Déficit democrático

En una sociedad libre, es indispensable que las personas puedan exigirles a sus gobernantes que cumplan con su deber. Para eso están. Sin embargo, hemos aprendido que no basta haberlos elegido en las urnas para que ello se dé. Recordemos que la vigilancia perpetua es el precio que se paga por tener democracia. Además, debemos reconocer que no basta manifestar la opinión propia ante las autoridades, sino que también es importante poder ejercer el derecho a la libre expresión y mostrar la opinión propia ante los encuentros que tenemos con nuestros demás conciudadanos.

En la democracia el ejercicio del poder público pertenece al cuerpo de ciudadanos. Se supone que todos reinamos. Que somos soberanos en todos los actos sociales. Pero, aquellos que han creído que la democracia es el camino garante de vida y libertad, confunden un medio provisional con un fin último. La democracia sólo es un método político de gobierno, un arreglo institucional para llegar a decisiones públicas, legislativas y administrativas, y por consiguiente incapaz de ser un fin en sí mismo.

En México especialmente también sufrimos otro déficit, que es moral: somos una sociedad donde cualquier opinión que se sienta contraria o que repruebe nuestros comportamientos es rechazada e interpretada como un insulto, una agresión. Ahí está el ejemplo del coche que invade el paso peatonal en los altos, o se estaciona en las banquetas, o arroja basuras y rechaza cualquier crítica o reclamo por su hacer.

En la democracia todos nos presumimos ser rey, pero no nos comportamos como tales. Desgraciadamente, carecemos de aquel protocolo tan propio entre soberanos, pero muy necesario para la convivencia entre pares. En la democracia, las autoridades no están simplemente para suplir nuestro proceder entre nosotros mismos, sino para complementarnos en la gestión del bien común y en la resolución de nuestras diferencias conflictivas.

Ciertamente, todas las relaciones humanas entre adultos deberían ser voluntarias. Las principales acciones que deberían ser prohibidas y sancionadas por las leyes son aquellas que involucran el uso de fuerza en contra de quienes no han usado la fuerza; acciones tales como el homicidio, violación, robo, secuestro y fraude.

Nuestra credencial del IFE es más que una identificación, es nuestro derecho a manifestarnos. También necesitamos algo así como las tarjetas de los árbitros, una Tarjeta Civil que podríamos usar con nuestros semejantes cada vez que incumplen con actos de civilidad. Comunicar sin insultos cuando desaprobamos. Y también, ¿por qué no?, cuando agradecemos actos solidarios. Necesitamos dejar de ser afables ciudadanos tímidos y manifestarnos a diario, en cada acto, y no esperar a que la presión se suba con las elecciones cada tres años.

Respondiendo al sentimiento generalizado de inseguridad provocado por el auge criminal, en 2004 hubo marchas en varias ciudades mexicanas, cuyas sociedades desplegaron su indignación ante las autoridades, demandando para sí el mismo nivel de seguridad y protección que tan ostentosamente se reservan para ellas y sus familias.

Siete años después, los reclamos siguen para que en México se cumpla con el propósito estricto del Estado moderno que es salvaguardar el bien común y proteger los derechos de la vida, libertad y propiedad de cada persona, y cuya obligación principal es la administración de la justicia. Quien se dice Gobierno y no cumple mínimamente con esto, es un simple impostor con disfraz; por más que se presuman las obras de beneficencia social o construcción de infraestructura, que nada tienen que ver frente el abrumador déficit judicial que el país sufre desde hace más de una década por 98% de los delitos que quedan irresueltos.