Cárceles de Jalisco pasan evaluación de panzazo

GUADALAJARA, JALISCO (16/ABR/2016).- En el último año empeoró la situación en los centros penitenciarios de Jalisco, pues aunque el Estado sí aprobó, lo hizo de panzazo con una calificación global de 6.9 (en una escala del 0 al 10), de acuerdo con el Diagnóstico Nacional Supervisión de Penitenciaria 2015, publicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

De los cinco rubros evaluados en el semáforo de tendencias, sólo en el de los aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno pasó de color rojo a amarillo; el resto se mantuvo en el indicador amarillo, con una calificación entre seis y ocho puntos; mientras que el rubro de condiciones de gobernabilidad bajó de la escala amarilla a la roja (menos de 5.9 puntos).

En general, el informe revela que la tendencia del Estado se mantiene en la escala amarilla en los últimos dos años, por lo que no hay mejorías. Al revisar la calificación por centro, se observa que el peor evaluado es la Comisaría de Sentenciados del Estado, con un puntaje de 5.96; mientras que los reclusorios de Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán son los mejor evaluados con una calificación de 7.7, respectivamente.

El Centro de Sentenciados es el que más focos rojos acumula pues la CNDH recomienda prestar atención en los cinco rubros evaluados, como las condiciones de sobrepoblación, hacinamiento, supervisión por parte del titular, insuficiencia en los programas para la prevención y atención de incidentes violentos, clasificación entre procesados y sentenciados, entre otros.
 
Las mismas recomendaciones aplican para la Comisaría de Prisión Preventiva de Jalisco, con una calificación de 6.21, y la Comisaría de Reinserción Femenil, con 6.88; además en estos centros detectó que es importante prestar atención a la inexistencia o insuficiencia de instalaciones necesarias para el funcionamiento, a las condiciones materiales e higiene de las instalaciones, así como a la insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y en los procedimientos para la remisión de quejas de violaciones a los derechos humanos.

Además, el informe detecta actividades ilícitas e insuficiencia en los programas para la atención e incidentes violentos en los reclusorios de Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán.

Otro indicador en el que no hay mejorías es en la sobrepoblación, pues las cinco cárceles estatales evaluadas funcionan al doble de su capacidad, es decir, vive el doble de los reclusos que caben: la capacidad total de las prisiones estatales es para siete mil 411 internos y, al momento de la revisión, estaban alojados 16 mil 528, dos mil 46 presos más que los registrados en el diagnóstico de hace dos años.

La sobrepoblación y hacinamiento provocan que no se cumplan aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno y tampoco hay una estancia digna.  Esto a su vez causa deficiencias en servicios para mantener la salud de los internos y en el funcionamiento de la prisión, incluidas las acciones para garantizar el orden, entre otros aspectos.

Sólo las prisiones en Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán se salvan de sobrepoblación. En el primero hay capacidad para mil 512 internos y viven 956, mientras que el penal de Ciudad Guzmán tiene capacidad para mil 138 reclusos y se alojan 892. Los otros tres centros exceden por mucho su capacidad.

Cuestionado por esta problemática, el fiscal Eduardo Almaguer se limitó a responder que trabaja en dos vías: el traslado de internos peligrosos que fueron recluidos por cometer delitos federales, pero que se encuentran en centros estatales (aunque no pudo precisar el número de reos en esta situación) y se hará “un planteamiento muy importante para disminuir la sobrepoblación que tiene el Reclusorio Preventivo y el de Sentenciados”.

CÁRCELES DEL ESTADO
Calificación a la baja

Año	Puntuación del 0 al 10
2010	8.37
2011	7.54
2012	7.22
2013	7.00
2014	6.67
2015	6.90

Calificación por centro

Cárcel	Puntuación del 0 al 10
Comisaría de Sentenciados	5.96
Comisaría de Prisión Preventiva	6.21
Comisaría de Reinserción Femenil	6.88
Inspección del Reclusorio de Puerto Vallarta	7/07/2016
Inspección del Reclusorio de Ciudad Guzmán	7/07/2016

Sobrepoblación por prisión

Cárcel	Capacidad	Población actual
Comisaría de Prisión Preventiva	2,292	7,483
Comisaría de Sentenciados	2,087	6,591
Comisaría de Reinserción Femenil	382	606
Reclusorio de Puerto Vallarta	1,512	956
Reclusorio Zona Sur de Ciudad Guzmán	1,138	892

