GUADALAJARA, JALISCO (31/MAR/2017).- La Secretaría de la Función Pública (SFP) registró en 2016 dos denuncias penales y una inhabilitación por seis meses contra un funcionario del Servicio de Administración Tributaria (SAT), quien el 15 de junio de 2013, tras una revisión, le sustrajo a un pasajero un sobre con 760 dólares.Esta es una de las 225 sanciones que la dependencia impuso a servidores de la administración pública federal en Jalisco por cometer actos de corrupción entre 2006 y 2016.En la base de datos que la SFP entregó como respuesta a una solicitud de transparencia se destacó un evento de 2015 por el que hubo 12 sanciones, entre inhabilitaciones, multas económicas y destituciones, contra trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) porque “se encontró la existencia de faltantes en los ingresos por depositar al banco por un importe de un millón 448 mil 788 pesos”.La SFP resaltó que Miguel V., supervisor de zona, fue castigado por no depositar los ingresos recaudados en los CFE Máticos 11 y 74, los días 8, 9, 13, 14, 15, 17 y 20 de septiembre de 2010.Otro caso señalado en 2012, pero que ocurrió el 3 de marzo de 2009, es el de un empleado de Telecomunicaciones de México (Telecomm) que fue inhabilitado y sancionado económicamente porque en una revisión realizada en la oficina de Tequila se determinó que faltaban 706 mil 806 pesos, cantidad que “habría sido sustraída por el presunto responsable aprovechando su cargo como jefe de oficina”.También se destituyó, inhabilitó y sancionó económicamente en 2008 a un elemento de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) por recibir un cheque sin tener facultades y acreditarlo a su cuenta personal, lo que ocasionó una pérdida de 53 mil 64 pesos.En 2006 se acentuó la suspensión de un trabajador del ISSSTE porque utilizó el fondo revolvente para pagar alimentos de consumo personal y comprar libros. También se agregó el caso de un elemento de la Policía Federal que pidió dinero a un conductor, por lo que fue destituido e inhabilitado.Angélica Cázares, miembro del Departamento de Políticas Públicas del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), acentúa que además de instaurar el Servicio Profesional de Carrera con la puesta en marcha del Sistema Anticorrupción, la SFP también tiene que incluir evaluaciones al desempeño de los trabajadores y cursos de ética y educación cívica.Explica que la Secretaría debe asumir su responsabilidad con las contralorías estatales y municipales en relación a la capacitación y formación de recursos humanos para que los procesos de ingreso, permanencia y promoción de los trabajadores sean permanentes.DENUNCIAN A CUATRO POR IRREGULARIDADES EN SUS PATRIMONIOSLa Secretaría de la Función Pública denunció a cuatro servidores de la administración pública federal al detectar incongruencias en su patrimonio. Descubrió incrementos por montos que van desde un millón 193 mil 515 pesos hasta siete millones 365 mil 491 pesos.Los investigados trabajan en la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Pemex Exploración. La SFP destacó que los involucrados no aclararon el origen lícito de los recursos en relación con sus percepciones salariales.Otro caso que registró recientemente fue la destitución e inhabilitación por 10 años a un servidor público adscrito al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), que incurrió en conflicto de interés y ocasionó un quebranto económico de más de 33 millones de pesos.Esfuerzos infructuososEl Índice de Percepción de la Corrupción de 2016, elaborado por Transparencia Internacional, colocó a México en el lugar 123 de 176 países evaluados. De acuerdo con el estudio “México: Anatomía de la Corrupcion”, el desempeño del país contrasta con los recursos que se han destinado para combatir este problema.Según María Amparo Casar, responsable de la investigación, entre 2004 y 2016 incrementó 94% el presupuesto destinado al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la PGR.“El presupuesto destinado a combatir la corrupción y la impunidad no parece ser la respuesta a la corrupción generalizada. En México se han invertido cada vez más recursos y, sin embargo, tanto la percepción de la corrupción como de la impunidad siguen en aumento”.POSTURA DE COPARMEX JALISCO“Que se sancione a los empresarios corruptos”El nuevo presidente de la Coparmex en Jalisco, Mauro Garza, afirma que la corrupción no es un tema del que se desligue el sector empresarial, por lo tanto debe combatirse desde todos los frentes y no sólo en las dependencias gubernamentales.“Estamos muy conscientes de que, atrás de cada acto de corrupción, existe un funcionario público, pero también existe un empresario, un ciudadano”.Indica que la tramitología es uno de los aspectos que alimentan la corrupción. “Cada vez que existe un trámite existe una oportunidad de un acto de corrupción. En la medida en que podamos hacer los trámites más simples, más transparentes, también podremos reducir la corrupción”.También se debe trabajar para reducir la impunidad y fortalecer el Estado de Derecho. Sin embargo, comenta que si bien las autoridades ya asumieron el compromiso para enfrentar este problema al tomar medidas para instaurar el Sistema Nacional Anticorrupción, los organismos empresariales y la sociedad deben vigilar su correcta implementación.Diputados, sin acuerdos para dar autonomía a fiscalAuque la figura del fiscal anticorrupción ya quedó plasmada en las reformas constitucionales aprobadas el año pasado para la creación del sistema estatal en la materia, las fracciones parlamentarias aún no se ponen de acuerdo sobre si será autónomo o dependerá de la Fiscalía General.