Alcalde de Tlajomulco acepta recomendación por tortura

GUADALAJARA, JALISCO.- Como resultado de la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco ( CEDHJ) en días pasados, el presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Antonio Tatengo Ureña, aceptó en su totalidad la petición para iniciar sendos procedimientos administrativos y las investigaciones conducentes, contra los policías José Luis Domínguez Ramírez y Armando Tapia de la Cruz, pues la institución acreditó que ambos participaron en la tortura de dos detenidos.

Los hechos ocurrieron, sin embargo, en mayo de 2006, cuando Tatengo Ureña no era todavía presidente municipal –ocupaba entonces el cargo el también miembro del Partido Acción Nacional, Andrés Zermeño Barba–.

De acuerdo con la queja investigada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, un hombre y una mujer fueron detenidos por dos policías municipales que los pusieron a disposición del agente del Ministerio Público por el delito de robo de vehículo.

Igual en la indagatoria que en la detención, los detenidos fueron golpeados. Al varón le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza con la finalidad de presionarlo para que se inculpara. Como método de tortura utilizaron agresiones físicas y psicológicas.

La mujer detenida declaró después que al ser aprehendida, un policía la agredió físicamente y la subió a la patrulla para llevarla a los separos, donde la atendió una doctora que, al ver la gravedad de las lesiones, llamó a los Servicios Médicos Municipales.

Encima, dos días después la trasladaron a la calle 14, a la sede de la Procuraduría estatal de Justicia, donde la presionaron y golpearon nuevamente para que aceptara su participación en varios robos, hasta que finalmente le ocasionaron una hemorragia; la mujer debió ser internada en la Cruz Verde y posteriormente en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara, donde la atendieron durante aproximadamente cinco horas; después la llevaron al antiguo Hospital Civil.

Hasta la fecha, la CEDHJ no ha notificado si el procurador estatal, Tomás Coronado Olmos, admite lo que se solicitó como parte de la misma recomendación.

EL INFORMADOR / Jorge Octavio Navarro