COMPARATIVO NACIONAL
Calificación de cárceles estatales

Estado	Calificación
Guanajuato	8,02
Aguascalientes	7.75
Baja California	7.42
Chihuahua	7.38
Tlaxcala	7.34
Coahuila	7.20
Querétaro	7,12
Jalisco	6.90
Las cinco peores
Tabasco	5,06
Hidalgo	5,01
Guerrero	4.99
Quintana Roo	4.43
Nayarit	4,11

'LA PASADA ADMINISTRACIÓN ES LA CUMPABLE'
El argumento del fiscal

El fiscal Eduardo Almaguer responde que la pasada administración es la responsable: “En el 2010 se relajó la aplicación del reglamento y del orden… en ese año, la administración anterior permite y tolera la consolidación de un grupo de internos que tratan de someter a otros a reglas propias de ellos”. Por eso criticó la ausencia de revisiones, particularmente en el Preventivo y de Sentenciados. “Hemos solicitado el traslado de reos peligrosos, que están aquí por delitos federales, y que generan que este grupo de internos impongan reglas a otros”.

Añadió que la Fiscalía está realizando las investigaciones para “deslindar responsabilidades de lo que sucedió hace seis años en la gravísima irresponsabilidad y posible comisión de ilícitos al haber relajado las acciones de la autoridad en los centros penitenciarios del Estado”.

Eduardo Almaguer ya ha destacado operativos para decomisar todo tipo de objetos ilegales, pero también acentuó que ya comenzaron con la modernización e incremento en la seguridad de las cárceles estatales. La prioridad es albergar mil reos más en el nuevo Reclusorio Metropolitano, para lo cual tramita un crédito por 40 millones de pesos, aunque la intención es aumentar la inversión para mejorar en todos los puntos evaluados por la CNDH.

Hacinamiento y autogobierno detonan motines sangrientos

La relación entre la muerte y el sistema penitenciario mexicano dejó una huella sangrienta el 22 de diciembre de 1988, día en que un motín dejó 22 muertos.

Un grupo de 50 prisioneros tomó el penal, asesinó al director y tuvo como prisioneros a 12 funcionarios. Los 130 policías que enviaron las autoridades federales se enfrentaron con ellos durante 32 horas: mataron a 18 rebeldes y también rescataron a los adultos y a los niños que estaban encerrados tras haber visitado la cárcel.  

El 17 de mayo de 1991, el penal de Matamoros fue el escenario de la pelea entre dos grupos que buscaban el control. A pesar de que el 14 de mayo el Cabildo de Matamoros había solicitado el desarme del espacio, no hubo respuesta. El pleito dejó 23 muertos.

Otra docena de reclusos murió en un motín ocurrido el 2 de julio de 1996 en la prisión de Los Mochis, Sinaloa.

Pero uno de los motines más largos tuvo lugar en octubre y noviembre de 1999, en la cárcel de Villahermosa, Tabasco. La inundación del penal provocó riñas, intentos de fuga y la muerte de al menos 11 personas.

El 20 de octubre murieron 21 reos en un penal de Reynosa. Sólo cinco víctimas fueron identificadas de inmediato, pues los demás cuerpos fueron apilados y quemados junto con cobijas y colchones.

El 20 de enero de 2010 fallecieron 23 reclusos tras una pelea en un penal cercano a la capital de Durango; el 11 de enero de 2011 murieron 11 reos durante una riña en el penal de Gómez Palacio, en la misma entidad.

El 25 de julio de 2011 murieron 27 presos durante un tiroteo entre dos bandas rivales, en el penal de Ciudad Juárez.

El 15 de octubre de 2011, 20 internos fallecieron durante un motín en el penal de Matamoros. La Policía Federal decomisó armas de fuego y armas blancas.

El 5 de enero de 2012 fallecieron 31 reos en una cárcel de Altamira, Tamaulipas. El 19 de febrero fueron 44 los muertos tras un enfrentamiento entre grupos del crimen organizado por el control del penal de Apodaca, en Nuevo León.

