídico-penal del fiscal de la SIEDO, dentro de la causa penal número 250/2008, en el Juzgado Segundo de Distrito, se dictó auto de formal prisión contra Mejía Robles y Zavala Segovia, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y contra la salud en la modalidad de colaborar al fomento para la ejecución de delitos contra la salud. A los dos ex elementos de la AFI adscritos a la SIEDO, se les atribuye la entrega de información reservada de averiguaciones previas en curso, a personas no autorizadas, vinculadas con la organización criminal de los hermanos Beltrán Leyva.

Junto con ellos fueron detenidos y consignados Miguel Colorado González, ahora ex coordinador Técnico de la SIEDO, y el capitán Fernando Rivera Hernández, quien fungía como director general adjunto de Inteligencia en la Coordinación Técnica de esa Subprocuraduría.
Por su parte, la Procuraduría General de la República reitera su compromiso de combatir con la ley y su aplicación estricta todas las manifestaciones del crimen organizado, y cumplir así con las metas del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, y ser más eficientes en la acción jurídica del Estado en contra de la criminalidad e impunidad.