Debaten control al gasto público

GUADALAJARA, JALISCO.- La recién aprobada Reforma Integral al Sistema Presupuestario de Jalisco –que incluye cambios en siete leyes y crea cuatro más– es necesaria, urgente y debe garantizar un ejercicio transparente del gasto, que termine con la discrecionalidad, consideró el presidente de la Coparmex Jalisco, Pablo Lemus Navarro.

El líder empresarial, criticó el proceso que se llevó a cabo para aprobar estas reformas “de suma trascendencia para Jalisco” y que ahora están en riesgo.

Por un lado, el empresario lamentó la postura del Poder Ejecutivo, luego que el secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez adelantó que las reformas serán vetadas; además, criticó la postura de los legisladores quienes crean normas para regular el gasto público, pero no comienzan por ser transparentes en el ejercicio de su propio gasto.
“Veo de parte del Congreso una falta total de congruencia, parece que dicen ‘hágase mi voluntad en los bueyes de mi compadre’. El propio Congreso no tiene criterios ni de transparencia ni de asignación recursos, ni de limitaciones, ni de reasignaciones en partidas. El buen juez por su propia casa empieza; es positivo limitar el ejercicio gubernamental, pero el mismo Congreso debe ser congruente”.

Lemus Navarro consideró que estas reformas son “severas” con el ejercicio del gasto estatal, en menor medida con la manera de aplicar el dinero de los municipios y “no mide con la misma vara a los diputados”.
En términos generales, consideró, la llamada Ley de Presupuesto es positiva porque limita las reasignaciones y el gasto discrecional.

Luego de las declaraciones del secretario Fernando Guzmán, quien externó su rechazo a las reformas, el líder de la Coparmex anticipó “un escenario adverso para realizar el presupuesto 2010”.
“El Poder Legislativo y el Ejecutivo han manifestado su incapacidad de diálogo y ante la posibilidad de veto del Ejecutivo se ve difícil que estas reglas se puedan aplicar en el ejercicio presupuestal del próximo año”.

En este sentido, el coordinador de los diputados panistas e impulsor de estas reformas, Jorge Salinas Osornio, aseveró que los cambios legales sí fueron consensuados con el Poder Ejecutivo y que quien se manifieste en contra “es porque no busca mejorar el ejercicio del gasto”.
“Primero consideramos que el secretario general de Gobierno debe leer el dictamen. Asegura que invadiríamos facultades del gobernador, pero eso sucedería si en el Poder Legislativo asumiéramos facultades del Ejecutivo y no es en este sentido; es un fortalecimiento en la administración moderna y quien pueda estar en contra de estas reformas es quien tenga una visión arcaica del ejercicio de gobierno”.

Salinas Osornio confió en que una vez revisado el dictamen que fue aprobado por todas las fracciones parlamentarias, el gobernador del Estado avalará los cambios pera ejercer el recurso gubernamental.
“El propio gobernador del Estado ha señalado que son necesarios nuevos mecanismos para elaborar el presupuesto; con un gobernador que tiene una visión tan moderna, tan amplia y liberal del presupuesto, se necesita una reforma de vanguardia. Quizá el secretario general no coincide con el gobernador en la visión del manejo transparente de recursos”.

El Poder Ejecutivo tiene como plazo cuatro meses para enviar observaciones al dictamen aprobado en el Congreso.
La versión de que la propuesta a La Ley de Presupuesto sí fue analizada, fue respaldada por el coordinador de los diputados priistas, Juan Carlos Castellanos Casillas. Él sostiene que luego de un análisis profundo al dictamen, propuso 140 observaciones, “de las cuales se incluyeron la mitad, decidimos votarla (la reforma) porque si bien no es perfecta, tiene avances en materia de manejo presupuestal”.

Una de las observaciones que emitió el PRI como bancada, fue lo que llamó “una incongruencia” para terminar con el gasto discrecional, pues incluía la partida 2000 en el Poder Ejecutivo, que abría la posibilidad da cambios de dinero de una secretaría a otra.
“Las secretarías tienen la partida 2000, por ejemplo, tienen un millón de pesos en una dependencia, si los requiere, podría mover de otras partidas y sin excedentes al rubro de consumibles, que es lo que observamos. Podían moverse de una a otra”.

Juan Carlos Castellanos reiteró que con estas reformas no pretenden limitar o disminuir las facultades del titular del Poder Ejecutivo.
“Nuestra tarea es regular, legislamos el trabajo del Ejecutivo, no nos metemos en las atribuciones del gobernador en materia del ejercicio presupuestal. Tendríamos una ley que cuida lo que se etiquetó para determinada obra o para inversión. Queremos que se cumpla y por eso apoyamos esta ley”.
 
Habrá sanciones

El nuevo marco presupuestal trae consigo la novedad de sanciones. Hasta antes de estas reformas, el organismo facultado para determinar irregularidades y fincar responsabilidades fue la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) y si se encuentran malos manejos en las cuentas públicas, el responsable es el presidente municipal o el gobernador.

Entre el paquete de adecuaciones, está la reforma a la Ley de Responsabilidades de funcionarios públicos; con ello se prevé que sea sancionado económica y administrativamente quien autoriza el recurso para una obra y un proyecto y no se ejerce en tiempo y forma o existen faltantes económicos.
“No queremos que sea sólo el gobernador quien responda por el manejo de recursos; se debe derivar a cada dependencia y que responda el director o el funcionario responsable por los recursos que maneja y haga corresponsable a quienes manejen el recurso. Pero debe haber sanciones para mejorar la rendición de cuentas y el manejo de los recursos”, explicó Castellanos Casillas.

Entre las modificaciones a la Ley de Responsabilidades figura no sólo separar de su cargo a quien incumpla el ejercicio de gasto en obras o proyectos, si no que también pague el daño al erario.
“Me parece complaciente que si alguien hizo mal las cosas en el manejo de recursos públicos, las sanciones sean sólo administrativas. Si lo retiras del  cargo y lo sanciones con no regresar a puestos similares; la solución es que si alguien se robó un centavo, que lo reponga con recargos y que a su vez se le retire del cargo y que esa gente no vuelva a tener la opción de ocupar un cargo público”.