Los siguientes años también registraron muertes tras las rejas, pero la última tragedia fue apenas el 11 de febrero de 2016: murieron 49 reos tras una riña de dos grupos antagónicos en el penal de Topo Chico, en Monterrey.

En todos, el hacinamiento y el autogobierno que imperan en las cárceles son factores comunes que detonan motines sangrientos, principalmente entre bandas rivales.

GUÍA
¿Qué detona la ingobernabilidad?

Lo que hace a una cárcel ingobernable, de acuerdo con el estudio de la CNDH, es que se presenten algunos aspectos como: falta de manual de procedimientos para presentar quejas y para las visitas familiar e íntima; insuficiencia del personal; deficiencias durante el proceso de la imposición de sanciones disciplinarias, así como en el ejercicio de las funciones de autoridad: existen privilegios para algunos internos y hay quienes poseen objetos y sustancias prohibidas.

En una cárcel con rezago en gobernabilidad también se dan cobros por parte de los custodios para protección, por asignación de estancia y plancha para dormir, por visitas y por no cumplir una sanción administrativa; y entre los mismos internos, hay cobros para protección, estancia y por no realizar sus labores de limpieza

HOMICIDIOS Y SUICIDIOS EN 2015
Incidencia

Entidad	Homicidios	Suicidios
Distrito Federal	14	0
Jalisco	7	3
Estado de México	7	5
Tamaulipas	6	1
Sonora	4	1
…
Nacional	52	23

EVALUACIONES EN CEREFESOS EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS POR LA CNDH
Puente Grande, con la peor calificación

El Centro Federal de Readaptación Social Número 2 de Occidente, mejor conocido como Puente Grande, obtuvo la calificación más baja en los últimos cuatro años: 7.3 en una escala del 0 al 10.

El puntaje es el mismo que el alcanzado por el penal del Altiplano, ubicado en Almoloya en el Estado de México, cárcel de máxima seguridad de donde se fugó en julio pasado Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

Además de que Puente Grande disputa el mismo lugar que el Altiplano, el Cefereso 2 empeoró en dos de cinco rubros evaluados: en aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno pasó del color amarillo al rojo en el semáforo de evaluación, lo que significa que Puente Grande reprueba en este concepto que incluye condiciones de hacinamiento, sobrepoblación, insuficiencia en los programas para la prevención y atención de incidentes violentos e insuficiencia en los procedimientos para la remisión de quejas de violaciones a los derechos humanos. Los más graves de la evaluación.

También empeoró en las condiciones de gobernabilidad al pasar del color verde al amarillo. En este rubro, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomienda prestar atención a la insuficiencia de personal y aunque no menciona el número de custodios destaca que el centro tiene capacidad para alojar a mil 40 reclusos, pero en 2015 tenía mil 622.

Aunque en el rubro de reinserción social del interno no hay mejorías y pasó de panzazo (color amarillo en el semáforo), la CNDH sugiere prestar atención a la clasificación entre procesados y sentenciados; a la deficiente integración del expediente técnico-jurídico de cada interno y a las actividades laborales y de capacitación.

El diagnóstico también pone el dedo en el rubro de grupos de internos con requerimientos específicos y evidencia la insuficiencia en los programas para la prevención de adicciones y de desintoxicación voluntaria.

En cambio, el rubro mejor evaluado son los aspectos que garantizan una estancia digna.

PUENTE GRANDE
Cerefeso

Año	Calificación del 0 al 10
2012	7.69
2013	7,7
2014	7.76
2015	7,3
Capacidad	1,040 presos
Población	1,622 presos

Primer lugar en riñas y segundo con más quejas

El diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015 pone al descubierto que el Centro Federal de Readaptación Social de Puente Grande y el Cefereso de Oaxaca son los de mayor incidencia en riñas, con 98 cada uno, seguido por el Centro Federal de Readaptación Número 4 Noroeste, en Nayarit, con 79; las cárceles de Tamaulipas y Veracruz, con 74, respectivamente; mientras que en cuarto lugar aparece el penal del Altiplano, con 69 riñas.

Según el informe de la CNDH, el mes con mayor número de reportes de riñas fue enero, en el horario de 12:01 a 18:00 horas y el lugar donde con mayor frecuencia se suscitaron los hechos fue en las áreas diversas que comprenden las educativas, médicas, cocinas, comedores, talleres, visita íntima y familiar.

