Congreso suavizó ley antiborrachos

GUADALAJARA, JALISCO (24/MAR/2011).- En junio del año pasado, el Gobierno del Estado propuso que en el paquete de reformas de la ley antiborrachos se estableciera que, cuando un automovilista en estado de ebriedad se negara a realizar las pruebas de alcoholemia o de sangre, se le considerara en automático que dio positivo. Por lo tanto, incurría en una falta grave. Sin embargo, Diego Monraz Villaseñor, titular de la Secretaría de Vialidad, responde que los legisladores rechazaron ese punto.

“Al negarse a estas dos (pruebas un conductor), en automático se le quitaba el derecho a salir libre bajo fianza y se le consideraba una causa grave, aunado a que en el análisis clínico, desde luego, saliera con grado de alcoholismo”, es lo que solicitaba el Ejecutivo, explicó Monraz Villaseñor.

Tras señalar que los diputados ahora se rasgan las vestiduras después del caso del automovilista que participó en un accidente fatal en la Colonia Providencia (se negó a aplicarse las pruebas y ahora está libre bajo fianza), pidió por segunda ocasión que incluyan este planteamiento en la ley.

El oficio entregado a los legisladores está fechado el 8 de junio de 2010, como resultado de la mesa de trabajo en la Secretaría General de Gobierno. La propuesta era para incluirse en el Código Penal, en el artículo 48.

En estos momentos, recalcó, resulta inexplicable que no se incluyera el punto en la ley y que los legisladores busquen responsables de la “laguna u omisión” que se advirtió formalmente.

“Le advertíamos la importancia de que fuera considerada la negativa como una falta grave. Hoy estamos en esta controversia”.

Argumentó que los elementos de Vialidad no pueden obligar a los automovilistas a realizarse la alcoholemia, tampoco el personal de Ciencias Forenses el examen de sangre.

“A una persona que le aplicamos el alcoholímetro no se le puede obligar a que sople. ¿Cómo haces que una persona sople siete segundos? ¿Usando la fuerza? ¿Le exprimes los pulmones? ¿Lo golpeas? No se puede. En el tema hay estridencia, protagonismo y politización”.

Tras el accidente automovilístico que reveló el vacío en la ley, la semana pasada el diputado Jesús Casillas propuso dos reformas: pidió que si un funcionario público omite los dos exámenes en automovilistas cuando se presente un percance en el que alguna persona pierda la vida, se le sancionará por abuso de autoridad.

También propuso  que aquel ciudadano involucrado en un accidente en el que muera una persona podrá ser sancionado hasta con ocho años de prisión, si se niega a someterse a las pruebas.