Comisión zapopana velará por la atención ciudadana

ZAPOPAN, JALISCO.- El estudio de recursos de revisión en materia urbana para la que fue facultada la Comisión de Desarrollo Urbano de Zapopan, deberá incluir el análisis de la actuación del funcionario que atendió al ciudadano en una primera instancia y, de haber irregularidades, señalarlas en su dictamen.

El ciudadano interpone un recurso de revisión cuando el trámite que buscó en la Dirección de Obras Públicas o la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias fue rechazado, pero esta primera negativa debe estar debidamente fundamentada jurídicamente y en los planes parciales de desarrollo urbano.

Los dictámenes que elaborará la comisión serán presentados ante el pleno del Ayuntamiento para su aprobación o rechazo, por ello se integró como responsabilidad de la comisión apuntar en ellos probables actuaciones irregulares que pudiera llegar a detectar durante el estudio de los casos, como la obstrucción de los trámites de los ciudadanos sin las bases legales correspondientes.

Para el regidor que encabeza la fracción del PRI, César Gabriel Alfaro Anguiano, este aspecto es indispensable para velar por el buen actuar en las dependencias municipales con injerencia en el desarrollo urbano del municipio -en el caso particular de la oficialía mayor, está obligada siempre a respetar estrictamente los planes parciales-:

“Cuando la comisión demuestre que el ciudadano tenía razón y que el servidor público pudo haber actuado con dolo, mala fe o negligencia, se le sancionará, quedamos que en la primera sería una amonestación, como señalan las leyes en la materia; en la segunda es suspensión y en la tercera es despido, porque estaríamos ante un funcionario inepto, malintencionado o corrupto, y cualquiera de las tres causales sería motivo de recisión de contrato”.

El 27 de abril de 2009, cuando el Ayuntamiento de Zapopan aprobó que esa comisión estudiara los recursos de revisión, se hicieron dos adhesiones al acuerdo fundamentales: la primera aportada por el síndico Ricardo Anguiano Apodaca, para garantizar que se sigan los pasos que marca la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado; la segunda, la de Alfaro Anguiano y el PRI. La secretaría general, Teresa Brito Serrano, la plasmó así:

“La determinación de responsabilidad para algún servidor público en relación a la emisión de los dictámenes sujetos a reconsideración será inherente al estudio que en su momento realice el pleno de cada caso en particular, aplicando las sanciones, si es el caso, que al afecto establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos”.

El resultado que se espera de esto, comentó el edil, es que desincentive actuaciones irregulares en las dependencias relacionadas, como si fuera una “espada de Damocles”, dijo, luego de que se han llegado a confirmar procedimientos irregulares en la autorización de usos de suelo, como los registrados en la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias ( EL INFORMADOR 5/5/2009).

De 10 a 15 resoluciones por sesión

Se espera que el pleno del Ayuntamiento de Zapopan tendrá la capacidad de resolver de 10 a 15 recursos de revisión en materia urbana por cada sesión, conforme a los expedientes que le serán turnados por la Comisión de Desarrollo Urbano, según informó el presidente de ésta, Germán Pellegrini Pérez.

Será su comisión la que elaborará los dictámenes concernientes a las reconsideraciones que tramiten los ciudadanos, cuando consideren que la respuesta que les fue emitida en una primera instancia por las dependencias municipales, les causa algún perjuicio o no está fundamentada jurídicamente. En cualquier aspecto, como usos de suelo, densidades, etc.

“Se pretende que haya una instancia para resolver los diferentes proyectos que tenga la sociedad zapopana y valorar si son viables o no, consideramos que será un elemento impulsor de la economía de Zapopan en estos momentos en que ya no nada más está la situación económica global, sino este tema de la influenza que ha provocado una recesión económica”, declaró.
Para Pellegrini Pérez, la diferencia más importante entre este mecanismo de resolución recientemente adoptado, con respecto a lo que hacía la cuestionada Comisión Técnica de Desarrollo Urbano que existió en administraciones anteriores, es que en esta ocasión la determinación final será la del pleno del Ayuntamiento, que es la máxima instancia de Gobierno en el municipio, lo que no sucedía con la segunda.

Debido a que el Código Urbano no integró la disposición que se encontraba la Ley de Desarrollo Urbano en su artículo 114 -bajo el que se fundamentaba los dictámenes que no seguían lo marcado en los planes parciales de desarrollo urbano cuando había discrepancias entre éstos y las condiciones actuales de la zona en cuestión-, Pellegrini Pérez asevera que lo mejor era la intervención del pleno.

“Consideramos que es el mecanismo más adecuado y mejor soportado jurídicamente; la otra alternativa es que se siguiera por parte de las direcciones ejecutivas tomando las decisiones por encima del propio Ayuntamiento y consideramos que eso no es lo mejor”, dijo.

Por ello, el regidor destaca que esta forma de resolución deberá traer transparencia en las determinaciones que se tomen, lo que no existe cuando estas decisiones se ciñen al ámbito interno de las dependencias como la Dirección de Obras Públicas o la Oficialía Mayor de Padrón y Licencias, donde es más complicado rastrear sus reconsideraciones.