El que Puente Grande aparezca en el lugar nacional con mayor incidencia de peleas coincide con las observaciones de la CNDH, que exhortan a las autoridades penitenciarias a poner atención en: la insuficiencia en los programas para la prevención y atención de incidentes violentos; en la falta de personal, y en la clasificación entre procesados y sentenciados.

El informe también revela condiciones de hacinamiento y sobrepoblación: “El día en que se aplicó el diagnóstico se encontraron seis Ceferesos con sobrepoblación; entre ellos el de Jalisco”, que excede su capacidad con 582 reclusos.

Por otra parte y pese a que el informe aplaude una apropiada atención en la supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular, Puente Grande ocupa el segundo lugar en quejas con 111; en primer lugar encabeza la lista el Cefereso de Guanajuato, con 165.

De acuerdo con la CNDH, los principales motivos de la queja son por la atención médica, situación jurídica, tortura o maltrato, reinserción social y reubicación.

Tras la presentación el informe,  Luis Raúl González Pérez, titular de la Comisión, señaló que el informe busca llamar la atención de los problemas que hay al interior de los centros penitenciarios del país.

En 71 prisiones se observó deficiente ejercicio de funciones de autoridad, lo que vulnera la seguridad; en 86 se carece de prevención y atención de incidentes violentos; en 84 no existe prevención de adicciones y desintoxicación; mientras que en 73 prisiones hay áreas de privilegios y presencia de objetos, sustancias prohibidas y de internos ejerciendo el control.

Ante estas irregularidades, la CNDH instó a las autoridades a que se concluya el proceso legislativo y se emita la Ley de Ejecución Penal con un perfil de Derechos Humanos para mejorar las condiciones en las prisiones del país.

LA VOZ DE LOS EXPERTOS

“Estallan las contradicciones”
Guillermo Zepeda Lecuona (investigador del ITESO)

Guillermo Zepeda Lecuona, investigador del ITESO, afirma que en el sistema penitenciario estallan todas las contradicciones. Desde la concepción legislativa, la consideración de los delitos en México, el hecho de que en el 99% de los delitos se considere como sanción principal la prisión y el que la cárcel preventiva sea la medida cautelar más frecuente.

Abunda en los problemas: “Desde el diseño legislativo, desde los incentivos de las instituciones de justicia, donde muchas veces es bien visto que un Ministerio Público consigne ante el juez la mayoría de los casos, el poco desarrollo de la justicia alternativa y que en el propio Poder Judicial hay mucha presión social para que se hagan autos de formal prisión y sentencias condenatorias”.

Aseguró que la reinserción no funciona, pues las altas tasas de reincidencia demuestran el fracaso del sistema.

“Las cifras más recientes nos indican que, a nivel nacional, tenemos una ocupación penitenciaria del 134%, pero es sólo un promedio. Justo acabamos de hacer un estudio en el que se demuestra que en seis prisiones (el 1.5% de los centros penitenciarios del país) se concentra 20% de los internos: 49 mil están ahí. Esto quiere decir que estamos en momentos muy críticos”.

Juicios orales, un respiro
Francisco Jiménez Reynoso (académico de la UdeG)

Para Francisco Jiménez Reynoso, miembro del Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), el nuevo sistema de juicios orales ayudaría a reducir la sobrepoblación que hay en las cárceles mexicanas, pues su aplicación permitiría que sean liberadas las personas que están tras las rejas luego de cometer un delito no grave.

El experto detalla que hace 10 años se llevó a cabo una reforma constitucional en la cual se cambió el concepto de readaptación por el de reinserción. El experto señala que esa legislación no ha funcionado por la falta de interés de los gobiernos de todos los partidos políticos, cuya corrupción ha permitido el hacinamiento y el autogobierno.

“Pareciera que es algo sencillo, pero no. El alcance de la reinserción va más allá. El concepto quiere decir que el sujeto, después de haber sido atendido y capacitado por el Estado, tiene que salir adaptado a la sociedad para que pueda laborar, ser autosuficiente y servir a los demás”.

Añade que desde la década de los 70 del siglo pasado, el sistema penitenciario no ha podido solventar problemas como la falta de custodia y la readaptación de los presos.

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