El presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, habló sobre el "Marco jurídico nacional sobre personas migrantes" y explicó la obligación constitucional que tienen los servidores públicos, sin importar su rango, para promover y defender los derechos humanos de cualquier persona en México, incluyendo migrantes o de paso por el territorio nacional.Estas primeras jornadas de capacitación son una respuesta a la sensibilidad mostrada por la Secretaría General de Gobierno respecto al tema de la divulgación de la cultura de los derechos humanos, este grupo vulnerable, explicó.Dijo a los asistentes que Jalisco no es el estado con mayor incidencia en violaciones de derechos de los migrantes; sin embargo, el fenómeno está presente en la entidad y por tanto, las autoridades deben abordarlo con una visión de respeto de los derechos.Refirió que la CEDHJ recientemente dio a conocer a través de su Diagnóstico la situación que enfrentan miles de migrantes que anualmente transitan de sur a norte el territorio mexicano en busca de un mejor sustento para sus familias, lo que sin duda alguna no es un delito.Añadió que más de 50 por ciento de estos migrantes, procedentes principalmente de Centroamérica, han sido víctimas de algún delito no solo por parte de miembros del crimen, sino de alguna autoridad municipal, estatal o federal, además de los riesgos y sufrimientos propios que implica el desplazamiento a lo largo de la vía férrea.Respecto a la normativa, expuso la importancia y trascendencia de la reforma constitucional de junio de 2011, que impone nuevas obligaciones a los servidores públicos para que promuevan, observen, defiendan y garanticen los derechos humanos; en su caso, reparar daños los causados.Recordó a los asistentes que el respeto de los derechos humanos es uno de los principios que rigen a las instituciones incorporadas al Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que los invitó a capacitarse en esta materia y de esta forma prevenir violaciones. Muchos servidores públicos incurrieron en actos violatorios por acción u omisión, por el desconocimiento del tema.A favor de migrantes existen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados internacionales, la Ley General de Víctimas, la Ley de Migración y además debe ser aplicado el principio pro persona, que garantiza la protección de los derechos de las personas, por encima de las facultades y deberes de los servidores públicos, añadió.Los policías de varios municipios, de la Fiscalía General del Estado, de la Comisaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Movilidad, de la Policía Preventiva y del Instituto Nacional de Migración también escucharon ponencias del personal de esta Comisión sobre "Derecho internacional de derechos humanos de las personas", "Diversos medios de garantía y control para la efectiva protección de los derechos humanos de las personas migrantes".