“Hoy está en una parte de la reforma constitucional, como una terna que se propone por el Ejecutivo y que el Legislativo escoge, pero habrá que ver lo que venga en una Ley orgánica especial”, reconoció el diputado priista Hugo René Ruiz Esparza.Subrayó que es un tema que se mantiene en debate, “creo que debe tener autonomía técnica y de gestión… y del tema de la autonomía, tenemos que entrarle a un debate, que se refiere a la autonomía de toda la Fiscalía”.Esto lo declaró tras presentar la iniciativa de su bancada priista para la creación de la Ley Anticorrupción, que aún está pendiente por aprobarse en Jalisco.Destacó la propuesta para la creación del Comité Coordinador del Sistema, el Comité de Participación Social y cómo se elegirá a los cinco de este último, así como la correlación que tendrá con Tribunal de lo Administrativo, con la Auditoría Superior, con el fiscal Anticorrupción, entre otros.Por su parte, el coordinador de los emecistas, Ismael del Toro, recordó que cada bancada tiene hasta el 6 de abril para presentar las propuestas, “nos faltaba la ley madre, que es la que estamos presentando”.Subrayó que proponen que se dé con mayor transparencia el nombramiento y la forma de involucrarse de los ciudadanos que conformarán el comité y, en general, se apega a la reforma federal. Añadió que se proyecta que en la segunda sesión de abril se aprueben algunos dictámenes del Sistema, y éste se tenga listo en junio.Los diputados panistas presentaron también su iniciativa de ley en la materia, que habrá de conjuntarse con el resto.LA PARTICIPACÓN SOCIAL ES CLAVELa correcta instalación de la Comisión de Selección y del Comité de Participación Ciudadana es clave para el buen funcionamiento del Sistema Local Anticorrupción, afirmó Alfonso Hernández, director del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, en un foro realizado ayer en esta casa de estudios.La presidenta del Instituto de Transparencia de Jalisco (Itei), Cynthia Cantero, destacó que cuando participó en el Comité Anticorrupción (nacional), los integrantes rechazaron el apoyo ofrecido por el Senado y, en cambio, generaron reglas de operación y decidieron comunicar sus acciones.El director jurídico de la Contraloría estatal, Avelino Bravo, acentuó que el Sistema debe contemplar una renovación de los organismos de control interno de las contralorías y darles facultades para sancionar e investigar, porque actualmente están dispersas en diferentes áreas gubernamentales.Hay claroscuros: IMCOEn la adopción del Sistema Local Anticorrupción, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) puso a Jalisco una calificación de 100 porque sí contempla, a nivel constitucional, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, pero sólo le otorgó 50 puntos al régimen de la Fiscalía del Estado, pues la injerencia del Ejecutivo en el nombramiento del titular, que debe ser ratificada por el Congreso, todavía es importante.Hasta el momento, Fernando Alcázar, investigador del IMCO, subraya que en Jalisco se llevó a cabo una reforma incompleta porque no se tocó al Tribunal Administrativo del Estado (TAE) y tampoco se otorgó autonomía al órgano de fiscalización superior, ni se eliminó el principio de posterioridad en las auditorías ni otorgaron la facultad de investigar faltas administrativas graves y no graves. “Si no se contemplan estos cambios, que son importantes para la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, tendrán una reforma totalmente incompleta. Esto se debe atender a la brevedad”.Resalta que, al igual que Jalisco, Morelos y Veracruz también tienen reformas incompletas. “Las otras dos Entidades que están con las calificaciones de Jalisco y con ese panorama complicado son Morelos y Veracruz, sin tomar en cuenta las otras que no hicieron nada”. Agregó que el IMCO realizará evaluaciones mensuales sobre los avances de los Estados.Al corte de febrero solamente Chiapas y Nayarit son los que tienen todo listo. Jalisco, Morelos y Veracruz tienen reformas incompletasBUENAS PRÁCTICASLos ejemplosAustraliaLa Comisión Independiente contra la Corrupción fue creada por el Gobierno de Nueva Gales del Sur en 1989 por la preocupación de la comunidad sobre la integridad de la administración pública. Algunas de sus funciones son investigar y denunciar la corrupción en el sector público y educar a la comunidad y al sector público sobre sus efectos.ChinaLa Comisión Independiente contra la Corrupción de Hong Kong, establecida en 1974, sirve para investigar denuncias de corrupción, realizar campañas para concientizar a la población y para auditar los sistemas de gestión de los departamentos y agencias gubernamentales desde una perspectiva de combate a la corrupción.KeniaEn 2003 su parlamento promulgó la Ley de Ética de los Funcionarios Públicos, que establece códigos de conducta separados para todos los servidores. Estos instrumentos prohiben la deshonestidad, el conflicto de interés, el tribalismo y el nepotismo en la administración pública. También obliga a los funcionarios a transparentar su patrimonio.LetoniaImplementó una unidad de vigilancia independiente de la policía local para controlar y educar al personal, investigar casos de enriquecimiento ilícito, elaborar guías de acción para los administradores encargados del combate a la corrupción y rediseñar los procesos de negocio para disminuir las oportunidades de la toma de decisiones sin supervisión.FUENTE: Secretaría de la Función Pública.Sigue: #DebateInformador¿De qué forma se puede reforzar el combate a la corrupción en México?Participa en Twitter en el debate del día @informador
